Suu Kyi, condenada a cuatro años de cárcel por la Junta militar birmana

La destituida líder civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue condenada ayer a cuatro años de prisión tras ser juzgada por los mismos generales que derrocaron su gobierno en un golpe de estado que truncó las reformas democráticas por las que había luchado durante décadas. La ex mandataria ha sido declarada culpable de dos cargos, los primeros veredictos de una serie de casos penales que los militares del país han presentado contra ella desde que tomó el poder hace 10 meses.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder del movimiento democrático del país fue juzgada a puerta cerrada. A sus 76 años ha sido condenada por los cargos de incitación y violación de la normativa sanitaria relacionada con la pandemia. Ante el revuelo y las condenas internacionales, al cierre de esta edición, la televisión estatal MRTV anunció que Suu Kyi pasará dos años bajo arresto en su actual centro de detención, es decir, se reduce su sentencia después de que el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, le otorgara una amnistía parcial.

El expediente por el caso de incitación se centró, al parecer, en una declaración publicada en internet tras el golpe de febrero, en la que se instaba a las organizaciones internacionales a no cooperar con la Junta. En el segundo caso se alegó que había infringido las normas restrictivas a la pandemia mientras hacía campaña antes de las elecciones del año pasado.

La política birmana se encuentra bajo arresto domiciliario desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Está procesada desde junio y se le imputan multitud de delitos: desde la importación ilegal de walkie-talkies, hasta la violación de la Ley de Secretos Oficiales, sedición, corrupción o fraude electoral. Numerosos observadores denuncian que se trata de un juicio político para neutralizar a la ganadora de las elecciones de 2015 y 2020.

La líder derrocada se enfrenta a décadas de prisión si es condenada por todos los cargos. A la celebración del juicio no se ha permitido la entrada a periodistas e incluso se ha prohibido a sus abogados hablar con los medios de comunicación. El ex presidente Win Myint fue condenado a la misma pena de cuatro años, dijo un portavoz de la junta, añadiendo que no serían llevados a prisión por el momento. «Se enfrentarán a nuevos cargos desde sus actuales ubicaciones» en la capital Naypyidaw, añadió, sin dar más detalles.

Charles Santiago, presidente del grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos, defendió que la sentencia era «una parodia de la justicia» que demostraba el desprecio de la Junta por los esfuerzos regionales para encontrar una solución a la crisis del país. Ming Yu Hah, director regional adjunto de campañas de Amnistía Internacional, afirmó que las sentencias dictadas contra ella son «el último ejemplo de la determinación de los militares de eliminar toda oposición y sofocar las libertades en Myanmar».

Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, es una de las más de 10.600 personas que han sido detenidas por la Junta desde febrero, en su intento de aplastar cualquier forma de oposición. Al menos 1.303 han sido asesinadas. «Mientras la violencia se recrudece, desplazando a decenas de miles de personas y estableciendo una crisis humanitaria en medio de una pandemia en curso, la situación actual en Myanmar es alarmante en extremo. Sin una respuesta internacional decisiva, unificada y rápida, esto puede empeorar y lo hará», aseguró Yu Hah.

“LA DAMA”

A pesar de su aspecto frágil, desempeñó un papel crucial para atraer la atención mundial sobre la junta de Myanmar y su historial de derechos humanos, y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991. Incluso sobrevivió a un intento de asesinato en 2003, cuando hombres pro-militares atacaron un convoy en el que viajaba, matando e hiriendo a algunos de sus partidarios.

La hija del héroe de la independencia birmana Aung San, conocida como «la Dama», ayudó a cumplir los sueños de millones de personas cuando su partido ganó por mayoría absoluta unas elecciones en 2015, estableciendo así el primer gobierno civil en medio siglo de la nación del sureste asiático.

Pasó 15 años bajo arresto domiciliario en la lucha por la democracia, pero su administración tuvo que cohabitar con los generales que conservaron el control de la defensa y la seguridad. Ese gobierno híbrido no consiguió unir a los numerosos grupos étnicos de Myanmar ni poner fin a sus guerras civiles de una década. Suu también supervisó el endurecimiento de las restricciones a la prensa y la sociedad civil, al tiempo que se enemistó con antiguos aliados.

Pero su segunda victoria en las elecciones de noviembre inquietó a los militares, que tomaron el poder el 1 de febrero, alegando fraude electoral por parte de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, a pesar de que la comisión electoral y los observadores rechazaron las reivindicaciones del ejército.

Sólo 14 meses antes del golpe, había viajado a la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya para defender a esos mismos generales de las acusaciones de genocidio por una ofensiva militar de 2017 que expulsó a los musulmanes de etnia rohingya de Myanmar.