En la frontera colombiano-venezolana, la ley es la que dictan las FARC y el ELN

La firma del tratado de Paz entre las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) y el Estado Colombiano, junto con la crisis político-económica que vive Venezuela, no ha hecho más que fomentar la implantación de los grupos terroristas en la región colombiana de Arauca y en la venezolana Apure. En esta zona fronteriza, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo de disidentes de las FARC -autodenominados “Frente Décimo Martín Villa”- , son quienes promulgan y hacen cumplir la ley (su ley).

Gran parte de la “legislación” que impera en las zonas controladas por los guerrilleros está recogida en “Normas unitarias de comportamiento y convivencia”, un manual redactado por los propios miembros de las FARC y del ELN: Quedan prohibidas las violaciones, los robos, los homicidios, imponen toques de queda. Llegan incluso a regular actividades tan inocuas como la pesca o el horario de los bares. Aunque también es frecuente que los pistoleros anuncien por megáfono o mediante carteles las disposiciones que van decidiendo los jerifaltes de los grupos armados. Todas estas “leyes” -evidentemente- no se aplican a sus miembros, que vulneran de forma continuada la vida, la propiedad y la dignidad de los civiles.

Recurren a todas las herramientas de las que disponen para “mantener el orden”. Desde la imposición de multas hasta el trabajo forzado, pasando por el homicidio, las violaciones y el saqueo de las propiedades de los civiles. En varias ocasiones, se encontraron notas firmadas por las propias FARC junto a los cuerpos de las víctimas, donde sus victimarios escribían su delitos: “informante”, “violador”, “ladrón”, (...)

Entre otras muchas violaciones de los Derechos Humanos, los guerrilleros reclutan a menores de edad, a los que ofrecen dinero, motos, armas (...) a cambio de unirse a sus filas. De acuerdo con “Los guerrilleros son la Policía”, el último informe de Human Right Watch, varias niñas que escaparon de su control denunciaron las violaciones y los abortos forzosos que sufrieron cuando estaban con ellos.

Esta organización también destapa la -cada vez más común- práctica de secuestrar a los vecinos de la zona (a veces durante meses) y convertirlos en esclavos en los bastiones que tienen establecidos -principalmente- en Venezuela, donde actúan con la connivencia de las autoridades.

En una entrevista con el periódico LA RAZÓN, el director de World Terror Watch, Mattia Caniglia, y la analista de seguridad internacional Soléne Métais, explicaron por qué las regiones de Arauca y Apure se han convertido en bastiones preferentes para las disidencias de las FARC y el ELN. Razonaban que hay tres factores que favorecen este tipo de insurgencias: la existencia de un vacío de poder, el descontento de la población local y la disponibilidad de recursos económicos que pueden ser explotados. Y en la frontera entre Colombia y Venezuela todos estos factores se cumplen.

Ni el Estado colombiano ni el venezolano tienen una presencia estable en la región. Especialmente en Venezuela, donde la guerrilla -especialmente el ELN- ha aprovechado la crisis humanitaria que vive el país para expandir su rango de acción, reclutar a nuevos pistoleros, aumentar sus riquezas con la minería ilegal, el tráfico de drogas, la extorsión, el contrabando, (...) para financiar su guerra contra el Gobierno colombiano. Además, la región de Apure (Venezuela) ofrece a las guerrillas un enclave geográfico idóneo en su retaguardia, que sirve como base para lanzar ataques y resguardarse tras la frontera. Así como para descansar, reabastecer sus fuerzas, realizar adiestramiento militar, trasladar cargamentos de cocaína (...)

Para Mattia Caniglia y Solené Métais, esta situación es similar a la que vemos en otras insurgencias terroristas en todo el mundo, como la que surgió en el norte de Mozambique después del descubrimiento de reservas de petróleo. La situación en la región ya era preocupante con los conflictos tribales y por la falta de presencia del Gobierno Central, pero la guerrilla empeoró notablemente la situación.

¿Una alianza con el chavismo?

Para Mattia Caniglia y Solené Métais, “es poco probable que haya un vínculo directo entre las acciones de estos grupos y el régimen venezolano. La realidad es que las fuerzas de Maduro no pueden mantener el control en todo el territorio”. Y es que, a medida que Venezuela se ha ido sumiendo progresivamente en la crisis política, económica y humanitaria, las fuerzas de seguridad y las autoridades de Venezuela han ido perdiendo influencia en el territorio, puede que no por la falta de efectivos, sino por la disponibilidad para corromperse.

“Este vacío de poder es particularmente notable en Apure. De hecho, permite que todos los grupos terroristas activos en la región aguanten y fortalezcan sus posiciones”, comentan los analistas de World Terror Watch. Sobre todo el ELN, que ha sido el grupo más activo a la hora de aprovechar el proceso de paz con las FARC y expandir su control territorial dentro de su país natal. También ha sacado rédito de la crisis provocada por Nicolás Maduro para implantarse en Venezuela, donde ha conseguido tener presencia en 12 de los 24 Estados.

“Sin embargo, otros informes sugieren que Maduro ha dado a estas guerrillas -especialmente a las disidencias de las FARC- un firme control sobre el tráfico de drogas transnacional, creando numerosos conductos para enviar cocaína desde Colombia a través de Venezuela a los Estados Unidos y Europa", explicaban los analistas de World Terror Watch. Una alianza que, por un lado, permitiría a las guerrillas acceder -a cambio de un precio- a la minería ilegal, a las rutas del narcotráfico, al reclutamiento de nuevos efectivos, (...) y a cambio las guerrillas pasarían a formar parte de una nueva línea defensiva en caso de incursión militar que, además, también serviría para desestabilizar a su mayor adversario en la región: el Gobierno de Iván Duque en Colombia. Uno de los mayores soportes de la oposición liderada por Juan Guaidó y el mayor receptor de exiliados venezolanos (más de 1,6 millones).

Muy lejos de la solución

Según Human Right Watch, la penetración de las fuerzas de seguridad y del Ejército no es suficiente para enfrentar de forma afrontar las agresiones de los guerrilleros a la población civil. Sobre todo en las zonas rurales, que se concentra -principalmente- en la protección a las instalaciones petroleras, un objetivo frecuente de las guerrillas comunistas. Según explicó un policía a HRW, en la práctica, los guerrilleros “son la Policía”.

Los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos que denuncian los abusos perpetrados por los pistoleros también son un objetivo prioritario. Pero la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de asignar escolta a personas en riesgo, solo cuenta con un delegado en la zona, que tampoco dispone de los medios necesarios para atender a las zonas rurales. Lo que dificulta enormemente su trabajo, y por tanto, sus resultados son -a todas luces- insuficientes.

Por si esto fuera poco, la Justicia tampoco funciona en la región: de los 400 homicidios que investiga la Fiscalía colombiana en Arauca, solo ha conseguido condenas por ocho de ellos, y ninguna contra miembros del Frente Décimo Martín Villa o del ELN. Y no solo por homicidios, la impunidad se extiende a todos los ámbitos delictivos: no hay ninguna condena contra los guerrilleros por las violaciones, las extorsiones, los robos o la imposición de trabajos forzados (…) que cometen en la región.

Como respuesta al problema, el Gobierno colombiano se ha comprometido a implementar los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (proyectos orientados a abordar la carencia de Estado de Derecho en cuatro municipios de Arauca) y una “Zona Estratégica de Intervención Integral” (operativo militar para desarticular toda la actividad criminal de estos grupos).

Human Right Watch -por su parte- no tiene muchas expectativas de que centrarse en la solución militar pueda dar los resultados esperados. Para este organismo, es necesario plantear una ofensiva integral, atacando por todos los frentes: justicia, economía, educación, (…).

Para los expertos de World Terror Watch, Mattia Caniglia y Solené Métais, “mientras el régimen chavista continúe en el poder en Venezuela, la derrota total de estos grupos seguirá siendo una posibilidad remota”. Porque, una vez que los grupos terroristas se refugian al otro lado de la frontera, quedan fuera del alcance de las fuerzas de seguridad colombianas.

Para los expertos, el Gobierno de Colombia debería centrarse en convencer a los disidentes de las FARC para que se desmovilicen y se unan a los esfuerzos de reintegración. De esta forma podrían contener a los grupos armados que operan a un lado y al otro de su frontera.