Años de abusos en dos locales de A Coruña: un hostelero forzó a sus empleadas bajo la amenaza de perder el trabajo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 23 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a un hostelero por dos delitos continuados de agresión sexual agravada cometidos contra dos trabajadoras a su cargo en locales de hostelería de la provincia. La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, considera probado que el hombre aprovechó su condición de jefe y la situación económica precaria de las víctimas para someterlas durante años a tocamientos, amenazas y agresiones sexuales.

El fallo de la Audiencia, ahora ratificado por el alto tribunal gallego, impone además al condenado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de las dos mujeres durante más de veinte años, así como la inhabilitación especial para trabajar en cualquier empleo que implique contacto con menores. También deberá indemnizar a las víctimas con más de 47.000 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos, además de cumplir diez años de libertad vigilada tras salir de prisión.

Abusos reiterados bajo amenaza de perder el empleo

Según los hechos probados, el acusado era propietario y administrador de varios establecimientos —una vinoteca, un restaurante y una distribuidora de bebidas— y mantenía un trato diario y de autoridad sobre el personal. Una de las víctimas trabajaba como camarera desde 2007 y la otra como cocinera desde 2014. Ambas dependían económicamente de su salario y el acusado era plenamente consciente de ello.

Entre 2015 y 2019, el hostelero citaba a una de las empleadas fuera del trabajo o la retenía en el local cerrado para agredirla sexualmente, llegando en una ocasión a obligarla a practicarle una felación y en otra a penetrarla por la fuerza en una zona de aseos. Las amenazas de perder su empleo eran constantes. La segunda víctima sufrió durante años tocamientos, comentarios sexuales y agresiones físicas, incluyendo una penetración con los dedos en el interior del almacén de la vinoteca.

Ambas mujeres desarrollaron trastornos por estrés postraumático y requirieron tratamiento psicológico prolongado, según los informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) y la Fundación Meniños, que constataron un “intenso daño moral” derivado de los hechos.

La defensa alegó falta de pruebas

La defensa del condenado recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba y cuestionando la credibilidad de las víctimas. Sin embargo, el TSXG desestima el recurso al considerar que la Audiencia fue “minuciosa en el análisis de la prueba”, valorando tanto las declaraciones de las denunciantes como los informes periciales y los testimonios de compañeros de trabajo, que describieron un ambiente laboral “de tensión e incomodidad”.

El tribunal subraya que las declaraciones de las víctimas fueron “coherentes, persistentes y carentes de ánimo espurio”, y que las supuestas contradicciones “no alteran lo sustancial del relato”. Además, recuerda que las mujeres solo denunciaron tras descubrir que ambas habían sufrido abusos similares por parte del acusado.

El alto tribunal rechaza igualmente que pueda aplicarse la atenuante de reparación del daño, ya que la cantidad consignada por el procesado en el juzgado “no constituye una reparación voluntaria, sino una fianza judicial obligatoria”.

Sentencia recurrible ante el Supremo

La sentencia confirma en todos sus extremos la resolución de marzo de 2025 dictada por la Audiencia coruñesa y mantiene la condena de 23 años y seis meses de prisión. El fallo aún no es firme y puede ser recurrido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El TSXG recuerda en su resolución que las agresiones sexuales cometidas “no pueden ser desligadas de la relación jerárquica y de dependencia laboral” entre el agresor y las víctimas, lo que “agrava la gravedad de los hechos y su impacto psicológico”.