Ponsatí recurrirá la orden de Llarena de detenerla si vuelve a España

La exconsejera catalana de Educación Clara Ponsatí –procesada por un delito de desobediencia por su papel en el «procés»– va a recurrir la orden de detención nacional cursada contra ella el pasado miércoles por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena. Así lo confirman a este periódico fuentes jurídicas, que niegan que la exconsejera de Carles Puigdemont utilizase como pretexto su trabajo en el Parlamento Europeo para ignorar la citación judicial el pasado 24 de abril.

Ese día, el instructor había citado a Ponsatí en el Tribunal Supremo para comunicarle su procesamiento y tomarle declaración, tras dejarla en libertad el 28 de marzo, cuando la política independentista regresó por sorpresa a Barcelona cinco años después de su fuga al estallar la causa judicial del «procés».

Pero la exconsejera –procesada únicamente por desobediencia tras la derogación del delito de sedición– dio plantón a Llarena, a quien el abogado de Ponsatí, Gonzalo Boye, remitió una carta trasladándole que no había podido acudir a la citación judicial porque ese mismo día debía asistir a dos comisiones en el Parlamento Europeo. Para el magistrado del alto tribunal, una mera «excusa» (la comparecencia estaba fijada por la mañana y las sesiones en la Eurocámara, por la tarde) para eludir el llamamiento judicial. Pero la defensa de Ponsatí niega la mayor, aunque no confirma si la eurodiputada recogerá o no el guante lanzado por Llarena, quien precisó que la orden nacional de detención quedará sin efecto si «comparece voluntaria y personalmente ante el instructor». Como sí hicieron la también exconsejera de la Generalitat Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

La inmunidad, en el aire

Llarena recordó en su resolución que en marzo de 2021 el Parlamento Europeo concedió el suplicatorio (dejando sin efecto su impunidad) que permitía al Supremo actuar penalmente contra ella, al constatar que el procedimiento judicial era anterior a que se presentara a las elecciones al Parlamento Europeo, sin que esa circunstancia haya variado. Pero la defensa de Ponsatí se queja de que el instructor «haya omitido que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le devolvió cautelarmente esa inmunidad» en mayo del pasado año.

La argumentación jurídica del recurso de Ponsatí también incidirá en el hecho de que «se pretenda tomarle declaración indagatoria para un delito, el de desobediencia, que solo lleva aparejadas penas de inhabilitación, cuando ese trámite es para delitos castigados con más de nueve años de prisión». La defensa de la eurodiputada entiende que al estar ya únicamente procesada por desobediencia el instructor «debería dictar un auto de pase a procedimiento abreviado, para lo que debería pedir el suplicatorio» a la Eurocámara.

«Si Marta Rovira (procesada también por desobediencia y que se fugó hace cinco años) no ha recurrido el auto de procesamiento, y por tanto en su caso esa resolución ya es firme, ¿por qué no se ha dictado una orden de detención nacional contra ella?», aseguran comparando su situación con la de Ponsatí.

La exconsejera, como Carles Puigdemont y otro de los miembros de su Gobierno, Toni Comín, se juegan buena parte de su futuro procesal el próximo 5 de julio, cuando el Tribunal General de la Unión Europea debe resolver los recursos que interpusieron contra la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo. De esa decisión depende que recuperen de manera plena su inmunidad (lo que obligaría a Llarena a poner en marcha una nueva petición de suplicatorio) o que queden despojados de esa prerrogativa, lo que reactivaría las euroórdenes para conseguir su entrega a la Justicia española.