España entregará a Ernesto Quintero a la justicia chavista

La vida del venezolano Ernesto Quintero se encuentra en la cuerda floja. Detenido hace ya casi un año, sus abogados estaban intentando luchar por su injusta encarcelación en la prisión de Soto del Real cuando ha llegado la fatídica noticia. Será extraditado a Venezuela el próximo 12 de febrero, según fuentes jurídicas. Las autoridades españolas han obviado la reciente apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la plana mayor del chavismo así como a sus principales Fuerzas de Seguridad por crímenes de lesa humanidad.

Ernesto llevaba residiendo en España desde noviembre de 2018. Casado y con una hija, se asentaron en Arganda del Rey. Todos se empadronaron y la pequeña comenzó el colegio en 2019. Es más, tanto a su esposa Cismary Marcano como a su hija se les concedió la protección por razones humanitarias. A él, no se la dieron, pues tenía una alerta de Interpol a petición del régimen chavista.

Según la Justicia venezolana, Ernesto era “accionista”, condición de la que supuestamente se valió para la comisión de los delitos por los que se solicitó su extradición. Sin embargo, el venezolano no fue accionista de ninguna de las sociedades mercantiles que se encuentran bajo investigación en el procedimiento penal venezolano. Ernesto ha demostrado que sus funciones eran meramente administrativas y siempre bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert.

Cabe recordar que Ernesto logró que Interpol retirase la llamada “ficha roja” de detención emitida por las autoridades chavistas. Solicitó al organismo internacional la eliminación y argumentó, asimismo, la persecución a los trabajadores de las Casas de Bolsas por ser opuestas al régimen y la falsedad de los datos presentados por la justicia venezolana. Él no era accionista de una de dichas empresas opositoras.

La comisión de Control de Ficheros de Interpol concluyó el 30 de marzo de 2021 que no estaba en condiciones de garantizar que los datos impugnados se hayan tratado de conformidad con la normativa - al no poder acreditar Venezuela los hechos en que basaba su orden de detención- y decidió eliminarlos del Sistema de Información de Interpol, suprimiendo así la notificación roja relativa a Ernesto.

El Consejo de Ministros aprueba su extradición

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Y es que, paralelamente, el 6 de octubre de 2020 se acordó la entrega a las autoridades chavistas, una decisión que fue confirmada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, formado por el PSOE y Unidas Podemos, accede a la extradición del venezolano.

Después, el 2 de febrero, la Sala, a pesar de que no hubiera riesgo de fuga, decreta la prisión de Ernesto para así garantizar la entrega a Interpol.Es detenido el 10 de febrero y trasladado a Soto del Real, donde lleva encerrado desde entonces. Sus abogados han luchado por su libertad provisional y su esposa acudió a todos los organismos posibles para lograr la excarcelación de su marido y, por supuesto, su no extradición al país del que ya han huido más de 6 millones de venezolanos por la galopante crisis humanitaria y la persecución política.

Sin antecedentes penales; no sólo en el España, sino que tampoco han sido condenados previamente por Venezuela, país requirente, ni por terceros países, el venezolano entró en la cárcel de Soto del Real. Hasta entonces, era contable en una empresa de Madrid, tenía contrato indefinido (de unos 1.200 euros). Es tal la confianza en él, que la compañía ha manifestado su compromiso de mantenerle en su puesto de trabajo una vez sea puesto en libertad.

En marzo pasado llegaron buenas noticias, como en 2020 Ernesto había pedido asilo y protección internacional, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dictó Providencia por la que se acordó la suspensión de la entrega extradicional. Su defensa, Oliver abogados, solicitó después su libertad provisional. No tenía sentido que siguiera en la cárcel si la entrega no podía materializarse por estar en un procedimiento de asilo.

No hubo suerte, se acordó en varios procesos judiciales que siguiera en prisión provisional por no tener suficiente “arraigo” en España. A pesar de su núcleo familiar. Cuando Ernesto cumplió nueve meses en prisión, sus abogados (que han asumido la causa pro bono) volvieron a pedir su libertad. Por un lado, llevaba “excesivo tiempo” interno en prisión, por otro, subrayaban la inacción por parte de las autoridades chavistas en el procedimiento de extradición: “incertidumbre e imprevisibilidad”. También las cuestiones humanitarias: “Los perjuicios innecesarios y desproporcionados que se están causando” a Ernesto, en particular: “Vulneración de su derecho al respeto a su vida familiar, así como el de su mujer y el de su hija menor” de tan sólo 8 años. Por último, resaltaban otra gran verdad: “El tiempo que Ernesto lleva en prisión preventiva no será tenido en cuenta en el Estado requirente en relación con la inseguridad jurídica y la vulneración del derecho a la libertad del reclamado”.

Agotándose las vías judiciales, sus abogados interpusieron una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. Asimismo -intentando su liberación antes de las Navidades y así evitar ese trauma a la familia- solicitaron, una vez más, su inmediata puesta en libertad, recordando que las entregas (de acuerdo al convenio que existe entre España y Venezuela) se deben producir dentro del plazo de 30 días a contar desde el momento en que se concede la extradición.

Como último recurso y ante la posibilidad de que Ernesto, que ha cumplido los 42 años entre rejas, sea extraditado este 12 de febrero, desde Oliver abogados, se presentará una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todo antes de que Ernesto monte en el avión y sea encarcelado en una prisión venezolana.

Muerte en las cárceles

La ONU ha denunciado en varias ocasiones “su consternación” por las muertes en centros de detenciones y ha instado a las autoridades de Venezuela a investigar los siniestros así como señalar “que las malas condiciones de las prisiones generan reiterados hechos de violencia y motines”.

En el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron la sobre población (25.360 hombres y 2.183 mujeres) y el hacinamiento en las cárceles. También el retardo procesal -sólo el 37% de la población reclusa contaba con sentencia condenatoria en 2020-, así como las malas condiciones de salud (con casos hasta de tuberculosis) y la pésima alimentación (con presos desnutridos).

“Los índices de mortalidad en los centros de reclusión del país han tenido un aumento exponencial en los últimos años, el común denominador de la mayoría de los fallecimientos de los privados de libertad en todo el territorio nacional ha sido motivado a complicaciones en ciertas patologías que no han sido debidamente tratadas; hasta 2017 los reclusos fallecían producto de enfrentamientos violentos dentro de los penales, pero para el año 2020 las pésimas condiciones de salud han sido el motivo principal de los decesos de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios”, se puede leer en el demoledor informe.