El coronavirus liquida a los viejos generales cubanos

Ha sido una racha nefasta para la gerontocracia militar que gobierna Cuba. Hasta cinco generales han fallecido en los últimos nueve días sin que el régimen cubano haya dado explicaciones sobre las causas de ninguna de esas muertes en su cúpula, alguna de las cuales ni siquiera ha sido oficialmente confirmada.

En medio del secretismo y la opacidad característicos del régimen cubano se fue conociendo la muerte de los generales Rubén Martínez Puente, Agustín Peña Pórrez, Marcelo Verdecia, Manuel Eduardo Lastres Pacheco y Armando Choy Rodríguez. La mayoría estaban ya retirados y, salvo excepciones, no tenían mando sobre las tropas, pero algunos habían sido revolucionarios castristas de primera hora y conservaban prestigio en los círculos oficiales.

La ola de muertes inesperadas se suman al revés de las sanciones aprobadas la semana pasada por Estados Unidos contra el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, y el temido cuerpo policial conocido como las «avispas negras» por su papel en la represión de las protestas masivas del pasado 11 de julio.

Aunque el Gobierno cubano no ha dado explicaciones sobre las causas ni las circunstancias de ninguna de las muertes, se producen cuando Cuba atraviesa lo peor de la pandemia de covid-19. Pese a que las autoridades han endurecido las restricciones e impulsan una campaña de vacunación con las vacunas desarrolladas en la isla, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, en los últimos tres días reportaron unos alarmantes 25.000 nuevos casos y 221 muertes. Precisamente ayer, Cuba registró 9.323 casos de covid-19, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El senador estadounidense por Florida Marco Rubio tuiteó el lunes: «Los oficiales militares de alto rango en Cuba han tenido una increíble mala suerte últimamente. Cuatro de ellos han muerto en los últimos ocho días». Poco después de que lanzara su mensaje se conocía el fallecimiento del quinto, Armando Choy Rodríguez.

Fue la cuenta de Twitter de la Universidad Central de Las Villas la que informó de que Choy Rodríguez había muerto este lunes a los 87 años, aunque los medios estatales no dieron cuenta de ello.

Antes, el 24 de julio, había fallecido el general Rubén Martínez Puente, de 79 años, de la que sí informó una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Aunque ya se había jubilado, Martínez Puente era el jefe de la Fuerza Aérea cubana cuando se produjo el derribo sobre aguas internacionales de dos avionetas en las que viajaban integrantes de la organización disidente Hermanos al Rescate, cuatro de los cuales murieron. En 2003, el fallecido general fue acusado formalmente en Miami por su papel en esos hechos pero nunca llegó a ser juzgado.

El pasado 20 de julio se habría producido la muerte, no confirmada oficialmente, del general de brigada retirado Marcelo Verdecia. El periódico local 5 de septiembre informó del fallecimiento de un hombre que fue uno de los guardaespaldas de Fidel Castro en sus inicios como líder guerrillero en las montañas de la Sierra Maestra.

El 17 de julio murió Agustín Peña Pórrez, de 58 años, el más joven de los cinco generales recientemente fallecidos. Peña Pórrez sí estaba en activo. Ostentaba el mando del Ejército Oriental de la isla y era además miembro del Comité Central del Partido Comunista, uno de los órganos principales del poder en la dictadura cubana, renovado el pasado abril. El presidente, Miguel Díaz-Canel, calificó de «triste noticia» la desaparición de Peña Pórrez y el diario oficial «Gramma» publicó imágenes de su funeral.

También se confirmó oficialmente la muerte del general retirado Manuel Eduardo Lastres Pacheco, reportada en los medios estatales.

Y mientras en el alto mando militar se producía un goteo de muertes de ancianos generales, los jóvenes que salieron a la calle a protestar el pasado 11 de julio continúan siendo represaliados y organizaciones civiles denuncian que prosigue el rosario de condenas judiciales, detenciones e intimidación a los disidentes por parte de la seguridad del Estado.