"Puigdemont es el nuevo ministro del Interior"

La decisión del Ministerio del Interior de solicitarformalmente a Europol que desvincule a los grupos radicales independentistas catalanes del terrorismo es precipitada y solo responde a intereses políticos. “Se trata de una

injerencia del Gobierno en las investigaciones judiciales que solo tiene el objetivo de ceder ante un prófugo de la justicia”, swgún el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, en referencia a la negociación abierta entre Pedro Sánchez y Carles

Puigdemont.

Recuerda que los CDR (grupos violentos organizados cercanos alndependentismo catalán) están siendo investigados por la Audiencia Nacional por la comisión de actos terroristas. Asegura que la motivación ideológica que pueda haber detrás de las acciones de estos radicales no exculpa en absoluto a sus protagonistas de la comisión de delitos terroristas, sino más bien al contrario. “Los atentados de otras organizaciones siempre han tenido detrás acicates ideológicos”, agrega.

El objetivo del terrorismo siempre ha sido revertir el orden constitucional y que por eso es lógico que la Audiencia Nacional esté tratando a estos grupos en el marco de las mencionadas investigaciones. “Cambiar ahora a un alto tribunal las reglas el juego en mitad del partido es traicionar a tus propios ciudadanos, que han vivido aterrorizados por estos grupos, y a las víctimas que han podido causar con sus acciones, que deberían estar en el centro de cualquier política, legislación e

instrucción judicial”, subraya.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska solicitó recientemente a Europol la desvinculación de estos grupos del delito de terrorismo justo después de que Puigdemont lo reclamara en la conferencia que impartió el pasado 5 de septiembre

en Bruselas, donde fijó sus condiciones para apoyar al candidato Sánchez en su carrera a volver a ser presidente del Gobierno. El movimiento de Marlaska es, por eso, el cumplimiento de una orden dictada por un prófugo de la justicia que ahora se ha

convertido en el auténtico ministro del Interior.

“Desjudicializar los actos terroristas supone una deslealtad hacia el ordenamiento jurídico, un ataque a la separación de poderes y un ninguneo a los españoles y a las víctimas de ese terrorismo que siempre han confiado en el estado de derecho”, sentencia