El Consell rechaza las medidas alternativas de los abogados de oficio

VALENCIA- Los Colegios de Abogados de la Comunitat aseguran saber cómo ajustar el gasto del turno de oficio a lo presupuestado sin necesidad de tener que recortar las retribuciones de los letrados en un porcentaje cercano al 30 por ciento, como aprobó la Conselleria de Justicia y Bienestar Social el pasado mes. Sin embargo, según el Departamento que dirige Jorge Cabré, estas medidas alternativas son «inviables» y no supondrían, en muchos de los casos, ahorro alguno.
En este sentido, el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de la Comunitat y vicedecano del Colegio de Valencia, Rafael Bonmatí, afirmó ayer que el colectivo estaría dispuesto a aceptar una rebaja en las pagas de hasta un 15 por ciento, con la condición de que el Consell apruebe además un conjunto de medidas. Entre ellas, destacó la creación de un expediente electrónico que permita obtener toda la información de un ciudadano en 24 horas y que contribuya a mejorar el funcionamiento de la Comisión encargada de valorar si una persona es o no merecedora de un abogado de oficio, según su nivel de ingresos.
En esta línea, pidió que sea la propia Conselleria quien se encargue de emitir una factura para reclamar el pago del servicio prestado a aquel ciudadano con capacidad de costearse el servicio, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, la Comisión determina a posteriori si tiene o no derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Pero, según fuentes del área de Justicia, estas opciones no pueden llevarse a la práctica. En primer lugar, la creación de una base de datos electrónica dependería también de otros Departamentos y podrían violar la ley de protección de datos. En el caso de que la Comisión deniegue la asistencia gratuita, corresponde al propio letrado reclamarle al ciudadano el coste. Así, Justicia recordó que la gestión del turno de oficio corresponde a los propios Colegios, partida a la que se destina más de 300.000 euros.

«En pie de guerra»
Los letrados seguirán manifestándose en contra del recorte. Según Bonmatí, el servicio gratuito no corre peligro, pero podría estar en situación crítica, ya que muchos abogados se han dado de baja del servicio. Según explicó, no les sale rentable y puede incluso costarles dinero. Aseguró que el ajuste conlleva una pérdida de calidad. «No se puede atender con la misma dedicación si no se cubre ni el gasto en fotocopias». A esto hay que sumarle que, por la crisis, más personas tienen derecho a un abogado de oficio.