Blindar la libertad

Como estaba previsto después de que el PSC concediera libertad de voto para la sesión, el Parlamento catalán aprobó ayer, con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, prohibir las corridas de toros en esa comunidad a partir del 1 de enero de 2012. La brecha fue de 13 votos, cinco más que los ocho de diferencia que hubo en diciembre cuando se votó y aprobó la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la izquierda de ERC e ICV. El apoyo mayoritario de CiU y de su líder, Artur Mas, así como la fractura dentro del PSC y el Gobierno, con tres diputados que respaldaron la abolición (Josep Maria Balcells, Antoni Comín y Núria Carreras) y otros tres que se abstuvieron (el consejero Antoni Castells, Joan Ferran y Rosa Maria Ferrer), dieron la puntilla a los toros en Cataluña. El pleno representó para una comunidad autónoma, históricamente faro de libertades, un retroceso en tolerancia y pluralismo. Esa mayoría parlamentaria, que recogió el sentir de 180.000 ciudadanos de una población de varios millones, cercenó libertades individuales y pasó por encima del más básico respeto a la gente. El académico y poeta Pere Gimferrer lo definió en LA RAZÓN unas horas antes como «la más grave agresión cultural desde la Transición».La tramitación en el Parlamento regional demostró que no era un debate animalista, sino una estrategia identitaria, con el propósito de acentuar el diferencial con España, y qué mejor símbolo que erradicar la Fiesta Nacional. Por no hablar de la doble moral que ha permitido a los nacionalistas jalear al mismo tiempo las fiestas de los «corre bous», donde los pitones de los astados se convierten en antorchas durante horas. Los toros tienen un valor artístico, cultural y social indiscutible, y, desde este punto de vista, la decisión de la Cámara autonómica supone una pérdida irreparable. Pero Cataluña tendrá además que soportar la factura de una industria , unos puestos de trabajo y unos intereses arruinados, así como los efectos sobre el turismo y el comercio para una comunidad que corre el peligro de generar antipatía en el resto del país por la miopía de parte de sus dirigentes.Decíamos ayer que la clase política y la sociedad civil no podían resignarse ante este ataque a la libertad y que existían respuestas parlamentarias en las Cortes Generales para reconducir el despropósito. Celebramos que Mariano Rajoy hiciera ayer suya la propuesta de blindar las corridas de toros con una declaración de Interés Cultural General y una moción «en defensa de la libertad». En coherencia con sus planteamientos en el debate, el Gobierno y el PSOE deben compartir un acto de justicia que responde al interés de una inmensa mayoría de los españoles. Sería muy positivo que los dos grupos mayoritarios dejaran fuera del debate partidista un asunto en el que, por lo demás, hasta el propio José Montilla ha estado de acuerdo. La opinión pública no entendería vacilaciones ni tacticismos. No se puede consentir sin más que triunfen iniciativas que fomentan una Cataluña uniforme, una Cataluña oficial, una Cataluña políticamente correcta que ahoga a la Cataluña real, la de los ciudadanos.