Desafío independentista

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite los recursos de los presos del "procés"

Emplaza a España a demostrar que se respetaron los derechos fundamentales de los condenados y da de plazo hasta el próximo 12 de enero

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) examinará la sentencia a los líderes del procés y da de plazo a España hasta el próximo 12 de enero para que plantee las alegaciones que crea oportunas en relación a la condena que dictó el Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, el TEDH ha acordado revisar las demandas por vulneración de derechos fundamentales que presentaron los exconsellers Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exdirigentes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Las defensas de los procesados sostiene que la resolución del TEDH supone la admisión a trámite de las demandas por vulneración de derechos presentadas.

Hay que recordar que Junqueras, Romeva y Bassa presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sendas demandas contra España por la supuesta “falta de imparcialidad” del proceso judicial y la sentencia del “procés”. En concreto, por la condena del Tribunal Supremo a 13 y 12 años de cárcel respectivamente por sedición y malversación por el impulso y la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Sus demandas se sumaron a las ya presentadas por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Quim Forn. De hecho, el abogado del presidente de Esquerra explicó en su momento que «por lógica técnica» los recursos de los tres dirigentes republicanos debían acumularse con los de los otros dirigentes que también han acudido a Estrasburgo en una «macrocausa» del independentismo.

En concreto, los dirigentes republicanos denuncian diversas vulneraciones de derechos: al principio de legalidad, a la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, el derecho a un juicio justo y a la doble instancia penal, a la presunción de inocencia, a la prohibición de abuso de poder y a unas elecciones libres.