Trump firmará hoy la suspensión de las Green Cards para salvar “los empleos a los americanos”

Donald Trump ha amenazado con cortar toda inmigración a EE UU mientras dure la crisis del coronavirus. La medida, que nadie sabe bien cómo podría articularse legalmente, incluiría paralizar las llamadas Green Cards, las célebres Tarjetas Verdes, que otorgan la residencia permanente, así como todo tipo de visados. El presidente norteamericano ha avanzado esta mañana en Twitter que firmará la orden ejecutiva hoy.

Se trata de un aldabonazo muy en la línea de anteriores mensajes suyos. No tanto de un cierre de fronteras y suspensión de vuelos, como ha hecho numerosos países en varios continentes, sino como una suerte de congelación absoluta de la inmigración.

El primer tuit del presidente provocó una conmoción en Washington. «A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos!». Más allá de la retórica tremendista, está el hecho que Trump liga la protección del trabajo con el virus, de lo que parece deducirse que el coronavirus sería la última línea de ataque usada por los extranjeros para agujerear la seguridad y prosperidad de los ciudadanos estadounidenses.

En realidad, habida cuenta de que EE UU es ahora mismo el epicentro mundial de la pandemia, casi parecería más razonable que otros países anuncien que evitarán durante un tiempo prudencia la afluencia de emigrantes estadounidenses. El anuncio presidencial tuvo todo el aspecto de un pronto no meditado. Uno más de sus golpes de efecto. Por encima de las recomendaciones de sus asesores, incluidos destacados miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

En realidad, y tal y como han adelantado periódicos como el “New York Times”, la medida estaría siendo discutida desde hace días, y se espera que el presidente formalice el anuncio en cuanto los servicios jurídicos que trabajan con la presidencia den el visto bueno legal. El rotativo neoyorquino explicaba que al frente del proyecto estaría Stephen Miller, destacado ideólogo y hombre fuerte de la Casa Blanca para la inmigración, así como el jefe de política y estrategia para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Robert Law.

Queda por aclarar, por ejemplo, qué invocará la Casa Blanca. Si la seguridad nacional, a causa de la epidemia, o la protección de los empleos, duramente castigados y con unas tasas de desempleo que aumenta en más de cinco millones por semana. El argumento económico, sin duda, puede pesar si lo enfoca, aunque sea de forma retórica, a la situación de ciudades como Nueva York. Donde se estima que pueden quebrar más de la mitad de los restaurantes y donde la gran destrucción del empleo afectará a sectores que dan trabajo a muchos inmigrantes. Claro que esas personas ya están en EE UU.

Más allá tampoco está claro qué contendrá el plan y en qué consistirá. Resulta determinante saber a quién afectará y durante cuánto tiempo. Tampoco está claro cómo responderán sectores tan estratégicos como el de Silicon Valley, que hace presión desde hace años para lograr que la Casa Blanca abra la mano en cuanto a aumentar los cupos. O sectores como el de la agricultura, permanente urgidos de los servicios de una mano de obra no cualificada que llega, principalmente, desde México y Centroamérica.

La agencia de noticias Bloomberg adelanta que entre los privilegiados que podría evitar el veto están los trabajadores de la salud y los de la alimentación. Nada se sabe, eso sí, de colectivos como los DACA, los cientos de miles de niños y jóvenes criados en EE UU, el país donde han estudiado, el único que han conocido, hijos de inmigrantes ilegales, que enfrentan desde hace años la espada de su expulsión a unas naciones en las que, por regla general, nunca han estado.

Si parece claro que las asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han respondido ya en contra. Nada que pueda preocupar al presidente en términos electores, dado que conectan ideológicamente con un segmento del voto que optará por el candidato demócrata, Joe Biden, en otoño con independencia de lo que haga o deje de hacer Trump.

La prensa,, a la que el presidente tacha de “fake news” también ha reaccionado airada. Pero para todos ellos, que no cesan estos días de exigirle responsabilidades por su gestión de la crisis, ha tenido palabras de munición gruesa. «Es sorprendente que me haya convertido en presidente de Estados Unidos», ha escrito en Twitter, «con unos medios de comunicación tan corrupto y deshonestos, que me persiguen todo el día y toda la noche. ¡O soy realmente bueno, mucho mejor de lo que las ‘fake news’ quieren admitir, o ya no tienen el poder que alguna vez creyeron tener!».

Poco después, aludiendo a lo que comentaban varios programas afines, que ellos sí celebran su actuación, Trump añadió que ha «recibido valoraciones excelentes toda mi vida, no es nada inusual raro para mí». Todo esto misntras la Universidad de John Hopkins da como segura la cifra de al menos 803.575 casos y 43.663 muertos por Covid-19.

Lejos de firmar la paz con los Estados, la Casa Blanca, por boca del fiscal general, William Barr, ha asegurado que varios gobernadores habrían pisoteado la legalidad al anteponer una serie de medidas arbitrarias sobre las salvaguardias constitucionales.

Aluvión de querellas de los sanitarios

Por si fuera poco se aproxima otro tsunami, éste en los tribunales, con decenas de demandas contra el Gobierno federal, los gobernadores estatales y numerosas empresas por el papel que cada uno de ellos ha desempeñado durante la crisis. Desde la New York State Nurses Association, sindicato de enfermeras de Nueva York, que ha demandado al Estado de Nueva York y a dos hospitales, el Montefiore Medical Center y el Westchester Medical Center, al entender que no les proporcionaron los medios de protección necesarios contra el coronavirus, a las demandas contra la cadena Fox, la lucha será feroz.