El Tribunal Supremo imputa a Ábalos por cuatro delitos y abre otro frente judicial a Sánchez

El exministro socialista José Luis Ábalos ya está bajo la lupa del Tribunal Supremo (TS), que solo 15 días después de recibir la exposición razonada del juez del «caso Koldo» solicitando su imputación (dada su condición de aforado al ser diputado) ha resuelto que hay indicios suficientes para investigarlo al ver indicios de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias –como apuntó el instructor de la causa en la Audiencia Nacional– y, también, por malversación. La Sala de lo Penal, no obstante, opta por dejar en manos de la Audiencia Nacional el resto de la causa. Al menos por ahora, pues deja la puerta abierta a asumir la investigación de imputados no aforados siempre y cuando exista entre estos y el ex secretario de Organización del PSOE «una conexión material inescindible».

La decisión del alto tribunal abre otro frente judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se suma a la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional; la que mantiene imputado a su hermano David Sánchez en un juzgado de Badajoz para intentar esclarecer su contratación por la Diputación como coordinador de conservatorios; y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, que llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) la semana pasada a registrar durante diez horas el despacho del máximo representante del Ministerio Público para que los agentes se incautaran de sus correos y del contenido de su teléfono móvil.

El Supremo ceñirá por tanto su investigación al papel de Ábalos en la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», para lo que reclama a la Audiencia Nacional «cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada ante esta Sala».

Los magistrados, sin embargo, no han abierto unas nuevas diligencias sino que han acordado la reapertura de las que archivaron en marzo de 2021a raíz de la denuncia presentada contra Ábalos por el abogado aragonés Ramiro Grau, que intentó en vano el pasado septiembre –al abrigo del curso de la investigación del «caso Koldo»– que el Supremo rectificase. Entonces, el TS reiteró su negativa «a la espera del resultado de la investigación que por los mismos hechos se sigue en la Audiencia Nacional».

Ahora, el auto de la Sala, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, señala que tras examinar la relación de indicios remitida por el juez Ismael Moreno, «los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación», este último ausente en el escrito del instructor. «Resulta, pues, imprescindible –subraya– continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos» de José Luis Ábalos.

Los indicios contra Ábalos

El juez Ismael Moreno solicitó al Supremo la imputación de Ábalos al apreciar indicios "fundados y serios" contra el ex "número 3" del PSOE de su presunta participación en los hechos investigados -la adjudicación a la empresa de la trama de contratos para la compra de mascarillas en pandemia por valor de 53 millones de euros por parte de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias- y de su "posible responsabilidad penal" respecto de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El instructor señalaba en sustento de esa conclusión que Ábalos "ocupaba un papel principal" en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama Delgado "para la consecución de negocios con las administraciones públicas" y que está acreditada "su intervención para la adjudicación de los contratos" de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, así como "para la contratación por parte de dos empresas públicas", Ineco y Tragsatec, de su pareja Jessica Rodríguez. Del mismo modo, el magistrado apuntaba que, como "pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos", se benefició del "uso y disfrute" de una vivienda en una urbanización de La Línea de la Concepción (Cádiz) y otra en el Edificio Torre de Madrid (en la que estuvo residiendo Jessica Rodríguez).

La exposición razonada aludía a las presuntas "contraprestaciones económicas" que habría obtenido Ábalos o "su entorno más próximo" por parte de la "trama Koldo", y se refería expresamente a que Aldama pagó, a través de un testaferro, 82.298 euros "para pagar el piso de Jéssica, pareja de Ábalos". Unas contraprestaciones que, precisaba el juez de la Audiencia Nacional, "comienzan ya un año antes de las adjudicaciones públicas" a Soluciones de Gestión. Y es que a partir de marzo de 2019, Aldama "asumió el pago del alquiler de una vivienda situada en el Edificio Torre de Madrid" en la que residía Jéssica Rodríguez, "persona con la que el entonces Ministro mantenía una relación particular", cuyo alquiler de 2.700 euros al mes pagó, entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, un testaferro del conseguidor de la trama a través de la empresa Serma Elecom.

Del mismo modo, el instructor ponía de relieve que la investigación había hecho aflorar "varios hospedajes juntos y viajes internacionales de Ábalos como ministro en 2019 y 2020", a Abu Dhabi, Moscú y Canadá, y la vinculación laboral de la pareja de Ábalos "con empresas públicas que formarían parte de la esfera de control del entonces ministro": Ineco (Ingeniería del Transporte) y Tragsatec (empresa pública dependiente de la SEPI y filial de Tragsa), que la contrataron como auxiliar administrativa.

La exposición razonada recogía, según puso de relieve el juez Ismael Moreno, una "concurrencia de indicios" que vincularían !la decisión de contratar el material sanitario con Soluciones de Gestión" con la compra, por parte de Aldama, "de un chalet para disfrute de Ábalos". Una contraprestación para la que el empresario, apuntaba el instructor, "se valió económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos", que investiga en otra causa el también magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que ha llevado a prisión a Aldama, "como contraprestación, en principio, al intento de obtención del título de operador" para la empresa Villafuel, una mediación que "quedó comprometida" con la salida de Ábalos del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021.

El juez de la Audiencia Nacional también alertó al Supremo de que las conversaciones intervenidas "permiten apreciar cómo Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate" a Air Europa cuando el empresario era consejero de la compañía aérea (entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020) y mediaba para el cobro de una deuda de 200 millones de dólares que Air Europa tenía pendiente con el Gobierno de Venezuela, tarea por la que percibía 12.100 euros al mes.

Respecto a este asunto, el juez aludía a la reunión que mantuvo Ábalos el 16 de julio de 2019 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Aldama se refería como "el 1" y con la entonces vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño, "la de Hacienda". Esa misma tarde, señalaba, estaba previsto que Aldama e Hidalgo "mantuvieran una reunión con Ábalos" dándose la circunstancia de que mientras los dos empresarios esperaban "Koldo informaba a Aldama" de que el ministro estaba reunido con "Nadia". "Está en ello", "lo está arreglando", "es una máquina", "solo funciona con presión", le escribió sucesivamente a través de WhatsApp.