Reunión de alto nivel para decidir el futuro de Cuelgamuros

Una amplia delegación encabezada por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y por el director de Inmuebles y Medio Natural de la institución, Luis Pérez de Prada, así como representantes de diversos ministerios, se reunió ayer en Cuelgamuros, con el objeto de tomar nota sobre el terreno de las peculiaridades del enclave, cuya resignificación prevé el Gobierno en base a la Ley de Memoria Democrática.

No hubo ministros en esta cita, que parecía corresponder al encuentro mensual previsto por la comisión creada en el Consejo de Ministros del pasado 2 de julio, pero sí una representación de cada departamento implicado, según ha podido saber este diario.

El grupo, formado por al menos una docena de personas, mantuvo un encuentro de alrededor de una hora en una estancia que ha sido habilitada al efecto en las antiguas instalaciones de la cafetería del funicular,según adelantó ayer LA RAZÓN.

Durante este intercambio de pareceres uno de los asuntos principales sobre la mesa fue el futuro de la comunidad religiosa, cuyo traslado quiere acometer el Ejecutivo, así como de qué manera afrontar el cambio de significado para el Valle de los Caídos, un objetivo que se quiere culminar en los actos previstos para el año que viene, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

La comitiva recorrió después la basílica y las criptas, donde estuvo acompañada por miembros del equipo forense encargado de las exhumaciones que acomete la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a petición de 170 familias, aunque se encuentran detenidas desde que el 7 de enero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 10 de Madrid paralizara la licencia de obras.

El grupo visitó además el mirador y el poblado de trabajadores, hasta que abandonó las instalaciones a primera hora de la tarde, una vez culminada esta toma de contacto.

En este contexto de cambio está en proyecto un real decreto que configurará un nuevo estatus jurídico para el complejo, con la próxima extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz, en aplicación del artículo 54 de la Ley que amplió los supuestos de la norma de 2007. En este plan futuro no tienen cabida los monjes benedictinos que llevan en el Valle desde 1958, según ha decidido Moncloa. El Gobierno ha explicado que la expulsión será una decisión competencia del Vaticano, con el que dice haber establecido comunicación. Hay que recordar que existe un Concordato Iglesia-Estado vigente desde 1953 y ratificado en 1979.

Esta tarea la ha asumido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como responsable de las relaciones con la Iglesia. Pero Moncloa tiene claro que la congregación –que asiste con resignación y mutismo al devenir de los acontecimientos– debe abandonar Cuelgamuros. Así lo hizo ver en el Senado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: «No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos», aseguró el ministro que también dejó claro que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa «ha quedado superada».

A propósito del nuevo uso para el Valle de los Caídos, los planes del Gobierno pasan por convocar un concurso internacional en el que se plantee qué debe ser a partir de ahora, incluyendo todos los espacios, tanto la basílica y la cripta como la presa fluvial o la tienda.

El Ejecutivo ha incluido en el Plan Normativo Anual para 2024 dos decretos específicos. El primero tiene que ver con la resignificación completa como lugar de memoria democrática del complejo monumental. Incluye la aprobación del «real decreto que regula la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros». El objetivo es «establecer el régimen de funcionamiento y organización, según lo dispuesto en el artículo 54 y en la disposición transitoria primera» de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Actuaciones además que fueron incluidas en el pacto de coalición firmado entre PSOE y Sumar el pasado año.

En mayo de 2023 se inauguró la página web del lugar, un primer concepto de ese futuro centro de interpretación memorialista que planea el Gobierno. Se trata de «una nueva mirada al monumento, basada en el análisis de su historia arquitectónica, religiosa, patrimonial, funeraria y política. Para resignificar el monumento es preciso explicarlo como un proceso complejo y contradictorio», según consta en la propia web.

Vigilante ante todos estos pasos está la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que de momento litiga con la Comunidad de Madrid por la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y apoya con firmeza la permanencia de los benedictinos en la que ha sido su casa desde hace casi 70 años.

Objetivo: crear un «lugar de reconciliación»

La medida más visible de cambio tiene que ver con la basílica en la que hasta octubre de 2019 estuvo enterrado Franco. La meta final es crear un «lugar de reconciliación». La ley señala que «se modifica la denominación del Valle de los Caídos para ser denominado Valle de Cuelgamuros, como un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».