Les mostramos el documento que aterroriza a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja tiembla. Tras el ultimátum de su hijo Kiko Rivera ayer en Telecinco, que exigió a la tonadillera públicamente que le rinda cuentas de los movimientos que haya podido realizar en su nombre con los poderes que le otorgó hace cinco años, un nuevo proceso penal atemoriza a la cantante. La tensión en el día a día de la viuda de Paquirri parece no tener fin y los problemas se le acumulan.

Ayer, en el programa “Viva la Vida”, José Antonio Avilés hacía público el contenido de una querella criminal que desvela presuntas legalidades cometidas por Isabel Pantoja cuando, en 2015, vendió “Mi Gitana”, el chalet que compró junto a Julián Muñoz en Marbella.

Los hechos se remontan a 2004 cuando la constructora Codabe demandó a Panriver56, una de sus sociedades, por impago de las obras realizadas en el restaurante y discoteca Cantora Kopas que Pantoja explotaba en Fuengirola. Las obras fueron realizadas por una constructora malagueña, Codabe S.L., que finalizó las obras a tiempo para la inauguración del nuevo negocio de Isabel Pantoja, a pesar de las modificaciones realizadas sobre el proyecto y que incrementaron el presupuesto inicial. Ahí comenzaron los problemas ya que la empresaria se negó a pagar el aumento del presupuesto. El constructor malagueño llevó a Pantoja a los tribunales y a finales de 2004, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a la artista a pagarle 92.000 euros más las costas del proceso e intereses.

Ante el impago de la deuda, la constructora embargó dos de sus propiedades: la finca Cantora y la mansión marbellí bautizada por el ex alcalde como “Mi gitana”. Pero esta reclamación iba a tener consecuencias inesperadas cuando la empresa quebró y vendió la deuda de Isabel Pantoja a otra empresa del sector, la cordobesa Hormofer S.L que se convertía en la nueva acreedora de la tonadillera.

Un juicio preocupante para Isabel Pantoja que, en el momento de los hechos, tenía antecedentes penales

Según el documento al que hemos tenido acceso y que fue desvelado ayer por Jose Antonio Avilés, el 19 de julio de 2002, en escritura pública, se firma un reconocimiento de deuda en el que Codabe S.L cede Hormofer S.L., “el crédito litigioso seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid contra Panriver 56 S.L.”. Hormofer S.L, a través de su representante legal, se persona en el procedimiento que ya ha provocado el embargo de dos inmuebles de Isabel Pantoja que están a nombre de esta sociedad.

Agustín Pantoja, a quién la cantante otorgó poderes generales en noviembre de 2014, días antes de entrar en la cárcel de Alcalá de Guadaira, firma la venta de “MI Gitana”, una de las propiedades que tenían anotación de embargo por la deuda contraída con la constructora. Y es aquí cuando surgen los problemas para la tonadillera que, en 2017, es acusada junto a Codabe y al abogado de esta sociedad, de cuatro delitos muy graves penados con cárcel: estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes e insolvencia punible.

Hay que recordar que, en el momento que se presenta la querella, Isabel Pantoja acaba de cumplir condena pero sus antecendentes penales están vigentes. De hecho, en el documento al que hemos tenido acceso, el juez deja constancia de los antecedentes penales de los investigados.

La extraña venta de Mi Gitana a una sociedad opaca radicada en un paraíso fiscal

Con Isabel Pantoja en la cárcel, Agustín Pantoja se encargó de ultimar la venta de la mansión que fue el símbolo de su amor por Julián Muñoz. Si la compra de esta propiedad a Huracan del Oeste, una empresa radicada en Gibraltar de un constructor de Marbella beneficiado por las recalificaciones urbanísticas del consistorio marbellí, su venta a una empresa constituida ad hoc para esta operación y con sede en la isla de Jersey también iba a resultar polémica.

Así, en una operación de compraventa gestada in extremis tras el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, en el primer trimestre de 2015, Agustín Pantoja firma con la sociedad Grand Fashion Banus S.L la venta del polémico chalet de su hermana por 2.255.476 de euros.

Pero la vivienda de Marbella tenía cargas y deudas superiores al precio de venta por lo que se pactó, tal y como exigía el comprador, vender sin cargas. Para ello se pactaron quitas con los acreedores, entre los que se encontraba CODABE, el Ayuntamiento de Marbella, la Hacienda Pública y BANIF, la entidad bancaria que concedió el préstamo hipotecario. Así y a pesar de que quién debía cobrar la deuda era la constructora cordobesa, Pantoja pactó con Codabe una quita en su deuda. De los 87.775 euros pendientes de pago (más intereses y costas de 26.332) al que había sido condenada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid, acordó extrajudicialmente con el abogado de Codabe, Antonio Perez Porras, pagar 62.759.

Una venta que podría ser una auténtica estafa según la acusación.

Así y según consta en la denuncia de HORMOFER S.L, los abogados de Panriver 56 y Codabe presentan ante el juez madrileño un escrito dónde decían haber llegado a un acuerdo y solicitan el archivo del procedimiento, presentando un acuerdo en escritura pública por el que la empresa de Pantoja enajena las fincas que habían sido embargadas ante el Juzgado de Primera Instancia a la entidad Grand Fashion Banús S.L, entregando esta casualmente como pago un cheque de 62.759, 10 euros a favor del abogado de Codabe.

Estos son los hechos que provocan la denuncia a Isabel Pantoja, administradora única de Panriver 56 y al abogado de Codabe, Antonio Perez Porras, a los que imputan por cuatro graves delitos: estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Unos delitos que si pueden ser demostrados conllevarían cárcel para Isabel Pantoja. Pero además de prisión, la extraña operación de compraventa podría llamar la atención de la Agencia Tributaria que sigue muy de cerca las operaciones económicas de Isabel Pantoja y sus sociedades desde que fuera condenada por blanqueo de capitales.

El querellante va contra ambos: la constructora malagueña que cobró indebidamente y contra Pantoja, como administradora única de la sociedad Panriver 56. Según ha trascendido ahora, en diciembre de 2018 la cantante declaró mediante videoconferencia desde Chiclana ante el titular del juzgado número 3 de Marbella. Ella se defiende asegurando que la operación de compraventa y los hechos que se le imputan tuvieron lugar cuando ella se encontraba en la cárcel.

Pantoja tratará de convencer al juez que ella no era consciente de que la empresa a la que adeudaba más de noventa mil euros había vendido su deuda a un tercero y que pagó a sus acreedores para vender la casa libre de cargas. Según la defensa de la tonadillera, el cambio de deudor no se modificó en el registro por lo que lo desconocían por lo que ha solicitadoel archivo de la querella por entender que no es responsable, máxime cuando nunca estuvo presente en las negociaciones ni en la firma. Pero el procedimiento continúa colocando en una situación aún más complicada a la tonadillera, que se une a la reclamación de casi tres millones de euros de su hijo Kiko Rivera, que ayer anunciaba que estaba dispuesto a actuar judicialmente si su madre continúa negándose a darle las explicaciones que reclama desde el pasado noviembre.