Barrabés acusa al juez de incorporar pruebas ajenas a la investigación y pide el archivo de su caso

Juan Carlos Barrabés, el empresario que se benefició de adjudicaciones del Gobierno tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez, ha pedido al juez que le investiga que le archive las diligencias al no constar "ni una sola evidencia" que acredite una influencia en los funcionarios para conseguir los contratos investigados. Además, denuncia que el instructor Juan Carlos Peinado se apoye en material obrante en las diligencias de la Fiscalía Europea para actuar contra él.

En concreto, sostiene que no se tendría que considerar como fuente de prueba el demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre presuntas irregularidades con las licitaciones, dado que ese informe se solicitó en el marco de las diligencias abiertas en la Fiscalía Europea y, por lo tanto, este es el órgano competente para investigar las adjudicaciones de Red.es a la UTE The Valley-Innova next.

"Dicho informe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía forma parte de la investigación de otro procedimiento y que no puede ser trasladado a otras actuaciones donde se juzgan otros hechos con los que no guarda ninguna conexidad, por lo que no puede ser utilizado como fundamento para concretar la imputación por otros hechos distintos (...). Por lo tanto, el Juzgado de Instrucción nº 41 es manifiestamente incompetente para trasladar a este procedimiento hechos, documentos o evidencias que están siendo valoradas en otro procedimiento", reza el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Sin indicios de delito

Así pues, considera que no se puede utilizar dicho informe para sostener su imputación en los juzgados de Plaza de Castilla y que el juzgado de Juan Carlos Peinado únicamente es competente para investigar los expedientes que no estarían financiados con fondos europeos. Al respecto asegura que los informes que obran en estas diligencias de la Guardia Civil y también de la IGAE sobre los contratos que aquí se investigan "descartan la existencia de cualquier indicio de criminalidad". Cabe recordar que se trata de oficios policiales que se adhirieron prácticamente al inicio de la causa y que se elaboraron con fuentes abiertas.

El informe de la UCO, con fecha de 2 de julio de 2024, determinó que, "en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes (...) la ejecución de los contratos, se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Por su parte, el primer informe de la IGAE expuso que "los contratos analizados fueron conformes con la normativa aplicable".

En relación con la adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, Barrabés dice que se efectuó en el año 2017, un año antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. "Difícil influencia podría tener la Sra. Gómez en esa época cuando su marido no era presidente del gobierno, no conocía al Sr. Barrabés y, cuando además el Ayuntamiento de Madrid estaba gobernado por otro partido político de distinto signo al del marido de la Sra. Gómez", alega.

Sin influencia de Begoña Gómez

"Además de que no se ha demostrado irregularidad alguna que haya determinado la adjudicación en favor de alguna empresa del Grupo Barrabés, así como tampoco la existencia de soborno vinculado a lo anterior, lo que desde luego no se ha acreditado ni se ha practicado prueba alguna sobre ello es que la Sra. Gómez haya influido en funcionario público alguno para favorecer la adjudicación de contratos públicos en favor de Innova Next SLU", determina.

Por todo ello, sostiene que las acusaciones populares no han podido concretar en qué consiste la supuesta influencia ejercida, ni tampoco la autoridad o funcionario público sobre la que se podría haber influido para beneficiar a su firma Innova Next. "¿Qué prueba hay de que el Sr. Barrabés interesase algo a cambio de dar dos clases en el módulo del máster? ¿Qué indicio fundamenta la existencia de un soborno? Ninguno. Porque no lo hay, es inexistente", concluye.