El Gobierno utilizó la Ley de Secretos Oficiales para evitar dar datos del caso Koldo

El Gobierno piensa eliminar la herramienta que más ha utilizado en los últimos tiempos para no proporcionar información al resto de grupos del Congreso de los Diputados. Desde el caso Koldo hasta los trayectos del Falcon. Las preguntas parlamentarias se grababan y el Ejecutivo mencionaba la Ley de Secretos Oficiales para no ofrecer los datos solicitados. Una situación que ahora puede cambiar.

La Ley de Información Clasificada lleva vigente desde 1968 y su posible modificación fue puesta sobre la mesa por Aitor Esteban durante su última comparecencia parlamentaria. Esta normativa que viene desde la dictadura de Francisco Franco solo tuvo una pequeña modificación en 1978. A pesar de venir desde la época franquista el Gobierno no ha titubeado a la hora de usarla.

LA RAZÓN ha tenido conocimiento de dos ejemplos en los que ha sido empleado por el Ejecutivo. Uno de ellos es en referencia al caso Koldo y se remonta al 28 de octubre del año pasado cuando varios diputados de Vox pidieron información sobre los agentes que presuntamente habrían colaborado en la trama. Unos funcionarios que actuarían bajo las órdenes del comandante Rubén Villalba.

"Cabe señalar que la identidad de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no solo está protegida por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, como cualquier ciudadano, sino que, en su condición de agentes de la Guardia Civil, se encuentran afectados por la regulación en materia de secretos oficiales; en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley", defendía el formal escrito publicado por los responsables de Interior.

Falcon, Koldo o Ábalos

Esta cuestión no ha sido la única que no contó con la respuesta de Pedro Sánchez. Esta herramienta también se empleó cuando Ana Belén Vázquez y Macarena Montesinos, del Partido Popular, preguntaron al área de Marlaska porqué presuntamente otorgó matrículas reservadas para el vehículo particular del asesor del exministro José Luis Ábalos.

Las diputadas también pedían conocer el "número de asesores de ministros que tienen matrículas reservadas para sus vehículos particulares, y previsiones acerca de abrir una investigación por los posibles tratos de favor de policías y guardias civiles al exasesor Koldo García". La barrera para obtener esta información fue de nuevo la Ley de Secretos Oficiales.

Esta investigación judicial no ha sido la única cuestión que ha servido de escudo para no proporcionar datos. Pedro Sánchez hizo uso de la misma para no informar sobre los vuelos del Falcon para ir al Festival Internacional de Benicasim o para volver de Nueva York.

La normativa franquista también sirvió para ocultar si Puigdemont había tenido algún tipo de escoltas. El PP requirió esta información pero el Ejecutivo se parapetó en esta ley para no proporcionarla.

La nueva Ley de Secretos Oficiales

No tendrá fácil un camino fácil el proyecto que pretende implantar el Gobierno de Sánchez. Hazte Oír ha presentado ya una denuncia de la misma ante la Unión Europea. Pese a las urgencias de los socios del Gobierno y aunque la ley fuese modificada antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la resolución prometida por el PSOE no llegará hasta después del descanso vacacional con el que se ha cesado la actividad parlamentaria.

Sin cambiar la propuesta de Félix Bolaños, existirán cuatro categorías dependientes del Ejecutivo para valorar la liberación de la información. Los secretos con una menor relevancia se encuadrarán en las dos primeras categorías, confidencial y restringido con una antigüedad máxima de 9 años. De manera ascendente se contarán con las categorías de secreto, con 35 años y una posible prórroga de 10 años y la especialidad de alto secreto, reservada para la información reservada que se podrá alargar hasta los 60 años, que se utilizará para los documentos con un mayor impacto en la opinión pública. Esta última categoría aumenta 10 años respecto al borrador del año 2022.

Una de las novedades en la desclasificación de la información radica en que tendrá un carácter retroactivo. Siempre que no existan razones de peso, los documentos que datan de la enmienda anterior serán publicados transcurridos 45 años, en adelante, desde su fecha original. No habrá que contar el tiempo desde la entrada en vigor de la nueva ley en el BOE. Los únicos elementos que el Gobierno no podrá archivar son los relativos a los que atañen violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Las multas para las personas que aporten información clasificada sin una autorización previa, se han rebajado y marchan desde los 30.000 hasta los 2,5 millones de euros para las infracciones extremadamente graves. Según Bolaños, esta última categoría será muy excepcional.