El Ejecutivo denuncia al Gobierno de Ayuso ante el TSJ de Madrid por el registro de objetores frente al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que su gabinete ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito el presidente del Gobierno en X.

La Ministerio de Sanidad ha exigido a las comunidades autónomas que elaboren un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tal como contempla la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 y su desarrollo normativo de 2023.

La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, asegura que no presentará dicho registro al considerar que constituye una “lista negra” de profesionales, y ha emplazado al recurso judicial como vía para resolver la cuestión.

La reforma de la Ley del Aborto y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial fijan que todas las comunidades deben disponer de ese listado interno —no público— para garantizar que siempre haya equipos disponibles que puedan atender la prestación. Sanidad sostiene que sin ese instrumento es imposible planificar recursos y que se pone en riesgo el acceso efectivo al derecho. Tras expirar el plazo marcado, el ministerio anunció un recurso contencioso-administrativo contra Madrid por “insumisión legal”.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha defendido que no señalarán a profesionales “que practican o no practican abortos” y ha invitado al Gobierno a acudir a los tribunales. La posición madrileña ha generado críticas porque la propia comunidad sí mantiene un registro similar en el ámbito de la eutanasia, lo que para otros actores evidencia una contradicción.

El conflicto tiene implicaciones jurídicas, sanitarias y políticas. Jurídicas, por el posible incumplimiento de una ley estatal y del protocolo común del Sistema Nacional de Salud. Sanitarias, porque la falta de registro puede dificultar la organización de equipos no objetores y, por tanto, el acceso real a la IVE. Y políticas, porque se convierte en un nuevo frente entre Moncloa y el Gobierno de Ayuso, aislado incluso dentro del PP, cuyas otras autonomías han aceptado implantar el registro.