La Policía describe al juez la «persecución» de ETA al «enemigo» español

La Comisaría General de Información de la Policía ha detallado al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge la «persecución» que puso en marcha ETA durante décadas en el País Vasco y Navarra contra el «enemigo» español para expulsar del territorio a ese grupo de población hostil que señalaba como «opresor». El minucioso documento policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN –que suma 274 páginas– se enmarca en la investigación a diez exjefes de la banda terrorista -tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) por su supuesta responsabilidad en el asesinato el 4 de junio de 2000 del concejal del PP en Durango (Vizcaya) José María Pedrosa Urquiza, contra el que ETA atentó tras una intensa campaña de acoso y amenazas que, sin embargo, no consiguió hacerle claudicar.

Ese hostigamiento terrorista no cesó ni tras descerrajarle un tiro a bocajarro en la cabeza. «Ya hemos matado al hijo de puta», escuchó su viuda al otro lado del teléfono el mismo día del atentado.

Más allá de apuntalar la supuesta responsabilidad en el asesinato de quienes entonces conformaban la cúpula de ETA, el informe policial ahonda en que la banda terrorista tuvo durante años «en su punto de mira» al concejal del PP, a quien sometió a «un acoso continuado» hasta que los terroristas lo asesinaron «siguiendo las directrices de la dirección de la banda» Zuba o Comité de Dirección que en junio de 2000 estaba integrado, atestigua la Guardia Civil, por nueve de los diez exjefes de ETA investigados en esta causa. Esa dirección colegiada la integraban Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Javier García Gaztelu, «Txapote»; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, «Anboto». Aunque el exdirigente de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi», fue detenido en febrero de 2000 (cuatro meses antes del atentado), también figura entre los investigados como supuesto integrante de la cúpula etarra que ordenó a los «comandos» asesinar a políticos, especialmente del PP, como «objetivos prioritarios».

Pero, sobre todo, el exhaustivo análisis policial supone un refrendo de ese «contexto persecutorio y de expulsiones forzadas de población por parte de ETA contra un grupo de población civil por su condición de español». De manera que, enfatizan los autores del informe remitido a la Audiencia Nacional, los terroristas no solo centraban esa campaña de acoso «en lo ‘‘no vasco’’ o ‘‘no nacionalista vasco’’, sino en lo ‘‘no vasco’’ que sea ‘‘español’’».

[[H3:«Política de terror»]]

Durante décadas, esa persecución se enfocó «en la presencia del grupo ‘‘español’’ presente en ‘‘territorio vasco’’», a cuyos miembros se identificaba como «ocupadores» y «opresores de los vascos». Específicamente, el objetivo eran los líderes políticos, pero también «intelectuales, académicos, periodistas y creadores de opinión social», así como líderes cívicos y empresariales. ETA buscaba «crear un clima general de miedo en el cual» en el que la población no nacionalista se sintiese «amenazada con una intensidad tal que decidieran renunciar al ejercicio de sus derechos y abandonasen el País Vasco».

Por eso, sostiene la Comisaría General de Información de la Policía, ETA «colocó en la diana de su política de terror a la práctica totalidad de los líderes del muy concreto grupo de población civil perseguido» en el País Vasco y Navarra. Aunque, al mismo tiempo, «procedía a la paralela eliminación selectiva» de mandos concretos y «también indiscriminada» de miembros de los Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas «como forma de mermar la protección del grupo perseguido». Esa «maquinaria persecutoria» se concentraba en el territorio donde la banda criminal era capaz de ejercer «un control efectivo», el País Vasco y parte de Navarra.

De ahí que, subrayan los autores del informe, ETA no pretendía «la eliminación universal del ‘‘grupo español’’ allí donde se encontrase», sino que le bastaba con «eliminar, total o parcialmente, la presencia del grupo percibido como ‘‘español’’ en Euskal Herria y de todo lo ‘‘español’’ con él». Por eso lo objetivos no se circunscribían a políticos, sino que también incluían a policías, militares, periodistas, jueces, «en definitiva todo aquel que la organización considerase enemigo».

[[H3:«Aislamiento social»]]

Esta estrategia, incide el informe, no se limitaba a atentados mortales, puesto que se pusieron en marcha «formas complementarias de violencia» para «socializar las consecuencias de la lucha»: la lucha callejera asumida por la organización Jarrai (que sería ilegalizada), las cartas amenazantes o el «aislamiento social». Una cadena de actos de hostigamiento difícil de contabilizar porque «el terror que ETA producía en las víctimas llevaba a que muchas de ellas no denunciasen estos hechos».

Por este mismo motivo, añade la Policía, es difícil comprobar si como resultado de estas amenazas «los estigmatizados tuvieron que trasladar su residencia fuera del País Vasco». No obstante, como recordaba en la querella contra los exjefes de ETA el entonces abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, el Instituto Vasco de Criminología concluyó que entre 60.000 y 200.000 personas, entre el 5 y el 10% de la población, tuvieron que abandonar el País Vasco por el acoso de la banda terrorista).

El informe determina que las declaraciones de todos los detenidos relacionados con el «comando» autor del atentado apuntan a que «la decisión y la orden de atentar» contra cargos políticos provenía de «Txapote», entonces jefe del «aparato militar».

Pedrosa fue uno de los políticos que «sufrió durante años un acoso continuado» que culminó con su asesinato. El propio concejal, recuerda la Policía, aseguró en 1997 en una entrevista radiofónica con Carlos Herrera que no sabía «si iría al cielo o no, haciendo alusión clara a su temor a ser asesinado, pero que sería desde su localidad y su trabajo en el Ayuntamiento de Durango, no cediendo así a las amenazas y coacciones para abandonar el País Vasco».