La Eurocámara denuncia a la Comisión Europea por su inacción ante Polonia

Los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario que active el mecanismo de respeto al Estado de derecho como guardiana de los Tratados

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen FOTO: OLIVIER HOSLET EFE

La amenaza se ha convertido en realidad. El Parlamento Europeo decidió ayer presentar la demanda formal contra el Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que la institución presidida por Ursula von der Leyen no está cumpliendo su deber de congelar los fondos europeos a Polonia por su deriva autoritaria.

Los Estados europeos idearon un nuevo mecanismo, que no se ha puesto todavía en práctica, para supeditar la llegada del maná europeo al cumplimiento del Estado de derecho. En protesta, Polonia y Hungría amenazaron con vetar la aprobación de los presupuestos europeos y el Fondo de Reconstrucción para hacer frente a los estragos del coronavirus. Como modo de convencer a estos dos países, el resto de las capitales les concedieron la potestad de acudir ante el Tribunal de Justicia de la UE para que éste se pronuncie sobre la legalidad de este nuevo instrumento.

Aunque formalmente la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar esta sentencia para iniciar el procedimiento, que puede prolongarse de 5 a 8 meses, el Ejecutivo comunitario ha decidido postergar cualquier decisión hasta que el alto tribunal europeo se pronuncie y, mientras tanto, dar una oportunidad al diálogo con Polonia. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la pasada semana tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en la capital comunitaria. De esta forma, la política alemana acabó siguiendo los consejos de su antigua jefa, Angela Merkel, quién en la que será previsiblemente su última cita de este tipo, abogó por esperar antes de tomar decisiones precipitadas.

Pero el Parlamento Europeo considera que al estar postergando esta paso, la Comisión Europea no está cumpliendo su labor de guardiana de los Tratados. La situación se ha hecho más acuciante después de que a principios de mes el Tribunal Constitucional polaco pusiera en cuestión el principio de que el derecho nacional tiene preeminencia sobre el nacional, uno de las reglas que rige el funcionamiento del club europeo.

“El Reglamento, aprobado el pasado mes de diciembre, permite a la UE suspender los pagos con cargo al presupuesto comunitario a los Estados miembros en los que el Estado de Derecho esté amenazado. Sin embargo, la Comisión se ha abstenido de utilizarlo hasta ahora. Por ello, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento ha recomendado emprender acciones legales”, asegura el comunicado difundido ayer por la Eurocámara.

“Esperamos que la Comisión Europea actúe de forma coherente y esté a la altura de lo declarado por la presidenta von der Leyen durante nuestro último debate sobre este tema en sesión plenaria. Las palabras tienen que convertirse en hechos”, aseguró el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

“Como se solicitó en resoluciones parlamentarias, nuestro servicio legal ha iniciado hoy acciones ante el Tribunal de Justicia contra la Comisión Europea por no aplicar la regulación de condicionalidad”, dijo en un comunicado Sassoli.

Esta semana ha sido especialmente tensa en lo que concierne a las relaciones entre Varsovia y las instituciones europeas. Este pasado miércoles, el Tribunal de Justicia de la UE condenó Polonia a una multa record de un millón de euros diarios hasta que el país no desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un organismo que según Bruselas socava la independencia de los jueces del país.

En caso de que Polonia se declare en rebeldía y no quiera pagar esta multa, el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que descontará esta cantidad de los fondos europeos que recibe el país.

Según el análisis de Bruselas, el régimen de los jueces polacos y esta cámara disciplinaria que toma las decisiones cercena la libertad de los magistrados ya que permiten dictar investigaciones disciplinarias y sanciones en función de sus sentencias y de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, esta cámara esta compuesta únicamente por magistrados seleccionados por el Consejo Nacional, nombrado por el Parlamento polaco lo que redunda en las sospechas de intromisión del poder legislativo en el judicial.

Aunque la Comisión Europea se resiste a activar este mecanismo de respeto al Estado de Derecho, Bruselas no se ha quedado totalmente de brazos cruzados y ha congelado la aprobación del plan polaco para poder acceder a los fondos de reconstrucción europeos tras el coronavirus, del que al país le corresponden 36.000 millones de euros. Tras la sentencia de esta semana, von der Leyen dejó claro este jueves en rueda de prensa que el dinero no llegará a Polonia hasta que el país no de marcha atrás en este reforma judicial.

“Siempre hemos sido muy claros. Queremos un compromiso claro en el plan de recuperación de que se desmantelará la sala disciplinaria, se pondrá fin o se reformará al régimen disciplinario y se iniciará un proceso para restituir a los jueces”, aseguró la presidenta del Ejecutivo comunitario.