Lluvia de demandas billonarias contra China “por negligencia” en su gestión del coronavirus

Tambores de guerra para llevar al banquillo de los acusados a China. Nada más y nada menos. Estados Unidos es el principal foco de esta corriente que pretende sentar al Gobierno comunista delante un juez para que pague por la irresponsabilidad que muchos expertos, abogados y congresistas conservadores atribuyen a Pekín en su gestión del coronavirus.

En un país como Estados Unidos donde cualquier diferencia es carne de juzgado, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia que se ha cobrado decenas de miles de muertos está en manos de abogados, que han pasado a la acción en las últimas semanas dando forma a las amenazas surgidas en medios, políticos y empresarios norteamericanos.

Esta ola de actuaciones judiciales corre en paralelo a la exigencia de responsabilidades a Pekín surgidas no solo en EE UU sino también en Reino Unido y otros países de Europa. Londres y Washington ya han anunciado un cambio en las relaciones bilaterales con el gigante asiático por lo que consideran fallos en la identificación y comunicación a la comunidad internacional de los primeros datos sobre el covid-19 a finales de diciembre y primeros de enero.

El estado de Missouri, en Estados Unidos, fue el primero en plantear una demanda contra Pekín por este motivo. “El gobierno chino mintió al mundo sobre el peligro y la naturaleza contagiosa de COVID-19, silenció a los denunciantes e hizo poco para detener la propagación de la enfermedad”, proclamó el fiscal general de este estado, Eric Schmitt. “Deben hacerse responsables de sus acciones”, dijo. Después de Misuri se han anunciado numerosas demandas. Una de ella incluye a más de 40 países en una acusación formal presentada el mes pasado dirigida a China, en la que piden una compensación billonaria por permitir el brote y después encubrirlo.

Existe otra demanda de los trabajadores sanitarios de EE UU que culpa a las autoridades del país comunista de acaparar el material médico durante la crisis, provocando escasez. En la cascada de reclamaciones judiciales figura la interpuesta por una firma de abogados en un juzgado de Las Vegas representada por Robert Eglet, quien ha anunciado una demanda colectiva contra el Gobierno chino por “negligencia y responsabilidad estricta por realizar actividades ultrapeligrosas”. “Entre el 17 de noviembre de 2019, cuando se detectó el primer caso hasta el 11 de febrero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 una pandemia, la República Popular de China engañó intencionalmente a la comunidad internacional”, dijo Eglet durante una conferencia de prensa.

El presidente Donald Trump y su equipo han alentado las insinuaciones de que el virus habría salido de un laboratorio de Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia. Aunque no ha mostrado evidencias de semejante acusación, el mandatario ha asegurado que van a investigar a Pekin por si la aparición del brote no hubiera sido un error sino algo deliberado.

La teoría que sale de la Casa Blanca y que defienden ardientemente los abogados del país es que China encubrió la verdadera magnitud de la pandemia contribuyendo de esa forma a que se propagara por todo el mundo. Esa negligencia, concluyen, ocasionó cientos de miles de millones de dólares en pérdidas económicas a pequeñas empresas y negocios de todo el país además de haberse cobrado la vida de decenas de miles de personas.

Aunque la firma de abogados de Nevada apela a las pérdidas ocasionados en el negocio de los casinos, sus impulsores están abiertos a que otros sectores del país se sumen a la acusación. Eglet recalcó que la demanda no se dirige a ciudadanos chinos sino contra las autoridades chinas y su gobierno, que tiene activos y bienes en EEUU equivalentes a “billones” de dólares. A su juicio, la "inmunidad soberana, que protege a las naciones de la acción civil, no aplica en este caso.

También han surgido voces desde Estados Unidos que piden a la ONU la apertura de una investigación que aclare como se originó el brote y cómo fue gestionado por parte de China en los inicios. Se sabe que China encarceló y silencio con amenazas a varios periodistas locales que trabajaban en Wuhan informando sobre lo que entonces era una misteriosa infección respiratoria. El gobierno comunista también impidió que una misión de la Organización Mundial de la Salud entrara al país en enero para analizar de cerca la situación del covid-19. China también ocultó información valiosa durante al menos una semana sobre la posibilidad de que los asintomáticos transmiten la enfermedad.

Está por ver que este alud de demandas judiciales presentadas y anunciadas sean admitidas a trámite en los tribunales. Y en caso de que se inicien los juicios habrá que esperar para conocer si los magistrados reconocen a los demandantes a exigir compensaciones a China. Las posibilidades de éxito de las demandas no parecen muy halagüeñas debido a que la ley estadounidense prohíbe acciones judiciales contra gobiernos extranjeros bajo el principio de inmunidad soberana.

De momento, esta semana el senador republicano Josh Hawley, muy cercano a Trump, presentó un proyecto de ley que permitiría a las víctimas de la pandemia demandar directamente al Partido Comunista Chino. La llamada Ley de Justicia para víctimas del Covid-19, plantea quitar al Gobierno chino su inmunidad soberana. Además, se creará un grupo de trabajo del Departamento de Estado para investigar la gestión del brote en Pekín y ayudar a asegurar el dinero del gobierno chino para las víctimas. “El Partido Comunista Chino desató esta pandemia”, aseguró el senador Hawley. “Deben rendir cuentas a sus víctimas”.

Una de las demandas originadas en Estados Unidos fue presentada por el despacho Berman Law Group, en Florida, y sostiene que aunque las naciones tienen inmunidad legal existen excepciones en la ley estadounidense cuando se producen daños personales y a la propiedad derivadas de acciones en el extranjero. Jeremy Alters, jefe de Estrategia de la firma basada en Miami, aseguró que “los líderes chinos deben rendir cuentas por sus acciones”. “Queremos que paguen por lo que han hecho. Han desencadenado una pandemia mundial”, clamó Alters, quien destacó que hace unos años el grupo legal ganó un caso contra China por 1.200 millones de dólares por la fabricación de materiales de construcción defectuosos.

El Daily Mail explica el caso de uno de los demandantes, una administradora de Nueva York de nombre Lorraine Caggiano, quien se contagió de coronavirus junto con otros nueve miembros de su familia durante una boda. Su padre y su tía murieron en marzo a causa de la enfermedad.

Esta guerra de imagen y propaganda que están librando a brazo partido las dos grandes potencias no ha caído en saco roto. En Estados Unidos un sondeo divulgado estos días indica que 66% de los estadounidenses tienen una mala opinión de Pekín. Mientras, en China, los medios del régimen piden una respuesta simétrica a lo que consideran el acoso de Trump con medidas de tipo económico, dejando de enviar material sanitario al gobierno federal y hacerlo solo a los gobernadores