
Tribunales
Nacho Cano rechaza conciliar con el comisario y vuelve a señalar al Gobierno: "Hubo abuso de poder"
Alberto Carba, al que el artista acusa de coacciones a sus becarios de Malinche, presentará una querella por injurias contra Cano
El productor musical Nacho Cano ha rechazado llevar a cabo el acto de conciliación al que le convocó el comisario de la Policía Nacional Alberto Carba por las acusaciones que le dirigió de "abuso de poder" sobre los 16 becarios mexicanos que participan en su musical Malinche y las ha ratificado, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
El artista, que sí acudió a su cita judicial de este martes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, a diferencia de Carba, le señaló como el responsable de que los jóvenes estudiantes "pasaran una tesitura de coacción" cuando fueron objeto de una inspección de Trabajo el pasado junio.
Cano aseguró en sede judicial que los becarios fueron "engañados" por el operativo que dirigió Carba aquel día de la inspección para llevarlos a la comisaría de Leganitos, donde les sometieron a un "interrogatorio durante 11 horas en el cual se les amenazó con deportarles y se intentó sobre todo en las chicas encontrar indicios de acoso sexual" sobre ellas por parte de la cabeza visible de Malinche.
Con el fracaso de, intento de conciliación, la defensa del comisario Carba, que ejerce el Sindicato Profesional de Policía (SPP), seguirá con las acciones judiciales contra Cano y se prevé que presente en su contra una querella por injurias.

A su llegada hoy a los tribunales de la madrileña Plaza de Castilla, ya advirtió que "no hay nada que conciliar" con el comisario Alberto Carba, y volvió a insistir en que esta situación se la ha generado el Gobierno, "desde Sánchez hasta Marlaska".
La situación a la que se refirió es la investigación judicial a la que se enfrentan él y sus más estrechos colaboradores en la dirección de la obra musical por presuntamente mantener a los becarios en nuestro país bajo una relación laboral simulada. La última decisión de la jueza Inmaculada Iglesias, que les mantiene imputados por los delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, ha sido ordenar la repetición de la inspección laboral que abrió el "caso Malinche" y que acabó descartando cualquier indicio de irregularidad en esta estancia formativa de los jóvenes bailarines.
"Lo que me han hecho está fuera de lugar. No hay nada que conciliar, voy a ir a tope hasta que descubra quien ha hecho esto", ha asegurado a los medios de comunicación, a su llegada en torno a las 09:50 horas. Cano ha comentado que está "tranquilo", y ante la pregunta de quién sospecha que está detrás de este caso, el productor ha insistido en que es un asunto del Gobierno: "Me lo ha hecho el Gobierno actual, desde el señor Sánchez y Marlaska y todo para abajo, pasando por Alberto Carba y todo el equipo".
"Tengo que seguir en esta pelea, me quita mucho tiempo de lo que yo he venido a hacer a la vida, que son hacer canciones y entretenimiento", ha expresado. Nacho Cano ha afirmado que el propósito del Gobierno es "distraer las movidas" mantienen y aseguró que cuenta con el apoyo de la calle.

"La gente está conmigo. Me felicitan por la calle y me dicen 'Nacho, dale duro'. Algo que también me han dicho ahora los Guardias Civiles. Hay un sentimiento general de que lo que me están haciendo a mí se lo están haciendo a todos", ha comentado, n este sentido.
"Es un ataque a un ciudadano que solo ha trabajado y ha dicho lo que piensa, y que en un momento dado apoya a Ayuso por dejar abiertos los teatros y pudimos desarrollar nuestro trabajo. Nunca pensé que me podía pasar esto", ha apostillado.
Pero, antes de abandonar el lugar, Cano ha zanjado que lo que más le ha dolido ha sido que en aquella jornada bajo el ojo de la Justicia mantuvieron a los becarios "11 horas en la comisaría sin ningún tipo de justificación" y que "les estuvieron engañando y coaccionando" el grupo de agentes que encabeza Carba como comisario. "Eso no lo voy a perdonar", concluyó.
De hecho, dos de estos agentes están siendo investigados por coacciones a los becarios mexicanos, después de que les denunciasen. Su declaración, prevista inicialmente para el próximo 27 de febrero, ha sido suspendida hasta que se remita al titular del Juzgado número 38 de Madrid un informe interno de la actuación policial que llevaron a cabo.
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