Justicia Confinada

Cuando en nuestro país la pandemia del Covid-19 ha dejado de ser noticia, la ya maltrecha Administración de Justicia se haya prácticamente confinada gracias a una huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales). Una huelga que ya va por el camino del segundo mes consecutivo, sin que se vea la luz al final del túnel y que ya ha provocado la suspensión de cientos de miles de juicios y el bloqueo de más de 1.250 millones de euros que tendrían que estar en manos de los ciudadanos y en cambio siguen durmiendo el sueño de los justos en las cuentas judiciales.

Sin perjuicio de que no me corresponde entrar a valorar ni las reivindicaciones de los huelguistas ante ciertas promesas incumplidas por el Ministerio de Justicia ni la negativa de la ministra Llop a negociar nada, hay algo en lo que todos estamos plenamente de acuerdo y es que nuestro país no se puede permitir el bloqueo de uno de los principales servicios públicos como lo es la Administración de Justicia, pilar de cualquier país moderno y democrático, cierre parcial que se produce en un momento en el que nuestros tribunales comenzaban a recuperarse del parón que supuso el estado de alarma, en donde nuestros Juzgados estuvieron prácticamente cerrados durante tres meses. En aquel momento la pandemia supuso un verdadero bofetón de realidad acerca de los pocos medios con los que cuentan nuestros Juzgados, pues no en vano, de todos los Ministerios, el de Justicia fue el farolillo rojo en cuanto al teletrabajo de todos sus funcionarios durante dicho período.

Es preocupante observar el escaso interés que genera en nuestra sociedad tanto el actual parón de la actividad judicial como el habitual retraso que padece la tramitación de la inmensa mayoría de procedimientos judiciales, cuando en realidad una Justicia ágil y eficaz es un elemento esencial para el crecimiento de cualquier economía; parece como si ya nos hubiésemos acostumbrado a esta situación y en la conciencia colectiva se haya instalado la idea de que es lo hay y no se puede hacer nada para cambiarlo.

Aún respetando el legítimo derecho de huelga, es indudable que la actual situación está generando un gravísimo perjuicio para toda la sociedad, pues además ésta no es una huelga con «previo aviso» como por ejemplo puede ser la del transporte aéreo, en la que te advierten al menos 24 horas antes de que tu vuelo se ha cancelado; aquí siguiendo el símil, te bajan del avión en el mismo momento en el que vas a despegar, es decir las suspensiones de los juicios se producen en la mayoría de los casos el mismo día en el que inicialmente estaban previstos, provocando inútiles desplazamientos a los Juzgados tanto de los ciudadanos como de los profesionales que les defienden y representan. Si ya de por sí tener que afrontar un juicio es algo que causa cierta inquietud hasta en el más tranquilo de nosotros, llegar al Juzgado y que te digan que has de volver dentro de un año es difícilmente justificable. Trasládenlo a una intervención quirúrgica e imagínense que cuando van camino del hospital te obligan a dar media vuelta.

Confiemos en que más pronto que tarde se ponga solución a este conflicto; aunque todas las huelgas causan molestias a los ciudadanos, en este caso la gravedad de la situación no invita a sacar pecho –como hacen algunos de los huelguistas– acerca del tremendo perjuicio de que se ha causado a nuestra sociedad y a la Justicia española con motivo de la misma, una huelga por cierto muy contestada ya por los principales sectores de la Magistratura y por el resto de operadores jurídicos, pues en algunos casos, como en todas las huelgas, se han perdido claramente las formas.

Resulta tan urgente como imprescindible pensar ya en el día después, diseñando un plan de choque que permita en un tiempo razonable poner al día nuestros tribunales después de este largo parón, plan que debería huir de las precipitadas medidas tomadas en su día reiniciar la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma.

Nuestra Justicia necesita una urgente vacuna que pueda sino curar, al menos mitigar los males que actualmente le afectan y que hacen que sea uno de los servicios públicos peor valorados por nuestra ciudadanía. Esa vacuna deberá tener varios principios activos, entre ellos una mayor dotación económica que permita la creación de nuevos Juzgados que ayuden a liberar la pesada carga que actualmente soportan, un mayor compromiso por parte de todos, principalmente de los políticos que deberían huir de una vez por todas del mantra de que «la Justicia no da votos», alcanzando un Pacto de Estado que permita de una vez todas una reforma de la misma huyendo de la actual organización decimonónica y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial bloqueada desde hace más de cuatro años, de la colaboración entre todos los operadores jurídicos sin excepción; una necesaria coordinación en la que también los Letrados de la Administración de Justicia han de ser una pieza esencial para poder salir airosos de toda esta situación.

Pero entre estos principios, el más importante sin duda alguna, ha de ser la responsabilidad personal y profesional de todos aquellos que formamos parte del engranaje judicial, empezando por los Jueces y acabando por los profesionales del derecho, como son los abogados y los procuradores, que sin duda alguna e insisto con todo el respeto hacia los huelguistas, no podemos ver cómo van pasando los días y guardar silencio ante esta coyuntura de claro colapso judicial.