Sia y Daniel Bernard se enfrentan en tribunales por la custodia de su hijo, entre acusaciones de drogas, negligencia y presuntos delitos graves

La separación de Sia y el médico Daniel Bernard ha escalado rápidamente hasta convertirse en uno de los divorcios más polémicos de Hollywood, transformándose en una guerra legal mediática que pone en el centro la custodia de su hijo Summi, nacido en marzo de 2024. Tras dos años de matrimonio, ambos se acusan mutuamente de comportamientos extremos, mientras los tribunales intentan dirimir un caso que combina reproches personales, disputas económicas y alegaciones graves.

La cantante australiana, de 49 años, solicitó la disolución del matrimonio el pasado marzo alegando "diferencias irreconciliables", pero lo que parecía un trámite rutinario se ha convertido en un enfrentamiento feroz que refleja tensiones profundas. Según documentos judiciales, Berard, de 47 años, acusa a Sia de ser "una madre no apta", alegando problemas de adicción y abuso de sustancias, y sostiene que delegó casi todas las responsabilidades de crianza en un equipo rotativo de niñeras, mientras mantenía un control a distancia. Bernard reclama la custodia completa, supervisión de visitas, controles de drogas y participación obligatoria en clases de paternidad, además de una pensión mensual que supera los 300.000 dólares en manutención conyugal y para el hijo.

Sobria seis meses

En su respuesta, Sia niega categóricamente las acusaciones y enfatiza que su recuperación personal ha sido uno de los motivos centrales de la separación. Según su declaración judicial, ha permanecido sobria durante más de seis meses, con pruebas semanales y el acompañamiento de un compañero de sobriedad. La artista afirma que Summi ha estado bajo su custodia principal en todo momento y acusa a Bernard de intentar convertir su pasado con las adicciones en un arma para impedirle la custodia. "El estilo de vida nocturno y el consumo recreativo de drogas de Dan son incompatibles con un entorno saludable para nuestro hijo", argumenta.

El conflicto ha dado un giro más inquietante con la mención de una investigación previa contra Bernard por presunta posesión de pornografía infantil, realizada por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Servicios para Niños y Familias. Aunque la investigación fue cerrada sin cargos, Sia sostiene que esto refuerza sus temores sobre dejar a Summi sin supervisión con su padre. Bernard, por su parte, califica las acusaciones de montaje, afirmando que las imágenes fueron plantadas en un disco duro por una asistente de Sia, y niega haber tenido nunca acceso al dispositivo.

En su réplica judicial, Sia subraya que Bernard nunca ha pasado más de dos horas seguidas con Summi sin supervisión, y que cualquier régimen de visitas debería ser gradual y con apoyo de cuidadores experimentados, dada la corta edad del niño. Además, la cantante, que padece una rara enfermedad neurológica, acusa a su exmarido de motivaciones económicas: “Ya le he dado más de 300.000 dólares desde nuestra separación en marzo. El intento de Dan de usar mi sobriedad como arma no tiene ningún propósito legítimo y solo busca socavar mi credibilidad ante el Tribunal”.

Este enfrentamiento judicial es especialmente delicado por la naturaleza mediática de la vida de Sia, cuya privacidad ya ha sido objeto de escrutinio durante años. Es el segundo divorcio de la cantante, y la batalla por Summi no solo refleja disputas personales y financieras, sino también acusaciones de comportamientos extremos y delitos graves, elevando la atención pública a niveles inéditos.

Entre tribunales, declaraciones contradictorias y un conflicto mediático sin precedentes, la prioridad, según los documentos judiciales, debería centrarse en el bienestar del niño. Sin embargo, la exposición pública y las acusaciones cruzadas han convertido el caso en un escenario donde la intimidad y la reputación se entrelazan de manera compleja. La historia de Sia y Daniel Bernard evidencia los riesgos de las rupturas de alto perfil en Hollywood, donde la fama, el dinero y la custodia se combinan con acusaciones de graves irregularidades, creando un conflicto que promete mantenerse en los titulares durante meses.