Recurso al TSJM por la negativa de la Comunidad de Madrid a asumir el BIC de Cuelgamuros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) contra la resolución de la Comunidad de Madrid que desestima la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto de Cuelgamuros. La ADVC recurre a la vía judicial después de insistir en esta medida de protección desde julio de 2021 con el objetivo de que el conjunto monumental sea «rescatado de la ruina». Pero el Gobierno regional rechazó dar este paso en una resolución del director general de Patrimonio (12 de febrero de 2024) y, la última vez, del viceconsejero de Cultura (el pasado 22 de mayo), «por tratarse de un bien adscrito a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado».

La entidad que preside Pablo Linares considera, por contra, «que lo que se integra en el Patrimonio Nacional son los derechos y obligaciones de administración que corresponden al Patronato, pero no así los bienes pertenecientes a la Fundación». En su opinión, «ni el Valle de los Caídos es un bien adscrito a ningún servicio público, ni está gestionado por la Administración del Estado, sino por el propio Patronato de la Fundación titular del bien, sin perjuicio de que dicho Patronato esté conformado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional».

En su escrito de mayo, la Comunidad de Madrid contestó a la ADVC que la competencia autonómica para iniciar el procedimiento y, en su caso, alcanzar la declaración de un determinado bien como BIC «solo está condicionada a que no concurra alguno de los presupuestos identificados en el artículo 6.b) de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español: [se entenderá como organismos competentes para su ejecución] los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional». «Criterios competenciales» que, defiende el ente regional, han sido «interpretados» tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo.

«Al no haberse dictado disposición reglamentaria alguna que disponga la integración de los bienes que se consideran en el Patrimonio Nacional», la ADVC «considera que la titularidad corresponde a la propia Fundación». A este respecto, el Ejecutivo de la Puerta del Sol apunta que «el régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros no parece haber sufrido cambios desde su inicial regulación», porque la Ley de Patrimonio Nacional no se llevó a efecto. Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Memoria Histórica (2007) «se volvieron a formular ciertas previsiones referidas al Valle de los Caídos». En este contexto, y con la «regulación del procedimiento para dar cumplimiento a las exhumaciones que pudieran resultar de conformidad con lo dispuesto» en la norma, hubo «ciertos pronunciamientos del Tribunal Supremo» en los que se señaló que «la Basílica, el conjunto del Valle de los Caídos, es un bien de titularidad pública estatal integrado en el Patrimonio Nacional, aunque se haya confiado su administración a la comunidad benedictina». Para la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, aunque «esta afirmación no es el fundamento principal del fallo, debe reconocerse un valor intrínseco a tal declaración en cuanto constituye un precedente que proviene del Supremo y en la medida que dicho pronunciamiento se ha reiterado al menos en cuatro ocasiones (...) , por lo que no podemos obviar que la inclusión del Valle de los Caídos en el Patrimonio Nacional que proclama la Sala sea irrelevante o intrascendente».

«A mayor abundamiento» refiere que «el artículo 54.5 de la Ley de Memoria Democrática declara extinguida la Fundación, bajo la justificación de que sus fines resultan incompatibles con los principios y valores constitucionales, aunque difiere los efectos de dicha extinción hasta la aprobación de un real decreto en el que se establezca el nuevo marco jurídico aplicable, el cual ha de determinar la organización, funcionamiento y su régimen patrimonial».

Por tanto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concluye que «un régimen especial transitorio» se hará cargo de «la liquidación a que dará lugar la extinción ordenada, en espera del desarrollo reglamentario prevenido». Este proceso, «sin producir un efecto traslativo inmediato de la titularidad de los bienes del Valle de Cuelgamuros, incorpora un mandato que presagia un próximo traslado de la propiedad al Patrimonio Nacional o al Patrimonio del Estado, reflejando así una inequívoca determinación legal de modificación del estatus patrimonial».

Por este motivo, aducen desde el Ejecutivo regional, «el ejercicio de eventuales competencias por parte de la Comunidad de Madrid con afección en dichos bienes, aprovechando este contexto de interinidad, constituiría una merma del principio de lealtad institucional (...) y una vulneración del deber de colaboración entre las Administraciones Públicas».

Además, añade la Comunidad que «el Valle de Cuelgamuros está adscrito no solo a unos servicios culturales y turísticos (...), sino también al servicio de fomento de los valores democráticos y de convivencia, así como los pedagógicos reseñados en la Ley de Memoria Democrática», según la cual el complejo queda marcado como «lugar de memoria».

Para el Gobierno de Ayuso «no plantea controversia» la afirmación de que «ese servicio público esté “gestionado por la Administración del Estado”, ya que ciertamente los usos a los que se destina el Valle de Cuelgamuros se gestionan por Patrimonio Nacional».

Añade que «el artículo 1.5 del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dispone que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes». Su conclusión es que «la competencia para incoar y declarar, en su caso, BIC al Valle de Cuelgamuros correspondería al Estado en exclusiva».

Para Pablo Linares, con esta afirmación y su proceder, «la Comunidad está colaborando con el Gobierno en el desmantelamiento del Valle de los Caídos».

«Saben que están legitimados»

El presidente de la ADVC, Pablo Linares, se confiesa «extrañado por los argumentos» de la Comunidad de Madrid. «Apelan a una ley que todavía no es vigente, y no sabemos cuándo lo será». De «forma insólita se están adelantando así al tiempo que está marcando el propio Gobierno». Considera que si «aún no hay un real decreto es porque evidentemente deben abordar temas extraordinariamente sensibles, que seguro no tienen claro jurídicamente», pero «según se pronuncia la propia Comunidad parece que está deseando que salga [la norma] para quitarse el problema de encima». En su opinión, «los consejeros y Ayuso –que está desoyendo los escritos en los que pedimos una reunión con ella– saben perfectamente que están legitimados para la incoación del expediente. Y solamente con eso hubiera valido. Habríamos tenido tiempo entonces como peticionarios para argumentar los motivos del BIC», afirma Linares, para quien «todo lo que ocurra en el Valle a partir de ahora, con la temida resignificación que quieren llevar a cabo, en parte será culpa de su inacción».