Memoria Histórica

La tumba de Franco en el cementerio de El Pardo le cuesta al Estado 9.000 euros al año

La ARMH pide que los restos salgan de un espacio público. La familia sigue sin tener llave del panteón y debe avisar «con 48 horas» para visitarlo

El panteón donde está enterrado Franco en el cementerio de Mingorrubio.© Jesus G. Feria.
El panteón donde está enterrado Franco en el cementerio de Mingorrubio.© Jesus G. Feria.Jesus G. FeriaLa Raz—n

Al cumplirse el cuarto aniversario del traslado de los restos de Franco –el 24 de octubre de 2019– desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recibió un escrito en el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exige que los restos salgan definitivamente de un espacio público, en referencia al camposanto de Mingorrubio, «y se deje de obligar a sus víctimas a sufragar su tumba con sus impuestos». La referencia responde a que el cementerio es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que invirtió al menos 125.000 euros en reparaciones de un panteón que, mediante un convenio entre el Gobierno y el consistorio de la capital de España, es tutelado por el Estado.

Solo la exhumación costó al erario público 126.000 euros, de los que 75.000 se destinaron a acondicionar el panteón. Gastos a los que se sumaron otros 34.069 euros para el traslado en helicóptero y el especial que emitió RTVE.

Respecto a Mingorrubio, la tumba cuesta cada año al Estado 9.048 euros, según la respuesta que recibió en la pasada legislatura Carles Mulet, senador de Compromís en aquel momento. El Ejecutivo desglosó el coste: 754 euros al mes. Mulet también pidió conocer la titularidad de la parcela del enterramiento de Franco. El Gobierno respondió que los terrenos pertenecían a Patrimonio Nacional, pero que fueron cedidos en noviembre de 1959 al Ayuntamiento de Madrid, que puede «realizar las construcciones usuales en esta clase de recintos y conceder derechos de enterramiento y sepultura». La concesión del panteón a la familia Franco, en el que reposan este y su esposa, Carmen Polo, «se gestiona actualmente por la Dirección General del Patrimonio del Estado» y es la única que administra esta entidad en el camposanto.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, «que el Estado democrático no haya sido capaz en 47 años de extraer al dictador del espacio público explica que sus víctimas que no hayamos tenido acceso a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación». «Aunque sólo costase mantenerla un céntimo de euro, lo que significa para una cultura democrática mantenerlo dentro del espacio público es un precio muy alto que han pagado sus víctimas en un país cuyas élites han construido una compacta e intocable impunidad», dice la misiva enviada al ministro.

En la carta, la ARMH señala que la operación de traslado de los restos fue «totalmente irrespetuosa con las víctimas del franquismo, permitiendo que su familia sacase el ataúd a hombros, con lo que significa en nuestra cultura, regalándoles una costosa producción de televisión pública y consintiendo incumplir en varias ocasiones el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica 52/2007 que impide la exaltación del dictador en el recinto del Valle de los Caídos». Apunta también que «sacaron a hombros sus restos envueltos con el escudo personal de Franco (vulnerando la Ley 552/2007) y gritando en varias ocasiones vivas a Franco (volviendo a vulnerar la Ley 52/2007)».

Francisco Franco Martínez-Bordiú expresó a este diario su convicción de que el de su abuelo acabará siendo un «cadáver trashumante al capricho del que en ese momento esté en el Gobierno», de manera que, en su opinión, «la estadía en El Pardo será temporal». Fuentes cercanas a los Franco confirman que la familia «sigue sin tener llave» del panteón y debe solicitar a Patrimonio Nacional «con 48 horas de antelación» que se les facilite si van a visitar la sepultura.

Hoy, homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presidirá hoy el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que este año se celebra un día antes de la fecha oficial por la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.

La Ley de Memoria Democrática establece que el 31 de octubre se celebre este acto, pero la jura de la Princesa Leonor ha obligado a adelantarlo. Sánchez presidirá el homenaje en el Auditorio Nacional de Música de Madrid en el que también participará el ministro de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños.