El Gobierno de Boris Johnson estudia la posibilidad de que los pubs puedan exigir a los clientes un certificado de vacunación para poder entrar en el local. El “premier” no descartó la idea al ser preguntado al respecto durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de enlaces entre ministerios.

“Hay tres componentes básicos. Está la vacuna, está la inmunidad que uno podría haber tenido después de haber pasado la covid, y los test. Son tres cosas que podrían funcionar juntas”, señaló. “No he tomado aún una decisión al respecto, pero lo que está claro es que ninguna medida se aplicará para el 12 de abril”, matizó.

Es para mediados del próximo mes, cuando los pubs podrán reabrir solo sus terrazas. La campaña de vacunación está bastante avanzada. Más de la mitad de la población adulta ya ha recibido el primer pinchazo. No obstante, no se espera que para entonces puedan estar vacunados todos los menores de 40 años.

Los pubs podrán abrir la zona de interior para mediados de mayo, siempre que los casos continúen disminuyendo. No obstante, la medida podría aplicarse a partir del 21 de junio, cuando está previsto que acaben todas las restricciones sociales. Para finales de junio, se espera haber ofrecido el primer pinchazo a toda la población adulta. En cualquier lugar, la vacuna no es obligatoria. Y luego hay casos, como las embarazadas o niños, que no se la pueden poner. Para ellos se podrían pedir pruebas negativas.

De momento, es tan solo una consideración. Pero la  medida ha creado gran polémica, incluso dentro de las propias filas “tories”. El diputado Steve Baker señaló que era una “trampa espantosa” y penalizaba injustamente a aquellos a quienes se recomendaba por algún motivo no vacunarse. Por otra parte, el conservador William Wragg plantea hasta qué punto estos planes son a Johnson son “compatibles con una sociedad libre” como la británica.

Kate Nicholls, consejera delegada del organismo hostelero UKHospitality, consideró que es “crucial que visitar el pub u otros lugares de hostelería no se someta a un certificado de vacunación obligatorio”, al tiempo que opinó que la medida que estudia el Gobierno es “simplemente impracticable” y derivará “casi seguro en infracciones a las normas de igualdad”.

El gran objetivo del Gobierno es no poner en riesgo el exitoso programa de vacunación. Y para ello, no está dudando en llevar a cabo una desescalada muy lenta del actual confinamiento. Tras una votación en la Cámara de los Comunes, donde cuenta con mayoría absoluta, el Ejecutivo consiguió ampliar por otros seis meses los poderes especiales para lidiar con la pandemia.