Todo listo para que el PP «internacionalice» la amnistía

La batalla por la amnistía salta a Europa. Mientras el equipo de Pedro Sánchez negociaba con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la impunidad para el independentismo, a fin de sacar adelante la investidura, la dirección del PP lleva semanas moviendo todos sus resortes en el ámbito comunitario y preparando la ofensiva que va a implementar para, en una referencia irónica sobre la estrategia del soberanismo, «internacionalizar la amnistía». Tienen la mayoría en el Parlamento Europeo y la presidencia de la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen.

Esta semana se reunirá la Junta de Portavoces de la Cámara comunitaria para convocar un Pleno la semana que viene que tendrá como objeto «analizar la situación del Estado de Derecho en España». Tendrá que intervenir un portavoz del Gobierno en funciones y no se puede pasar por alto que en el Parlamento tiene asiento el expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Pero ahí no se quedarán los movimientos de los populares, sino que han preparado toda una batería de acusaciones para dar contenido al eslogan «HelpSpain». «Igual que las oposiciones latinoamericanas tienen que gritar en el exterior en busca de ayudas, la de España también», desarrollan como argumento en el comité de dirección del PP.

La intención es hacer el ruido suficiente como para «poner a todo el continente a mirar» al presidente de turno de la UE, de modo que la amnistía le «deje huella en su prestigio», pero, sobre todo, para alertar a Europa de «lo que está pasando», dicen, en España. «No hay límite» porque la maniobra de los redactores de la ley de amnistía para atar de manos a los jueces en clave doméstica, de tal manera que se impida que la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tenga efectos suspensivos sobre los beneficiados por la medida de gracia, obliga a que la «guerra» se extienda a Europa en el ámbito judicial y político.

En el primero, vía cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que sí tiene efectos suspensivos, y, ya por el lado político, alimentando el debate e implementando una campaña por las distintas instituciones europeas dirigida a explicar en qué consiste la amnistía, a cambio de que, y a quién afecta, sin obviar que en el «procés» hay «delitos de corrupción y de terrorismo».

En paralelo, desde Exteriores también han empezado con su propia campaña: igual que se ata a los jueves en casa, según denuncia la oposición, el objetivo fronteras hacia afuera es que nadie se salga del carril y que desde ninguna embajada se haga un comentario, formal o informal, que critique la ley pactada con Puigdemont.

El Gobierno en funciones sabe que la batalla del relato la está perdiendo en Bruselas, donde, además, juega en su contra no sólo la pancarta de la defensa del Estado de Derecho del PP, sino también lo que están pregonando Puigdemont y el independentismo. Todo lo que se había construido hasta ahora se ha caído por tierra, en una ofensiva que para Puigdemont tiene más trascendencia penal que política. Y en este marco, el Gobierno en funciones se ha metido en un agujero de difícil salida, por más que oficialmente digan que Bruselas está satisfecha con la gestión de Sánchez del «conflicto catalán» porque lo único que les importa es que en la economía española, dado su peso y las incertidumbres que se atisban en el horizonte, haya estabilidad. Si se escucha lo que dicen en Moncloa habría que creer que en Bruselas casi agradecen a Sánchez el gesto de rectificar su posición política y electoral en aras de la convivencia.

El problema es que sobre este argumentario se impone el del independentismo, muy eficaces en su labor diplomática y con los medios extranjeros, y también la idea fuerza con la que trabaja el PP: que Sánchez rompe el principio de separación de poderes y la igualdad entre españoles a cambio de siete escaños para seguir en el gobierno.

La censura a las embajadas, a través de una nota interna, ha generado incomodidad y malestar sobre unos funcionarios de carrera que consideran que la amnistía es una falta de respeto al trabajo que ha hecho la Administración española, contra viento y marea, para anular las «intoxicaciones» de la Generalitat catalana, pagada, por cierto, con fondos públicos.

Ayer, Feijóo se reunió con los corresponsales extranjeros y les hizo entrega de un dossier con todos los pronunciamientos de asociaciones judiciales, fiscales, abogados y demás representantes de la sociedad civil contra la amnistía. Es un material que sirve para abonar la idea de que aquí hay una rebelión civil, como se ha visto en otros países, como Rumania o incluso Israel, contra los excesos «antidemocráticos» de un Gobierno que está pervirtiendo las reglas sobre las que se sostiene su legitimidad. Esta rebelión civil puede influir en las decisiones de la Comisión y del Consejo Europeo. Como informó este periódico las asociaciones civiles tienen a su alcance dirigirse al grupo de monitorización del Estado de Derecho, del Parlamento Europeo, para pedir que se fiscalice la situación de la democracia en España.