Liberum pide a la juez de la dana que cite al particular que denunció la "inacción" del Gobierno ante Bruselas

La asociación Liberum, que lleva la defensa de víctimas de la DANA en la causa abierta en Catarroja, ha solicitado a la juez instructora que cite como perito (y, subsidiariamente como testigo) al particular que denunció estos hechos ante la Comisión Europea. El equipo jurídico de dicha asociación sostiene que tanto la denuncia como la posterior apertura de una "investigación preliminar" por parte de Bruselas son de "gran importancia", por lo que convendría escuchar en sede judicial al denunciante.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Liberum recalca que esta investigación que se abre en Europa es especialmente relevante para "la depuración de responsabilidades de las diferentes administraciones públicas". Por ello, pide que la causa que instruye la juez Nuria Ruiz adhiera la denuncia elevada a las autoridades europeas y la respuesta favorable que firma el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca.

El pasado 31 de marzo, Bruselas contestó al denunciante, que habían declarado "admisible" su petición, puesto que el asunto que plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea (UE). Por ello, se abrió una investigación preliminar y se remitió el asunto también a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

Las ayudas de la UE tardarán "meses"

En su escueta respuesta, Bruselas recordó que España solicitó "formalmente ayuda" el 5 de noviembre -siete después de lo ocurrido- al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para hacer frente a los estragos causados por la Dana y que causaron la muerte de 228 personas. Al respecto Bruselas recuerda que este Fondo cuenta con una dotación de hasta 1.144 millones euros anuales que puede utilizarse en casos de catástrofes naturales pero que el desembolso no es inmediato y que suele retrasarse unos meses.

Al hilo, también precisa en su respuesta que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha asignado a España 163.800 millones de euros en préstamos y subvenciones para que puedan ser invertidos hasta el año 2026 y que, desde que ocurrió la mortal riada, se han ido celebrando debates sobre este asunto tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo.

El denunciante, cuya comparecencia pide ahora Liberum, pidió en su misiva a la UE que investigara al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón por vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). En concreto, del artículo 2 sobre el derecho a la vida; el artículo 3 sobre el derecho a la integridad de la persona y el artículo 6, que reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad.

Investigación a Moncloa y a Mazón en la UE

Además, también denunció la vulneración del artículo 2 sobre el derecho a la vida del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) debido, dijo, a la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la Comunidad Valenciana durante el episodio de gota fría que comenzó el 29 de octubre del año pasado. El denunciante, Iván Esteve, expuso que su petición pretendía evidenciar la falta de medidas preventivas adecuadas y la deficiente respuesta de las autoridades en las horas siguientes al desbordamiento del barranco del Poyo.

La denuncia recoge el relato cronológico de los hechos acaecidos desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre e incide en que existe una "laguna" en la cronología oficial entre las 15:00 y las 20:00 horas de aquel 29 de octubre, en la que se desconoce qué acciones llevó a cabo Emergencias. Por ello, carga contra el Gobierno de Carlos Mazón por cuanto que no solicitó la ayuda correspondiente a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y también contra el Ejecutivo central, a quien acusa de no haber activado otros recursos, como las Fuerzas Armadas, pese a tener la facultad de hacerlo.

"Este hecho constituye una negligencia administrativa (...). No se activaron los recursos pertinentes en tiempo y forma a pesar de la capacidad legal y operativa existente para hacerlo. Esta omisión de acción por parte de las autoridades competentes, afecta tanto al Gobierno Central, que así se refleja en partes del texto de la presente petición, pues él mismo ofreció la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias en tres ocasiones, pese a tener la posibilidad de activarse", reza texto.

En lo que respecta a la vulneración de derechos contemplados en la CDFUE y en la CEDH, explica que la situación de emergencia que afectó a la Comunidad Valenciana era "claramente previsible" ya que, al estar registrada la información meteorológica, se estaba en disposición de prever el riesgo y tomar medidas adecuadas para proteger a la población.