Revelación de secretos
El juez cita a declarar a la fiscal superior de Madrid por la filtración sobre el novio de Ayuso
Almudena Lastra tendrá que aclarar si García Ortiz le ordenó difundir el polémico comunicado
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid Francisco José Goyena, que instruye la querella por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, ha citado el próximo jueves a declarar como testigo a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en relación a la nota que difundió el Ministerio Público revelando las negociaciones con la defensa del empresario para cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal. Ese mismo día, comparecerá ante el instructor el responsable del gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
Goyena intenta esclarecer de quién partió la orden de difundir ese comunicado y si la publicación de la nota fue iniciativa de la máxima responsable de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid o, por el contrario, como se ha apuntado, Lastra se limitó a cumplir órdenes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tras la polémica asumió la responsabilidad última de esa decisión.
De hecho, el magistrado ya apremió a la Fiscalía a precisarle "quién o quiénes fueron las personas físicas concretar que procedieron a la redacción de dicho comunicado" y las que intervinieron "en la decisión de hacer público" el mismo, así como "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido". Las testificales ahora acordada apuntan precisamente a esa línea de investigación.
El instructor reclamó también al Ministerio Público "todas las comunicaciones" mantenidas por la Fiscalía con el abogado del empresario "antes y después de hacerse público el comunicado", y que identificase qué personas dispusieron de una copia de esos correos electrónicos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso.
Ese comunicado desgranaba las conversaciones para cerrar un posible acuerdo de conformidad a cambio de que la pareja de Ayuso reconociese los dos delitos fiscales que le atribuyen por haber defraudado supuestamente 350.000 euros a través de una empresa fantasma para pagar menos a Hacienda. Recientemente, tanto González Amador como el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ratificaron en el TSJ de Madrid sus respectivas denuncias.
En contra del criterio de la Fiscalía, el TSJ de Madrid avaló la instrucción al considerar "prematuro" descartar de plano la investigación de los hechos. La denuncia ha generado controversia en el seno de la fiscalía desde un primer momento, puesto que la fiscal inicialmente asignada al caso, María de la O Silva, se negó a pedir el archivo, como le ordenó la "número dos" de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, que forzó el pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala, que por estrecho margen se posicionó a favor de la inadmisión de la querella. Pero trece de los 32 fiscales de la Junta dejaron claro que la polémica nota quebró "la posición de presunción de inocencia" del empresario al incluir "una declaración pública de culpabilidad que es siempre confidencial".
El TSJ concluyó no obstante que debía esclarecerse "si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales, y por tanto reservadas, y así mismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante" al difundir esas negociaciones reservadas para intentar cerrar un acuerdo de conformidad, vulnerando "el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales".
Pero el fiscal general insiste en que se decidió difundir el comunicado ante las "informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios" en relación a un supuesto ofrecimiento de pacto por parte de la Fiscalía a González Amador
En su denuncia, el abogado de González Amador sostiene que "nadie duda" de que si el empresario "hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona", y no con Isabel Díaz Ayuso, "jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos" denunciados.
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