Birmania
Suu Kyi comparece en persona ante un tribunal por primera vez tras el golpe
La nobel de la paz se enfrenta a seis variopintos cargos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos o vulnerar las normas sobre la covid-19
Tras casi cuatro meses bajo arresto domiciliario y sin apenas contacto con el exterior, la depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, compareció hoy en persona por primera vez en una audiencia judicial. La mandataria, que hasta ahora solo había podido reunirse con su equipo legal por videoconferencia, aprovechó la ocasión para desear “buena salud a la gente” e insuflar ánimos a su formación política, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), que está bajo el punto de mira de la Comisión Electoral desde que esta anunciara que podría disolverla próximamente.
“Nuestro partido surgió de la gente, así que existirá mientras la gente lo apoye”, le contó Suu Kyi al cabeza de su equipo legal Khin Maung Zaw. Sus abogados indicaron que durante estos meses “La Dama” no había tenido acceso a los periódicos y tan solo estaba al tanto parcialmente de lo que estaba sucediendo en el país. Además, se quejó de que tan solo había podido reunirse durante 30 minutos con los letrados en una oficina del Gobierno de la capital, Naipyidó, a quienes explicó que no conocía su paradero actual después de que hace un tiempo la trasladaran con los ojos tapados de su casa a otra villa.
En Birmania, el pasado 1 de febrero los militares perpetraron un golpe de Estado imponiéndose en el poder. Desde entonces, la nación ha estado sumida en el caos, las Fuerzas de Seguridad han matado a más de 800 personas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, y otras 4.000 permanecen detenidas. Cada día numerosos ciudadanos de diferentes sectores se suman a un movimiento de desobediencia civil que ha desafiado a los uniformados con marchas, protestas y huelgas por todo el país a diario.
Por su parte, los militares se han dedicado a apagar esos fuegos con el uso de la fuerza y contraatacar para allanar un terreno que les permita perpetuarse en el poder. Al menos esto es lo que se puede interpretar de uno de sus últimos golpes de efecto: el de la comisión electoral nombrada por la Junta, que aseguró el pasado viernes que contempla disolver la LND con el argumento de que su victoria en las elecciones de noviembre fue un fraude, según afirmó un comisionado citado en los medios locales.
Dicha intención resulta cuanto menos sospechosa. Sobre todo después de que los uniformados hayan justificado la asonada en la nación asiática por ese supuesto fraude electoral, algo que la anterior Comisión Electoral y los observadores niegan que ocurriera. Entonces, la Junta se fijó el objetivo de celebrar dentro de un año “unas elecciones generales libres y justas”, que más tarde se extendió a dos y que ahora muchos ponen en duda. Por un lado, parece que quieran acabar con su principal rival antes de la batalla electoral y, por otro, no han dejado de detener a políticos y activistas a sabiendas de que tendrán muy difícil presentarse a unas futuras elecciones.
En el caso de Suu Kyi, quien este lunes por su aspecto físico parecía gozar de buena salud, ya son seis las acusaciones que pesan sobre ella. Entre ellas, la posesión de “walkie talkies” importados, el incumplimiento de las restricciones impuestas por la covid-19 o la violación de la Ley de Secretos de Estado, que le puede acarrear hasta 14 años de cárcel. Todos ellos delitos que rechazan sus abogados, quienes consideran que han sido inventados por la Junta para que esta mujer de 75 años desaparezca de la arena política para siempre.
Una suerte similar parece que correrán el presidente del país también detenido, U Win Myint, y el presidente del Consejo de Naipyidó, Myo Aung, que se reunieron también con sus abogados. Unos encuentros que para Richard Horsey, asesor principal sobre Birmania del Grupo de Crisis Internacional, sugieren que “el régimen se siente más seguro, a pesar de la magnitud de la crisis y la resistencia en curso”.
Precisamente, en los últimos días muchos civiles se han unido a un movimiento llamado “Fuerza de Defensa del Pueblo” que en diferentes municipios trata de luchar contra las Fuerzas de Seguridad con armas caseras dando pie a numerosos enfrentamientos. Pero también los hay quienes optan por la vía del diálogo y han formado un “gobierno de unidad nacional” en la sombra que busca socavar a una junta que ya los ha calificado de “terroristas”.
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