La tensión se dispara con la encarcelación de la ex presidenta Áñez

El choque político en Bolivia ha llegado a las calles. Las tensiones entre el bloque progresista y conservador se han multiplicado debido a la prisión preventiva de cuatro meses decretada contra la ex presidenta interina, Jeanine Áñez, por la investigación del supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. El lunes varias marchas pidieron su libertad. Los comités cívicos regionales afines a Añez emitieron un comunicado el martes por la noche exigiendo una amnistía para todos los “que lucharon por nuestro país”.

Las organizaciones ciudadanas hacen referencia a la dimisión de Evo Morales tras la denuncia de la oposición de “fraude” en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y las presiones de la cúpula militar. Estas organizaciones amenazaron con un paro nacional: “Todo el país ingresará en un paro cívico en caso de arresto o detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares, por el caso de golpe de Estado”. Estas organizaciones han llamado a los opositores a “defender nuevamente la democracia” y reeditar si es necesario las protestas callejeras.

La amenaza de paro fue rechazada por los movimientos sociales y los sindicatos nacionales agrupados en torno a la organización Pacto de Unidad, aliada del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Pacto de Unidad convocó ayer marchas populares en todo el país el lunes 22 de marzo. Las marchas “en defensa de la democracia, por la justicia y y por los mártires en el golpe de Estado de 2019” constituirán “un rechazo democrático a la acción golpista de los comités cívicos”, defendió Henry Nina, uno de los líderes de la plataforma.

Tras un silencio de tres días en plena tormenta política, el presidente Luis Arce reapareció este martes con un mensaje sobre la economía. El delfín de Morales no pronunció ni una palabra sobre el conflicto político ni a las protestas del lunes contra su Gobierno en varias ciudades en las que se exigió la liberación de la ex mandataria golpista. “La derecha busca desinformar con mentiras”, publicó en Twitter.

La Confederación de Mujeres Campesinas añadió que los movimientos sociales no solo respaldan los procesos iniciados, también exigen que se amplíen a otros líderes de la derecha que fueron parte del “golpe contra la democracia” citando a los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).

Áñez y dos de sus ex ministros están en prisión preventiva mientras avanza la investigación de la fiscalía que los acusa de “sedición, terrorismo y conspiración”. La policía busca a otros ex ministros de Áñez. Dos ex jefes militares también han sido detenidos. El abogado de Áñez criticó el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) al considerar que la petición de un juicio justo no respaldaba a Añez. Por su parte, el presidente boliviano, Luis Arce, afirmó que analiza llevar a juicio al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por sus “persistentes acciones de injerencia” y su “intervencionismo colonialista durante el proceso electoral de 2019, que culminó con el golpe de Estado contra el derrocado mandatario Evo Morales.

El Ministerio de Justicia de Bolivia planteará una proposición acusatoria solo contra Jeanine Áñez por emitir el decreto que permitió a los uniformados usar armas de fuego en 2019. Entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, los militares se enfrentaron contra ciudadanos que rechazaron el golpe de Estado contra Morales en las ciudades Senkata, Sacaba, Huayllani, Pedregal, Montero y Potosí. Los militares terminaron con la vida de al menos 40 civiles. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia garantizó independencia y respeto a los derechos. La oposición desconfía de la Justicia. La enorme tensión entre los bloques conservador y progresista vuelve a estallar en Bolivia.