El Gobierno echa el freno a su agenda legislativa

El Gobierno se apresuró a zanjar los puntos más sensibles de su agenda legislativa en 2022 para que 2023 se convierta en un año centrado en reivindicar sus leyes ya aprobadas y sus datos económicos, que considera buenos. Tanto PSOE como Podemos dan prácticamente por cerrada la parte más sustancial de la actividad legislativa porque el contexto electoral va a hacer muy difícil los acuerdos. Transcurrido prácticamente un mes y medio desde entonces, Moncloa parece confirmar que 2023 va a ser un año más o menos «desierto» legislativamente y se va a centrar en el carrusel electoral que viene.

El propio plan normativo que presentó el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hace unas semanas, ya pone cifras: se prevé la aprobación de 36 leyes (tres orgánicas y 33 ordinarias), unos números muy bajos comparados con 2022, cuando se programaron 92 leyes. El propio plan ya reseña que este es un año marcado por el parón electoral de mayo y el final de la legislatura a finales de 2023, circunstancia que va a condicionar mucho el porvenir legislativo. También cabe decir que, más allá del plan normativo elaborado en la sede del Poder Ejecutivo, en el Congreso siguen pendientes de aprobación definitiva casi medio centenar de proyectos de ley (algunos de ellos ya están en el sprint final): se han aprobado 77 de los 144.

Entre los proyectos de ley que quedan por recibir el plácet definitivo del Congreso están la ley de vivienda, que, según a quién se consulte, parece que está más o menos avanzada. Para los partidos de Gobierno, la norma podría estar lista muy pronto, mientras que voces de los aliados parlamentarios alejan ese escenario porque consideran que queda todavía por negociar.

La ley de vivienda es, junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley «mordaza», según sus detractores), las dos normas más icónicas que quedan para la izquierda. La Ley «mordaza», sin embargo, concita menos optimismo y voces de uno y otro lado tienen muchas dudas de que pueda salir adelante: las posiciones están muy enconadas porque ERC y Bildu no quieren prestar sus apoyos si no se modifican cuatro preceptos que el PSOE se niega a asumir. Socialistas y PNV apelan al pragmatismo de sus aliados y reclaman que se conformen con los cambios que ya se han introducido para poder aprobarla.

Además de estas dos leyes, sí quedan otras leyes todavía por dirimir con una importante carga política, aunque, de momento, parecen atascadas en el trámite parlamentario: está la ley «Darias», que ha generado diferencias entre PSOE y Podemos sobre qué límites fijar para la privatización de servicios sanitarios; y, está la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que tiene dos enmiendas del PSOE para habilitar el desalojo «exprés» de los «okupas», aunque su aprobación está en el aire por las diferencias entre socios de Gobierno. También está la segunda parte de la reforma de las pensiones, que sigue bloqueada en el Consejo de Ministros por la falta de apoyos que está teniendo el ministro José Luis Escrivá tanto de sus socios de Podemos como de los aliados parlamentarios y los agentes sociales.

Del plan normativo, de las 36 leyes que quedan por salir del Consejo de Ministros, destacan también la ley contra la trata, una norma impulsada por el Ministerio de Justicia, aunque cuenta con el Ministerio de Igualdad como coproponente. Tanto Justicia (Pilar Llop) como Igualdad (Irene Montero) han dado muestras en los últimos días de sus diferencias con la ley del «solo sí es sí», por lo que se antoja una norma que también puede tener muchas dificultades para prosperar. Además, es una temática que ya ha ocasionado diferencias entre PSOE y Podemos porque los socialistas han impulsado una ley en solitario contra el proxenetismo, que han salvado gracias al PP (todavía está pendiente de la fase final de la tramitación). En todo caso, la nueva norma contra la trata es mucho más amplia ya que «es una ley integral con toda clase de medidas para todas las tratas, no sólo la de explotación sexual». En cambio, la proposición de ley contra el proxenetismo es solamente una reforma del Código Penal.

Quedan, por tanto, algunas leyes espinosas para la coalición y el PSOE parece más interesado en evitar el ruido que genera cada negociación, que suele ser fuente de conflicto y desgaste. En este sentido, Moncloa muestra síntomas evidentes de que se bate en retirada a nivel legislativo echando el freno a otras leyes con las que se había comprometido: la más palmaria es la reforma del control judicial del CNI, prometida al independentismo tras el revuelo generado por «Pegasus», pero no aparece en el plan normativo. Sí se refleja la ley de Información Clasificada, pero, a tenor de lo que ha dejado entrever el ministro Félix Bolaños, parece también descartada. Tampoco la reforma de la Ley de Seguridad Nacional parece que vaya a ver la luz esta legislatura pese a que es muy sensible en los tiempos que corren, con una experiencia pandémica y una guerra a las puertas de Europa.

Además de estas leyes, están las iniciativas parlamentarias «accidentales» que puedan ir apareciendo a lo largo del año: los decretos que pueda aprobar el Gobierno ante el contexto incierto en el que nos encontramos con la guerra de Ucrania; o la reforma del «solo sí es sí» por los «efectos indeseados» que ha generado, con una rebaja de penas a agresores sexuales, aunque también se antoja como un culebrón.