Vladímir Putin

Rusia da el “sí quiero a Putin” y le permite ser presidente hasta 2036

El zar se eterniza en el poder. Según las autoridades, el 72% de los rusos aprueba las reformas a la Constitución, en un plebiscito denunciado por la oposición por los atropellos y el fraude

Rusia.- Primeros resultados señalan la aprobación de las reformas constitucionales en Rusia con un 72% de voto a favor
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vota en el referéndum constitucional sin guantes ni mascarillasPRESIDENCIA DE RUSIA01/07/2020larazonPRESIDENCIA DE RUSIA

No ha habido sorpresas. La reforma de la Constitución rusa fue aprobada ayer en el referéndum propuesto por el presidente ruso Vladimir Putin el pasado mes de enero y que no pudo celebrarse el pasado día 22 de abril por la situación del coronavirus. Finalmente, el 72% de los rusos se pronunció de manera favorable por cambiar la Carta Magna rusa, con una participación del 65%, que ha sido muy alta a pesar de la amenaza de la pandemia, lo que permitirá al presidente ruso seguir ocupando la silla principal del Kremlin, pudiendo poner de nuevo los contadores a cero en las elecciones del año 2024 y pudiendo optar después a un mandato más (en Rusia los períodos presidenciales son de seis años) que terminaría en el año 2036, fecha en la que cumpliría 83 años.

Más años en el poder que Stalin

De ser así, Putin superaría los 36 años de poder en el país más grande del mundo y se convertiría en el tercer mandatario ruso con más tiempo en activo, por detrás de Iván el Terrible y Pedro el Grande, pero superando al propio Stalin, que gobernó durante 29 años.

Por primera vez en la historia del país, y debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, los colegios electorales han permanecido abiertos durante una semana (desde el pasado día 25 de junio) y en las regiones de Moscú y Nizhnii Novgorod los electores han podido ejercer su derecho al voto a través de internet, iniciativas que a pesar de disparar el índice de participación han sido denunciadas por la oposición, que ha criticado que dichas medidas han podido multiplicar las opciones de fraude.

Asistentes a la manifestación en Moscú contra las enmiendas constitucionales
Asistentes a la manifestación en Moscú contra las enmiendas constitucionalesFernando SalcinesEFE

Críticas de la oposición

Fue precisamente la oposición y diversos colectivos críticos con el Kremlin quienes han denunciado que la nueva Constitución se pusiese ya a la venta hace varias semanas en las librerías y convocaron una manifestación en el centro de Moscú en la que finalmente se vio a más efectivos de la policía que a manifestantes, sin haberse producido detenciones.

Las reformas aprobadas

A pesar de que la Constitución rusa es reciente, fue aprobada en 1993 también por referéndum, la Duma (Parlamento ruso) venía proponiendo durante los últimos años una reforma parcial que contemplara la realidad de la Rusia actual, que políticamente no se parece mucho a la de Boris Yeltsin.

Fue el propio presidente Putin quien, finalmente el pasado mes de enero presentó propuestas de cambios en la Carta Magna rusa anunciando la formación de un comité de expertos que redactaría las reformas necesarias que se llevarían a referéndum y, solo con la aprobación de los rusos, se cambiarían hasta 42 artículos de los 137 que la componen, dando cabida a 200 enmiendas aprobadas previamente.

La Comisión para llevar a cabo las enmiendas constitucionales ha estado formada por más de 70 personalidades de la política, la cultura y la sociedad rusa, que durante los últimos meses ha lanzado y discutido cientos de propuestas ante la atenta mirada de los medios de comunicación.

La nueva Constitución, de corte más conservador, destaca valores como la familia, la religión y el amor a la patria como pilares fundamentales que pretende preservar plasmándolos en esta nueva ley y declara el carácter indiscutible de la integridad territorial del país y la soberanía sobre sus territorios, hablando por primera vez de la defensa de la verdad histórica con el fin de no reescribirla de cara a las próximas generaciones, marcando las distancias con otros países de la extinta Unión Soviética, a los que ha acusado de falsear la historia del pasado Siglo XX, sobre todo en lo relacionado con el papel de estos en la Segunda Guerra Mundial. Da una especial relevancia a la cultura del país y al idioma ruso, y considerándolos un patrimonio que debe protegerse y desarrollarse.

Además, defiende la conservación y protección de los monumentos históricos como testigos de la historia de Rusia. Otros de los cambios plasmados en la ley regulan la edad para acceder a la jubilación y garantizan ajustar las pensiones a la realidad económica del país aumentando su cuantía anualmente de acuerdo con la inflación o iniciar una reforma en el sistema sanitario que lo convierta en más accesible y efectivo.

Asimismo, la nueva Constitución hace especial mención a la familia, defendiendo y potenciando la maternidad y reconociendo como uniones entre personas solo las de distintos sexos, cerrando la puerta a la unión homosexual y hace mención especial a los derechos y protección de los trabajadores y a un sueldo mínimo digno, que se revisará todos los años.

Un aspecto importante dentro de las reformas aprobadas es que el candidato a presidente del país no debe ostentar otra nacionalidad que no sea la rusa, ni haber sido anteriormente nacional de otro país, medida aplicable a los altos funcionarios del Estado (diputados, senadores, ministros, gobernadores o jueces), que no podrán optar a dichos cargos en el caso de tener residencia o cuentas fuera de la Federación de Rusia. También merece mención la nueva medida que reconoce la supremacía de la Constitución rusa sobre decisiones aprobadas en tribunales internacionales, ya que establece que de ninguna manera se pueden violar los preceptos de la Carta Magna rusa.

Esta reforma fue criticada la pasada semana por el portavoz de política exterior de la Unión Europea, Peter Stano, quien afirmó que “los cambios constitucionales no deben usarse para justificar la posible desviación de sus obligaciones internacionales, incluida la obligación de implementar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.