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Tribunales

Peinado interrogará al letrado de la UCM que alertó de una posible apropiación indebida de Begoña Gómez

El juez cita a declarar al director de la asesoría jurídica de la Complutense, que se quejó de la falta de colaboración de la esposa de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, junto a su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Zapata / Efe

El juez del "caso Begoña Gómez" interrogará como testigo el próximo 18 de noviembre al director de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gabriel Ramón Navarro, que alertó el pasado julio al magistrado de una posible apropiación indebida por parte de la esposa de Pedro Sánchez al registrar a su nombre el software desarrollado en el marco del máster de Transformación Social Competitiva que codirigía. De esta forma, Juan Carlos Peinado da un paso más hacia una ampliación de la investigación -que se añadiría a la que mantiene abierta por tráfico de influencias y corrupción en los negocios-. Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene pendiente pronunciarse sobre la querella presentada por una de las acusaciones populares, Hazte Oír, que le instó a investigar también por apropiación indebida a la esposa del jefe del Ejecutivo en relación a estos mismos hechos. Aunque inicialmente Peinado descartó asumir esa investigación al desvincularla del procedimiento que instruye, la Audiencia Provincial de Madrid sí apreció el pasado septiembre esa conexidad y le apremió a pronunciarse sobre la denuncia. Algo que el magistrado podría resolver tras escuchar el testimonio de Navarro, que en ese informe se quejaba también de la "falta de cooperación" de Begoña Gómez y trasladaba al juez que sin una actuación judicial la UCM no contaba con los medios necesarios para determinar si efectivamente los intereses de la universidad resultaron perjudicados.

En ese dictamen, Navarro planteaba la posibilidad de que se hubiese producido por parte de Begoña Gómez de una apropiación indebida de los derechos de propiedad del software -una herramienta para que las empresas constatasen el cumplimiento de los objetivos de la Agencia 2030 respecto a la transformación social competitiva-, en cuyo caso se habrían "causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria".

El informe detallaba que la universidad gastó un total de 102.848 euros en el desarrollo de "determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad" vinculados a esa "plataforma o software". En primer lugar, 24.200 euros que se abonaron a Making Science Group por el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Otros 18.148,79 euros se abonaron para servicios de "consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva", una factura que fue firmada por la propia Begoña Gómez. Y, por último, 60.500 euros más se destinaron a "asistencia y asesoría técnica y tecnológica" para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa.

Tras pedir a Begoña Gómez información sobre esos contratos -ponía de manifiesto Navarro- la esposa de Pedro Sánchez remitió un correo electrónico asegurando que estaba "reuniendo la información", aunque tres semanas después la UCM no había recibido "el contenido esperado", lo que llevó a la UCM a encargar una auditoría interna y a convocar a la responsable de la cátedra a una Comisión Mixta de Seguimiento que, tras aplazarse el 24 de junio se celebró finalmente el 4 de julio con asistencia de Begoña Gómez.

Pero con esos mimbres, el letrado de la UCM trasladó al juez Peinado que no eran capaces de "alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio", sobre todo "por la falta de colaboración de determinados intervinientes".

En la querella sobre la que tiene que pronunciarse ahora el magistrado, Hazte Oír atribuye a Gómez delitos de apropiación indebida, malversación, administración desleal e intrusismo profesional. Si es admitida a trámite, Begoña Gómez puede enfrentarse a una tercera citación para declarar como investigada en los juzgados de Plaza de Castilla.

El mismo 18 de noviembre deben comparecer ante el juez Peinado el exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes –a quien la responsable de Personal del Instituto de Empresa (IE) señaló como la persona que le ordenó contratar a la esposa de Pedro Sánchez– y una empleada de la institución, Adriana Ángel. En agosto de 2018, el IE contrató a Begoña Gómez como directora del Africa Center, un proyecto para promover la educación y el emprendimiento en el continente africano.

Respecto al posible tráfico de influencias, en la designación de Begoña Gómez como codirectora del máster, la propia UCM explicó en la documentación remitida al juzgado que para tomar la decisión tuvo en cuenta su "formación en el impacto social y la transformación social competitiva" y su "acreditada experiencia profesional" tanto en "coordinación de formación en masters propios" como en "estudios de formación permanente en materias vinculadas con el mismo objeto".

Asimismo, la universidad asegura que valoró que en otro máster que codirigió, sobre captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, en el que participó desde 2014, sus alumnos la valoraron "con la máxima nota" en las evaluaciones de calidad que se realizan cada año.

Según informó a Peinado la Complutense, Begoña Gómez no cobró ningún salario como directora de la cátedra, pues no existía con la universidad relación laboral alguna, aunque sí percibió "una retribución por colaborar en diversas labores relacionadas con títulos de formación continua" (clases y como codirectora de ambos másteres), por las que ingresó en total 39.188 euros desde el curso 2014/2015.

El instructor mantiene imputado en esta causa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que explicó en su declaración que Begoña Gómez le citó en el Palacio de la Moncloa para proponerle la creación de la cátedra que finalmente acabaría dirigiendo. Pero según su versión dejó en manos del vicerrector Juan Carlos Doadrio la constitución de la misma. Goyache negó irregularidades y defendió que se decidió ponerla al frente de esa cátedra por su currículum.