La diplomacia, en su afán por vestir de virtud los compromisos más espinosos, suele recurrir a la bruma de los eufemismos. El acuerdo alcanzado el pasado día 11 entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, presentado con fanfarria como un «hito histórico», no resiste el escrutinio de un análisis riguroso. Lejos de ser el triunfo que el Gobierno de Pedro Sánchez proclama, este pacto –cuyo texto íntegro no se ha hecho público aún– revela una sucesión de cesiones estratégicas que consolidan el statu quo británico, perpetúan la dependencia económica del campo de Gibraltar y posterga, una vez más, la irrenunciable reivindicación de soberanía sobre el Peñón. En el vital tablero geopolítico del Estrecho, España ha jugado una partida timorata, y el resultado es una oportunidad histórica dilapidada.

La soberanía, un fantasma silenciado

El corazón de la crítica a este acuerdo late en su estudiada ambigüedad sobre la soberanía de Gibraltar, una ambigüedad que, lejos de ser neutral, inclina la balanza hacia los intereses británicos y gibraltareños. El Reino Unido, con su proverbial astucia diplomática, ha logrado que el pacto no mencione explícitamente la soberanía, mientras que la integración de facto de Gibraltar en el espacio Schengen y la futura unión aduanera con la UE –impulsada, paradójicamente, por España– funcionan como un reconocimiento tácito de su estatus como territorio británico. Este silencio calculado no es una victoria diplomática, sino una claudicación implícita.

La presencia de agentes españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, vendida por el Ejecutivo español como un avance simbólico, es en realidad una humillación mal disimulada. Estos agentes operarán en un modelo de control dual donde las autoridades gibraltareñas conservan el dominio sobre la inmigración y la seguridad interna. Comparar este arreglo con los controles franceses en la estación de St. Pancras, como han hecho algunos, es un ejercicio de autoengaño: en Londres no hay una disputa de soberanía; en Gibraltar, sí. España, al aceptar este esquema, no solo renuncia a ejercer un control efectivo en un territorio que reclama, sino que legitima la autoridad gibraltareña en un acto que roza la subordinación. Lejos de fortalecer su posición negociadora, el Gobierno ha firmado una cláusula de resignación que debilita la reclamación histórica de España.

El Campo de Gibraltar: entre la dependencia y la colonización económica

El acuerdo da prioridad, con una celeridad sospechosa, a la fluidez económica sobre la justicia estructural, perpetuando las asimetrías que han convertido al Campo de Gibraltar en un apéndice del Peñón. La eliminación de la Verja y la libre circulación de personas y mercancías, presentadas como un bálsamo para los 15.000 trabajadores transfronterizos (10.000 de ellos españoles), no resuelven el problema de fondo: una región asfixiada por un desempleo crónico del 30% y una dependencia económica estructural de Gibraltar. El «mecanismo financiero» prometido para el Campo de Gibraltar, vaguedad sin sustancia ni cifras concretas, es poco más que una limosna simbólica que elude la necesidad urgente de diversificar la economía comarcal.

Peor aún, el acuerdo legitima las opacas prácticas económicas del Peñón, un enclave que alberga entre 60.000 y 70.000 empresas offshore y que, según estimaciones, genera un impacto fiscal negativo en España de cientos de millones de euros anuales. La supuesta «armonización fiscal» carece de mecanismos de control robustos, permitiendo que Gibraltar persista como un paraíso fiscal de facto. Esta laxitud no solo perpetúa la competencia desleal, sino que refuerza lo que algunos han llamado, con crudeza, pero no sin razón, la «mafia gibraltareña»: un entramado de intereses que prospera a expensas de la economía andaluza. En lugar de empoderar al Campo de Gibraltar para que alcance autonomía y dignidad económica, el Gobierno de Sánchez lo condena a seguir siendo un satélite del Peñón, en una forma de colonización económica que debería avergonzar a cualquier gobierno que se precie de defender los intereses nacionales.

La presencia militar británica: una espina estratégica

Si hay un aspecto del acuerdo que clama al cielo por su gravedad, es la garantía explícita de que no compromete la autonomía operativa de las instalaciones militares británicas en Gibraltar.

Este punto no es menor: el Peñón de Gibraltar no es solo un enclave económico, sino una base militar y de inteligencia desde la que el Reino Unido proyecta su poder en el Estrecho de Gibraltar, una arteria estratégica de primer orden. Al aceptar sin restricciones esta presencia, España renuncia a cualquier capacidad de influencia sobre una zona vital para su seguridad y defensa, subordinando sus intereses a la agenda militar británica.

En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas globales, con el Estrecho como nodo crítico para el comercio y la seguridad, esta cesión es inexplicable. Gibraltar no es una base militar cualquiera; es un puesto de vigilancia que permite al Reino Unido monitorear y, en caso necesario, condicionar los movimientos en una región de interés estratégico para España. Al no exigir contrapartidas –como un mayor control español sobre las actividades militares–, el Gobierno español ha comprometido la soberanía nacional y ha enviado un mensaje de debilidad que resonará en Londres y más allá.

Una oportunidad desperdiciada, un precedente peligroso

El Brexit ofreció a España una ventana histórica para replantear el estatus de Gibraltar desde una posición de fuerza. La dependencia del Peñón de la UE y de España para su viabilidad económica y social –el 96 por ciento de los gibraltareños votaron por permanecer en la Unión Europea– otorgaba a Madrid una ventaja negociadora sin precedentes. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han optado por un «pragmatismo» que, en la práctica, se traduce en una rendición diplomática. En lugar de presionar por un acuerdo que avanzara hacia la recuperación de la soberanía, han suscrito un pacto que consolida la ocupación británica y perpetúa las desigualdades económicas.

Para la Unión Europea, este acuerdo puede parecer un éxito técnico al cerrar el último capítulo del Brexit tras el pacto de Irlanda del Norte en 2023. Sin embargo, el modelo de controles duales y la ambigüedad sobre la soberanía sientan un precedente inquietante. ¿Qué ocurrirá en futuras disputas territoriales dentro o fuera de la UE? Al priorizar la estabilidad a corto plazo, Bruselas ha debilitado su autoridad para mediar en conflictos similares, dejando un legado de soluciones parcheadas que podrían volverse en su contra.

La diplomacia del autoengaño

El acuerdo sobre Gibraltar es una obra maestra de la astucia británica y gibraltareña, que han sabido explotar la falta de visión estratégica de un Gobierno español más preocupado por los titulares que por los intereses nacionales. Se nos ha vendido como un logro un pacto que afianza la presencia británica, perpetúa la dependencia andaluza y compromete la seguridad de España en el Estrecho. Lejos de ser histórico, este acuerdo pasará a los anales como una oportunidad perdida, un ejercicio de diplomacia opaca que ha sacrificado la dignidad y los intereses de España en el altar del pragmatismo mal entendido.

El acuerdo genera muchos interrogantes. Unos muy altos funcionarios españoles en las Instituciones europeas me hacen llegar algunas de las dudas más acuciantes de carácter operativo:

• 1. Se tiene que explicar cómo se regulan los controles conjuntos.

• 2. Se dice que cualquiera de las dos policías puede denegar la entrada, pero ¿quién hace el control en primera y segunda línea?

• 3. ¿Qué Policía se hace cargo del viajero rechazado?

• 4. ¿Dónde interviene la Policía española, lo hace de uniforme, de paisano? 5. ¿Cuál de las policías expulsa? Estas son solo algunas de las docenas de dudas que compañeros diplomáticos, funcionarios europeos y policías me han transmitido.

El problema viene de lejos y quizás el punto más negro hasta hoy fue darle interlocución y reconocimiento institucional al ministro principal de la colonia, que no debería ser considerado más que una autoridad local elegida.

El acuerdo plantea más dudas que certidumbres, más preguntas que respuestas y sienta un peligroso antecedente, debilitando seriamente, y quizás sin remedio, nuestra reivindicación de la soberanía de la colonia.