Polémica

Dinamarca alquilará cientos de celdas en las cárceles de Kosovo para deportar a sus prisioneros extranjeros

La nueva medida de la tan criticada política migratoria del gobierno socialdemócrata danés ha vuelto a levantar mucha polémica

Kosovo cuenta con alrededor de 700 plazas de prisión sin utilizar, cuestión que el gobierno de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quiere aprovechar
Kosovo cuenta con alrededor de 700 plazas de prisión sin utilizar, cuestión que el gobierno de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quiere aprovecharVALDRIN XHEMAJEFE

Dinamarca y Kosovo han afianzado lazos tras un acuerdo por el que el país danés alquilará 300 celdas en territorio kosovar para hacer frente a la falta de espacios en sus cárceles, a cambio de 15 millones de euros que pagará la nación escandinava durante un periodo inicial de cinco años, además de ayudar a financiar la energía verde en el país.

Kosovo cuenta con alrededor de 700 plazas de prisión sin utilizar, cuestión que el gobierno danés quiere aprovechar. Desde 2015, la población carcelaria en Dinamarca aumentó casi un 20% y el número de guardias penitenciarios se redujo en la misma proporción, lo que provocó problemas de aglomeración. A partir de 2023, los reclusos serán enviados a una prisión en Gjilan, una ciudad ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, Pristina. También se espera que un alcaide del país escandinavo dirija la nueva instalación, acompañado por un albanés y otro personal local y en la que se aplicarán las leyes daneses.

Según ha indicado el Gobierno de Dinamarca, los prisioneros enviados a Kosovo serán extranjeros sujetos a deportación después de cumplir sus condenas, en otro punto más de la política migratoria que tantas críticas ha levantado, en base una línea dura con la que ha introducido numerosas restricciones, como una orden de separar a las parejas jóvenes que buscan asilo. El Ministro de Justicia de Dinamarca, Nick Haekkerup, dijo que el acuerdo resolvería el “preocupante problema” de la superpoblación carcelaria de su país. La semana pasada, Haekkerup dijo que a Dinamarca le faltarán mil plazas en cárceles para 2025.

Asimismo, la nueva medida ha generado mucha polémica. Varias ONG que supervisan el sistema penitenciario de Kosovo han expresado su preocupación de que el traslado de unos doscientos reclusos a la prisión de la ciudad kosovar para dar paso a los presos daneses sobrepoblaría, por otra parte, otras prisiones. El país tiene actualmente 1.642 prisioneros con una capacidad del 97%, según el Word Prison Brief de la Universidad de Londres.

“El acuerdo generará espacio en nuestras prisiones y aliviará la presión sobre nuestros funcionarios carcelarios, al tiempo que envía una señal clara a los nacionales de terceros países condenados a deportación: su futuro no está en Dinamarca y debe, por lo tanto, cumplir su condena fuera”, dijo el ministro de Justicia danés, al firmar una carta de intenciones con su homóloga albanokosovar, Albulena Haxhiu. Este es un acuerdo innovador que creará un espacio real en nuestras prisiones y aliviará la presión sobre nuestros oficiales de prisiones”, continuó Haekkerup.

Kosovo, que declaró unilateralmente su independencia a Serbia en 2008 y muchos países no lo reconocen como Estado, recibirá un total de 210 millones de euros durante los próximos diez años. Anteriormente, Noruega y Bélgica ya habían alquilado celdas de prisión en los Países Bajos. El acuerdo entre Dinamarca y Kosovo se firmará a principios del próximo año y luego será ratificado por los parlamentos de ambos países

Una política migratoria cada vez más polémica

Cambios constantes en la política migratoria han hecho que extranjeros, inmigrantes y refugiados no estén seguros en Dinamarca, un país que fue pionero en firmar la Convención de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX. En marzo, el gabinete de la primera ministra, Mette Frederiksen, anunció que retiraba el permiso de residencias a personas refugiadas procedentes de Siria al considerar que hay áreas de Damasco que ya no son seguras.

Por otro lado, el Gobierno quitará las ayudas sociales a las personas extranjeras que no coticen para el sistema público. A lo largo del 2020, solo 600 personas obtuvieron asilo en el país, mucho menos que Suecia o Alemania, sus países vecinos.