Maduro estrecha el cerco al círculo interno de Guaidó

Londres “ha reconocido de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela. Lo que necesariamente implica que ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente”, apunta el texto del juez que da fin a la disputa sobre qué autoridad venezolana puede tener control sobre lingotes de oro depositados en las bóvedas del banco.

La decisión le otorga a Juan Guaidó y la junta “ad hoc” que su gobierno designó para el Banco Central de Venezuela, el control no solo de las 30 toneladas de oro que aún se encuentran en la capital inglesa, sino también más de 120 millones de un contrato de intercambio de oro negociado con el banco Deutsche Bank.

Ello no quiere decir que el dinero está a disposición todavía del interinato, pues no solo irá a un proceso de apelación por parte del régimen de Maduro -que no luce tener oportunidad de voltear el resultado- sino porque, después de todo, son reservas y no dinero en efectivo.

En Caracas, la respuesta fue criminalizar a Guaidó. Desde la Fiscalía se anunciaron órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes contra los miembros de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que fue nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, incluyendo España.

Los acusados y ahora considerados prófugos están todos fuera del país, incluyendo a José Ignacio Hernández, Julio Borges y Carlos Vecchio a quienes se les activaron procesos de este tipo hasta por cuarta vez, sin mayor consecuencia real.

La respuesta del chavismo tiene objetivos ulteriores, ratificar la intención de Maduro de obligar a que todo aquel relacionado con Juan Guaidó, que sigue en libertad en Caracas a pesar de acusaciones criminales hechas desde el régimen, deba mantenerse fuera del país.

En este momento, Guaidó es casi el único integrante de su gobierno que permanece en el país.

Su comisionado para relaciones exteriores, su directiva del Banco Cental, su directiva de Pdvsa, su directiva de Citgo -una petrolera en EE UU-, sus encargados diplomáticos en distintas partes del mundo, están todos exiliados, con promesas de cárcel en caso de pisar Venezuela por “usurpación de funciones”, según la narrativa chavista.

Quienes permanecen dentro del territorio son el comisionado para derechos humanos Humberto Prado, un cargo parlamentario que nunca se ha calificado a sí mismo como ministro, o el doctor Julio Castro, jefe de la misión médica designada por la Asamblea Nacional para atender la pandemia del coronavirus y quien firmó el acuerdo con el régimen de Maduro y su ministro de Salud para gestiones conjuntas ante la Organización Paramericana de la Salud.

Es, por tanto, un gobierno interino incapacitado de operar en Venezuela, y un régimen autoritario que controla el territorio pero sin reconocimiento ante el mundo occidental y, por tanto, sin la posibilidad de gestionarse en el esquema global, más allá de su depedencia de redes criminales y operaciones turbias que han sido denunciadas como alternativas de financiamiento de la dictadura.

El tema no es baladí, pues en diciembre serán unas elecciones parlamentarias que el chavismo ha ordenado para dar por finalizado el mandato legal de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. La oposición denuncia que se trata de una farsa, ante la cual se plantea presionar hasta lograr comicios que sirvan “para elegir, para por decidir”. Y no solo votar por votar.

La opción planteada, no sin fuertes críticas, es actuar en base a la “continuidad administrativa”, y mantener al actual parlamento y la encargaduría presidencial de Guaidó hasta tanto pueda haber sufragios democráticos.

Claro que de ocurrir, el interinato y hasta los diputados tendrían que terminar el exilio pues pudieran desatarse capturas por "usurpación de funciones" como ha pasado también antes con magistrados nombrados por la Asamblea Nacional para sustituir a quienes controlan el actual TSJ.

La respuesta de los críticos es que se trata de una “fantasía”, a la cual varios diputados no se prestarían. Es un debate abierto todavía.

Para el analista Luis Vicente León, si el régimen logra su objetivo de convertir a la oposición “institucional” es un movimiento de lucha en el exilio, incluso con todo el apoyo de los aliados internacionales, la posibilidad de cambio se reduce dramáticamente como pasó en Haití, Cuba o Irán.

El internacionalista Luis Daniel Álvarez lo ha comparado incluso con España: “Los españoles tuvieron un gobierno en el exilio con gente muy valiosa, pero no tenía ninguna incidencia real”.

El historiador y ex rector de la Universidad del Zulia ha recordado que “los republicanos españoles crearon un gobierno en el exilio. México fue su sede y recibió el apoyo de todo el mundo comunista o bajo la influencia de Rusia. Sus integrantes,murieron en el exilio”.

José Ignacio Hernández, el ex procurador de Guaidó, dice que “si la comunidad internacional desconoce la elección parlamentaria que el régimen intenta montar, significa que va a seguir reconociendo a la Asamblea Nacional que está en funciones hoy”.

¿Cuánto dinero protege Guaidó?

Además de la democracia en Venezuela, el debate público habla mucho de dinero. El gobierno interino de Juan Guaidó ha logrado proteger de la depredación chavista miles de millones de dólares en fondos internacionales de la república.

Hasta ahora no se ha informado cuántos recursos se han podido “proteger” y “recuperar” de las manos del chavismo. Pero sí que son fondos acosados, por acreedores internacionales por ejemplo, que ponen en peligro mantener el control de Citgo en Estados Unidos, por ejemplo. “Quiero dejar claro que nuestra idea no es perjudicar a los venezolanos, sino evitar que Maduro tenga acceso a esos fondos y se pierdan en corrupción y malos manejos”, ha dicho Ricardo Villasmil, presidente de la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela.

Como Hernández antes, Villasmil niega que el interinato esté sentado sobre mucho dinero.

“Es como tener muchas tarjetas de crédito, pero bloqueadas”, ha especificado.

“El Banco Central es el que ha logrado controlar fondos, y, aparte de los 342 millones de dólares que pudimos traspasar de un banco comercial a la Reserva Federal de Nueva York, no hay mucho más. Los otros recursos están bloqueados por los gobiernos de los países donde se encuentran depositados, y no se pueden tocar hasta que las autoridades de esas naciones tomen la decisión política de entregarlos al Gobierno interino”.