La Junta Militar de Myanmar, antigua Birmania,anunció el lunes que había ejecutado a cuatro prisioneros políticos condenados por terrorismo y conspiración contra el régimen castrense, entre ellos, el destacado activista prodemocracia Ko Jimmy y el destituido parlamentario Phyo Zayar Thaw. Se trata de la primera aplicación de la pena de muerte en el país desde hace más de 30 años, una demostración más del régimen de represión y violencia impuesto por la junta birmana desde su golpe de estado en febrero de 2021.

Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, de 53 años, era uno de los activistas más importantes del movimiento democrático y veterano del levantamiento estudiantil de 1988. Fue detenido en octubre del año pasado tras ser acusado de esconder armas y municiones y de ser asesor del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), el gobierno en el exilio de Myanmar.

Phyo Zayar Thaw, de 41 años, era un artista de hip-hop conocido por sus versos antimilitares que se reconvirtió en político. Fue legislador de la Liga Nacional para la Democracia y estrecho aliado de Aung San Suu Kyi.

De los otros dos hombres, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, solo se conoce que habían sido arrestados por el presunto asesinato de una informante de los militares.

Los cuatro fueron ejecutados por “preparar y conspirar para cometer actos terroristas brutales e inhumanos” contra el régimen, según ha informado en una nota la Agencia Nacional de Myanmar, controlada por el ejército. Las autoridades militares confirmaron que los “castigos” se llevaron a cabo “bajo el procedimiento de la prisión” y se ejecutó a los presos en la horca, aunque no han especificado cuándo.

Cuando las familias preguntaron si podían recoger los cadáveres, los funcionarios dijeron que la ley no les obligaba a entregarlos. El diario independiente “Myanmar Now2 ha señalado que las ejecuciones podrían haber tenido lugar el sábado y que los cuerpos fueron cremados entonces.

Los cuatro hombres fueron condenados a muerte en enero de este año en unos juicios a puerta cerrada, que fueron criticados por grupos de derechos humanos por su falta de transparencia.

A pesar de que la pena capital no ha sido nunca revocada en el país y el Tatmadaw, como se conoce también al Ejército birmano, había sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas, estas condenas se solían conmutar a penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.

El portavoz del gobierno militar, Zaw Min Tun, defendió la pena de muerte en el país, alegando que continúa vigente en otras regiones y que estaba justificada en esos casos. Phyo Zeya Tha y Ko Jimmy, perdieron las apelaciones de sus condenas de muerte el mes pasado y la Junta rechazó la posibilidad de un indulto.

CONDENA INTERNACIONAL

Las declaraciones provocaron una avalancha de condenas por parte de países como Francia, Estados Unidos y Canadá, además de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tachó la decisión de una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona”.

Incluso el presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y líder de Camboya, Hun Sen, pidió a Zaw Min Tun “reconsiderar las sentencias y abstenerse de llevar a cabo las condenas a muerte”. La asociación, de la que Myanmar es miembro, continúa dividida por las diferentes posturas respecto a la situación tras la asonada militar. Como presidente, Hun Sen aconsejaba encontrar una alternativa para facilitar una salida pacífica de la crisis en la que lleva Myanmar sumida desde hace meses.

A pesar de las advertencias, las ejecuciones se han llevado a cabo y constituyen las primeras desde 1988, según Amnistía Internacional.

La antigua Birmania lleva sumida en una profunda crisis política, económica y social desde que el Tatmadaw perpetró un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, con el que arrebató el poder al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi.

El país iniciaba su cuarto mandato democrático desde 2011, tras casi cuatro décadas de dictadura militar.

El golpe de Estado desencadenó enormes protestas y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que experimenta el país desde hace décadas.

Formado por miembros del Ejecutivo de Suu Kyi y varios representantes de las minorías étnicas del país, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) se proclama desde la semiclandestinidad el poder legítimo de Myanmar. Ko Jimmy y Phyo Zayar Thaw tenían conexiones con el GUN.

Algunos países como Reino Unido, Francia, Australia, España, Canadá o Japón han denunciado el golpe y han declarado ilegítima a la junta militar en varias ocasiones. Otros, como Estados Unidos, han impuesto sanciones al régimen. Sin embargo, el veto de China y Rusia impide a la ONU condenar el golpe y reconocer al GUN como representante de Myanmar.

El portavoz de GUN, que prefiere mantener su anonimato, espera que lo ocurrido despierte a la comunidad internacional y que se traduzcan en más pasos contra el régimen castrense.

Según las cifras publicadas por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos el 22 de julio, un total de 117 personas han sido condenadas a muerte por tribunales militares desde el golpe de Estado del año pasado.

En marzo del año pasado, la junta militar de Myanmar impuso la ley marcial en 11 municipios, seis de ellos en Rangún, la capital del país, otorgando a las autoridades militares regionales autoridad judicial y administrativa absoluta en esas zonas. Al mismo tiempo, instituyó la pena de muerte para 23 delitos contemplados en el Código Penal, la mayoría de los cuales no serían tratados como delitos capitales en un tribunal civil.