Se reactiva el «caso Pegasus»: el juez pide a Francia toda la información del software y a Israel que declare su responsable

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Pegasus», José Luis Calama, lo ha reactivado con la emisión de una orden europea de investigación dirigida a la justicia de Francia para que le hagan llegar toda la información que sobre el software israelí (Pegasus) hayan obtenido durante la investigación, aún en curso, del espionaje que sufrieron varios dirigentes políticos galos, como adelantó LA RAZÓN hace ya más de un mes.

El instructor de la causa en nuestro país que indaga en el acceso ilegítimo que sufrieron en sus móviles con este programa informático miembros del Gobierno de Pedro Sánchez quiere que haya un intercambio más amplio de información con las autoridades del país vecino para poder conocer el contenido de la información que les facilitó, a ellos sí, la empresa israelí, NSO Group que creó y comercializa solo para Gobierno el software espía.

El juez Calama coloca así como necesidad prioritaria para el avance de la investigación el poder acceder a los datos que esta compañía hizo llegar a las autoridades francesas sobre el mecanismo de control interno que tiene el programa informático de espionaje.

También pone por delante el instructor su interés en conocer con un detalle más amplio las investigaciones técnicas que llevó a cabo la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI) sobre el Pegasus. La petición de una colaboración más profunda sale de la Audiencia Nacional y va dirigida, concretamente, al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, que instruye la causa homóloga en el país vecino.

Al mismo tiempo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 emitió ayer otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel para reiterar la necesidad de contar con la información que ya solicitó a NSO Group en mayo de 2022. El juez Calama reclama también al país de Oriente Próximo que tramite la declaración como testigo del director general (CEO) de la tecnológica, Yaron Shohat. El objetivo de estas dos diligencias es el mismo: dar pasos eficaces para poder identificar a los autores del espionaje que sufrieron los móviles del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska y el titular de Agricultura, Luis Planas.

En su auto, el instructor deja patente que la información que ya le facilitaron las autoridades judiciales francesas no aporta ninguna información crucial que le acerque a dilucidar qué datos que han podido ser extraídos de los teléfonos del Ejecutivo infectados, tal y como puso de manifiesto el Centro Criptológico Nacional en varios informes que recibió la Audiencia a finales de diciembre.

Principalmente, detalla el juez, porque el código dañino empleado por Pegasus no deja registro alguno de su actividad en el sistema de los teléfonos, más allá de la cantidad de datos extraídos y la confirmación de que fueron, seguidamente, enviados a otros servidores. Por esta vía es, por tanto, técnicamente imposible conocer nada sobre cuál fue la información a la que pudieron tener acceso los atacantes que utilizaron el software contra el Gobierno.

Desde la división del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) especializado en asuntos informáticos explicaron al juez que Pegasus, por el tipo de spyware comercial que es, hace prácticamente imposible identificar, utilizando medios técnicos, de quién partió el ataque, con lo que es imprescindible que la propia empresa desarrolladora del software colabore y aporte información clave.

Lo que coincide en los ataques de los que fueron víctimas los dispositivos utilizados por miembros de nuestro Consejo de Ministros y los de los políticos franceses, expone Calama citando los informes de inteligencia, es la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto.

Nuevo intento con Israel

El juez activa, por todo ello, una nueva comisión rogatoria dirigida a Israel con el fin de insistir en que es fundamental que facilite la información que ya le requirió hace más de dos años hasta en tres ocasiones, sin que haya obtenido respuesta alguna hasta el momento.

Calama subraya que resulta «imprescindible» que pongan de su parte las autoridades israelíes para que la empresa detrás de Pegasus entregue la información con la que solamente serán capaces de aclarar la identidad de los autores del espionaje informático al presidente del Gobierno y tres de sus ministros socialistas.

El instructor blande, incluso, su deber de cumplir con los convenios, protocolos y acuerdos vigentes entre ambos países en cuanto a asistencia penal en un esfuerzo porque Israel cumpla con estas diligencias interesadas o bien justifique debidamente las razones de su negativa.

Como último punto de lo acordado en el «caso Pegasus», Calama acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional para que tengan acceso a un contenido que puede ser de interés para su investigación judicial del escándalo de espionaje presumiblemente extranjero.