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La jueza pidió datos "urgentes" al Congreso al publicarse que "Tito Berni" había renunciado a su escaño

Reconstrucción de cómo estalló el "caso Mediador" cuando el exdiputado del PSOE todavía no se sabía investigado

La mañana de febrero en la que estalla el ahora bautizado como ‘caso Mediador’, Bernardo Fuentes Curbelo seguía ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife no pudo ordenar su detención por su condición de aforado, pero solo un día después cuando los medios de comunicación publicaron su renuncia al acta de diputado, remitió un escrito a la Cámara Baja para conocer si esto era cierto. Hasta ese momento la investigación que había revelado el apodo de ‘Tito Berni’ lo mantenía como uno de los cabecillas de la trama de corrupción, pero no había podido profundizar ni en sus cuentas ni en su patrimonio. Una vez dejado su cargo en la política, la jueza ha ordenado una “investigación exhaustiva” sobre él.

En realidad el ‘caso Medidor’ nació bajo otro nombre. Según un informe policial que consta en la causa, la operación se denominó ‘Sala Trece-Tesón’ y se articuló como una operación conjunta entre el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Ambos cuerpos organizaron un amplio dispositivo que por el elevado número de personas que iban a detener necesitaban conseguir la “máxima eficacia”. En este documento constan un total de once personas, entre empresarios canarios y madrileños, además del conocido como mediador, Antonio Navarro Tacoronte; políticos como el exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes; y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Fuentes Curbelo no aparece.

Desde que el móvil de Navarro Tacoronte fuera analizado, las cientos de conversaciones hablando de “bolígrafos” (pseudónimo con el que se referían al dinero) incriminaron al exdiputado socialista. Los investigadores seguían el rastro de esta pista y lo ubicaron como uno de los responsables del entramado de corrupción que ofrecía favores y subvenciones a empresarios a cambio de mordidas. El 14 de febrero los agentes detienen a los investigados y efectúan las entradas y registros en 18 viviendas propiedad de todos ellos. La detención del exdiputado del PSOE no llega hasta dos días después.

En ese lapso, la magistrada remitió un oficio al Congreso de los Diputados en el que pide “de forma urgente” que se informe al juzgado “si el diputado por el PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha sido suspendido en su cargo y/o ha dimitido” para saber “si mantiene o no su condición de aforado”. En el sumario consta incorporada una noticia del digital Canarias7 que señala cómo se ha desatado un operativo anticorrupción en Canarias e incluye que el partido socialista ya no cuenta con Fuentes Curbelo. Es solo tras la confirmación de que ha perdido su aforamiento, cuando la jueza Mª Ángeles Lorenzo-Cáceres ordena su arresto.

Lo cierto es que todo el tiempo que las pesquisas se mantuvieron secretas, el escaño de ‘Tito Berni’ lastró la investigación. “Si bien desde un primer momento, el investigado Fuentes Cubrelo ya habría sido catalogado como el líder de la rama política de la organización criminal, debido a su condición de aforado, no se realizó ninguna diligencia de investigación directa sobre el mismo”. Ahora, la policía centra buena parte del trabajo en esclarecer su papel.

Despliegue en tres comunidades

El día de los enamorados el despliegue policial se extendió por tres comunidades autónomas distintas y lo coordinó un alto mando de la Policía y otro de la Guardia Civil. Las casas que tenían que registrar se distribuían por las islas: en Puerto del Rosario (Fuerteventura) fueron a dar con Taishet Fuentes, el sobrino de ‘Tito Berni’; en la isla de Gran Canaria detuvieron a los empresarios Banús Ricoma y Rosa Enrich, dueños de una empresa de ganadería y que constan en el sumario como pagadores de la trama.

En la isla de Tenerife se desarrollaron varias detenciones a la vez. En Alcalá (Guía de Isora) y Tijoco Bajo (Adeje) encontraron a los dueños de la quesería Montesdeoca. Esta empresa efectuó pagos a la asociación de deporte infantil que presidía Fuentes Curbelo y que los investigadores señalan como una suerte de tapadera para gestionar las comisiones ilegales. En Punta Brava (Puerto de la Cruz) detuvieron al que se considera testaferro, Miguel Ángel Robayna, que era administrador de una empresa que, presuntamente, hacía las facturas falsas para que los empresarios pudieran justificar los pagos a la trama corrupta.

Para otros de los investigados hubo que emitir una orden de detención porque la jueza comprobó que tenían vuelos por las fechas próximas al carnaval de las islas. Remitió un oficio para que se les detuviera y trasladara al juzgado.

Por último, el mediador Navarro Tacoronte y su esposa se presentaron de forma voluntaria en una comisaría de la isla capitalina. Al conocer que estaban investigados, aparecieron a las 9:50 en el edificio de la Policía. Allí un agente les explicó verbalmente los motivos de su detención y le entregaron un auto en el que explicaban en qué consistía el ‘caso Mediador’. Luego los trasladaron al calabozo.

En las entradas de algunos de los detenidos hubo sorpresas. Por ejemplo, como ha venido contando este periódico, en casa del general de la Guardia Civil Espinosa Navas aparecieron más de 60.000 euros en efectivo repartidos en cajas de zapatos y bolsas por el armario, así como un fusil del que los agentes investigan su procedencia.

Luego, todos pasaron a ver a la jueza y, prácticamente ninguno se acogió a su derecho a no declarar. El único que entró en prisión provisional fue el general Espinosa, si bien la magistrada también quiso ingresar a Fuentes Curbelo. Está por ver, por tanto, qué decide cuando alguna de las acusaciones populares que se van a presentar en el caso pida que se acuerde la cárcel para el exdiputado socialista.