El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha remitido las diligencias abiertas contra la conocida como "fontanera" del PSOE, Leire Díez, al juez que ya le investiga por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se trata de la segunda causa penal que se adhiere a la abierta contra la exmilitante socialista en Madrid en el Juzgado de Instrucción número 8 y en el marco de la cual han pedido su personación el Partido Popular y Vox en condición de acusación popular.

En su auto, que avanza LA RAZÓN, la juez Pilar Martínez Gamo indica que se presume la existencia de una "infracción penal" con los hechos denunciados por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). El colectivo pidió a la Justicia que investigara las maniobras de Díez para conseguir trapos sucios del teniente coronel responsable de la UCO, Antonio Balas. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid fue el primero en actuar por esta denuncia que se dirigió también contra los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, además del abogado Jacobo Teijelo.

Martínez Gamo explica en su auto que, al encontrarse ya otro juzgado de instrucción de Madrid investigando estos hechos, procede inhibirse en favor del mismo, al igual que hizo el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid en el que recayó la denuncia de Iustitia Europa. Así pues, se espera que el juzgado que dirige Arturo Zamarriego unifique en su causa todas estas denuncias; máxime después de que la Fiscalía informara a favor de investigar a la exmilitante del PSOE, como desveló este medio.

PP y Vox se personan como acusación popular

Fuentes jurídicas confirman, además, que el Partido Popular y Vox han solicitado personarse en estas diligencias. Ambas formaciones habían denunciado ya las gestiones de Díez para recabar información negativa de Guardia Civil, jueces y fiscales implicados en los procedimientos penales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese sentido, el PP denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que Vox interpuso querella contra Díez por los delitos mencionados y también obstrucción a la Justicia.

Así pues, ambas formaciones han pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que les tenga como parte personada del procedimiento en su condición de acusación popular. Cabe recordar que las informaciones publicadas en prensa acerca de las actuaciones de Díez propiciaron una batería de denuncias y querellas en los tribunales por hasta siete delitos.

En ese sentido, a la denuncia de ASESGC se suma la querella Vox, la interpuesta por Hazte Oír en el juzgado que instruye las pesquisas, la interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que recayó en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y la que presentó Iustitia Europa que asumió el Juzgado de Instrucción número 44 también de la capital. A ellas se añade la presentada también por Hazte Oír en los juzgados de Badajoz por las maniobras de Leire Díez con un juez expulsado de la carrera para apartar a la juez Beatriz Biedma de la causa que ha instruido contra el hermano del presidente del Gobierno por delitos de corrupción con su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.

Declarará como imputada en noviembre

Sin embargo, el juzgado de Zamarriego cogió la delantera y acumuló la causa de Badajoz en su procedimiento. Además, pidió informe a la Fiscalía, la cual se posicionó a favor de abrir causa contra la exmilitante del PSOE al apreciar indicios de delito. De hecho, el juez la citó formalmente como imputada para el próximo 11 de noviembre junto con Pérez Dolset y Teijelo, aunque estos últimos como testigos. Además, también convocó a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo a quien Díez requirió información negativa de la UCO y también de Víctor de Aldama a cambio de un trato de favor con la Fiscalía.

Se trata de una dinámica que se repitió en las reuniones que mantuvo con terceros -en su mayoría empresarios- a quienes les prometía intermediar en sus problemas con la Justicia. Destaca el encuentro que se celebró el pasado mes de febrero por videoconferencia con Alejandro Hamlyn y en el que participaron Dolset y Teijelo. En dicha reunión ofrecieron a Hamlyn un pacto con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de que suministrara información perjudicial de Balas.

Este empresario es uno de los principales acusados en un procedimiento contra un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional. Conocedores de que había denunciado las actuaciones de la Guardia Civil en este procedimiento, le propusieron un acuerdo con el Ministerio Público para evitar su condena. A cambio, reclamaron también datos sensibles de José Grinda, el fiscal Anticorrupción que dirige desde hace casi una década una causa contra Javier Pérez Dolset por el hundimiento de la empresa familiar Zed.

Espionaje a dos fiscales Anticorrupción

Además, también propició hasta dos encuentros con el comandante Villalba, imputado en el caso Koldo. Díez le propuso ayuda en su procedimiento, un abogado de su confianza, un destino en el extranjero (en una embajada) y el cambio de la UCO por la UDEF, de la Policía Nacional, en su procedimiento. A cambio querían información negativa de la unidad de élite de la Guardia Civil y de Aldama, empresario que se ha convertido en el principal enemigo del PSOE desde que se abriera a colaborar con la Justicia en octubre del año pasado.

Las fuentes consultadas por este medio precisan que en sus encuentros con estos empresarios relataba que actuaba en nombre de Ferraz y, en concreto, de Santos Cerdán. El entonces secretario de organización del PSOE está ahora en prisión provisional sin fianza por su papel de cabecilla en el caso Koldo. Teijelo, el abogado que participó en las reuniones con Hamlyn, ha asumido su defensa junto con el penalista vinculado al independentismo catalán.

A su larga lista de objetivos de Díez se suman también los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Al primero de ellos trataron de sobornarle a cambio de que dejara de lado las diligencias que sigue contra Pérez Dolset y en el marco de las cuáles pide que le envíen al banquillo por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Del mismo modo también tantearon a Ignacio Stampa, quien fuera fiscal Anticorrupción del caso Villarejo y que no consiguió su plaza en el destino donde estaba comisionado ya que entonces estaba siendo investigado por presunta revelación de secretos.

El pendrive de Leire Díez

Las investigaciones impulsadas por Stampa evidenciaron que la cúpula de la Fiscalía que entonces dirigía Dolores Delgado forzó la prórroga de las pesquisas abiertas contra él pese a que el fiscal encargado del caso solicitó en varias ocasiones el archivo de las mismas. La Secretaría Técnica del Ministerio Público -que entonces dirigía el actual fiscal general, Álvaro García- le instó a prorrogarlas, de manera que cuando llegaron al Consejo Fiscal donde se jugaba su plaza, no obtuvo votos y tuvo que abandonar Anticorrupción y el caso Villarejo.

La Fiscalía -que en un primer momento declinó investigar el chantaje a Grinda- se dirigió hace apenas unas semanas al juzgado de Zamarriego y le pidió que incluyera este asunto en sus diligencias. Sin embargo, el instructor declinó la petición, lo que ha llevado a la Fiscalía a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber este medio.

Leire Díez, por su parte, sostiene que todos estos encuentros se celebraron en el marco de un trabajo de periodismo de investigación por las tramas del fraude de hidrocarburos. Al respecto explicó que toda la información recopilada se ha entregó a la Fiscalía General del Estado. Como ha venido informando este medio, el grueso del material incluido en el pendrive no es nuevo; Pérez Dolset lo entregó en 2022 a la Audiencia Nacional.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional pidió que se apartara todo aquello que no guardaba relación con el caso Villarejo. Destacan, por ejemplo, información sobre el caso Astapa, el asunto "Faisán" o sobre el exjefe de la UDEF José Luis Olivera. Otro material -como el relativo a audios de Francisco Martínez y de Dolores de Cospedal- ya formaba parte del procedimiento y se encontraba en la pieza relativa al espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas. El PSOE ha pedido insistentemente que se le dé traslado de este material, pero tanto el juez instructor como la Sala le han negado el paso precisando que los asuntos no forman parte del procedimiento.

Con todo, el pendrive de la fontanera del PSOE aportaba, como novedad, información perjudicial contra Juan Carlos Peinado -el juez que investiga a Begoña Gómez- y también sobre el espionaje de Villarejo a Sabiniano Gómez en el marco del cual alertó en un informe de un presunto negocio de prostitución con las saunas del suegro del presidente del Gobierno. Fuentes jurídicas confirman a este medio que, a pesar de que ni Anticorrupción, ni la Policía ni la Audiencia Nacional ven visos de delito con este material, la Fiscalía General se lo ha terminado remitiendo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su análisis.