La justicia acorrala a Cristina Kirchner y une al peronismo

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, denuncia “una persecución judicial” por la petición de la Fiscalía de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. El fiscal, Diego Luciani, acusa a la expresidenta argentina de liderar una red de corrupción para desviar fondos públicos a empresas privadas durante su Presidencia (2007-2015). El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ex catedrático de Derecho, calificó el juicio de “disparate político”: “Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

El presidente argentino cargó contra el fiscal Luciani la noche del miércoles en una entrevista en directo en el canal TN argumentando que el alegato del fiscal Luciani es “de una debilidad jurídica asombrosa”: “Más allá de la falta de pruebas, partía de una premisa insólita que decía: ‘ella como presidenta no podía no saber lo que pasaba’. Es una dinámica peligrosa”, aseguraba visiblemente indignado. Fernández llamó a los argentinos a “una gran movilización para defender la democracia, para defender los derechos humanos y para pedir una justicia independiente”: “Hay un momento en el que uno tiene que alzar la voz. Debemos ser muy firmes en exigirle a la Argentina que tenga un sistema judicial realmente independiente”.

Tras la negativa del juez a la petición de Kirchner de volver a declarar ante la acusación de 12 años de prisión por asociación ilícita, la vicepresidenta cargó contra el ex presidente argentino, Mauricio Macri, en un discurso de hora y media este martes emitido a través de sus redes sociales al considerarle responsable de un deterioro de la independencia judicial: “Me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.

El juez a cargo de la investigación del caso Vialidad, Julián Ercolini, determinó que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia de Santa Cruz fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez, amigo personal del expresidente, Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de Cristina Fernández fallecido en 2010 por un paro cardiorrespiratorio. El Ministerio Público investiga una red de sobrecostes de obras públicas que presuntamente operó desde 2003, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, hasta 2015, cuando Cristina Fernández terminó su mandato.

Macri mantiene silencio sobre las acusaciones del Ministerio Público contra la vicepresidenta, mientras sus allegados aseguran que “hay que dejar que actúe la justicia”. Sin embargo, el resto de la dirigencia de Juntos por el Cambio criticó duramente las declaraciones de Kirchner al considerarlas “un show mediático” que “busca un pacto de impunidad”. Arturo Laguado, catedrático de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica (CLACSON) de Buenos Aires considera que “el juicio es muy flojo por una larga lista de irregularidades”: “No hay una sola prueba, los testigos de cargo dijeron que no había ninguna irregularidad y los fiscales en la acusación final sacaron pruebas que no estaban en el juicio, algo prohibido por el derecho procesal”.

Ante las acusaciones de corrupción, la vicepresidenta argentina sostiene que el objetivo de la presunta persecución que denuncia es impedirle “el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″: “No estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”. Kirchner ya fue procesada en el caso Vialidad en 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta. Ante los vínculos del matrimonio Kirchner con el empresario Lázaro Báez, el presidente argentino defiende que “es una cuestión ética, no penal”.

Pese a las tensiones entre Fernández y Kirchner de los últimos meses, el presidente Fernández y todos sus ministros han salido a defender la inocencia de Kirchner y respaldan su teoría de que es víctima de acusaciones sin pruebas para dañar al peronismo de cara a las elecciones presidenciales previstas en octubre de 2023. “No le temo a que la gente salga a la calle. Manifestarse no es violencia”, defendía el presidente argentino. Fernández ha instado al instalado al tribunal a dictar una sentencia absolutoria: “Todavía aspiro a que la justicia reencauce esta situación”. La sentencia se conocerá en unos meses tras iniciar el juicio en mayo de 2019. Kirchner acusa al presidente del tribunal, Rodrigo Giménez, y al fiscal Luciani de falta de imparcialidad por una polémica foto en un partido de fútbol en la casa de Mauricio Macri: “Todo hace juego con todo”. La ex mandataria de 69 años espera una condena: “La sentencia ya está escrita”.

Ante las acusaciones del fiscal Luciani sosteniendo en su alegato final que se trata de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, el peronismo pretende movilizar a sus bases el 17 de octubre, fecha emblemática de este movimiento, para mostrar su rechazo a la petición de 12 años de cárcel de la Fiscalía contra Kirchner. El nuevo concejal de trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, llamó el miércoles a la movilización ante sindicalistas y militantes kirchneristas: “Che gorilas, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”. Laguado explica a LA RAZÓN los motivos de la movilización peronista: “La petición de la Fiscalía hace percibir a mucha gente, especialmente personas no muy politizadas, que Cristina es una ladrona. El peronismo trata de cambiar esa percepción con las movilizaciones”.

Desde la petición del fiscal de 12 años de cárcel a Kirchner este lunes, los manifestantes de diversas organizaciones sociales se mantienen en “estado de alerta y movilización” en una vigilia a las puertas de la casa de la vicepresidenta. Varias personas opositoras al gobierno se concentraron el lunes frente a su domicilio celebrando el contundente alegato del fiscal Luciani. Poco más tarde, militantes y simpatizantes peronistas se acercaron con gritos a favor de la inocencia de Kirchner. La policía intervino para separar a ambos grupos, momento en el que se produjeron forcejeos con los agentes. El diputado provincial de la coalición gobernante Frente de Todos, Adrián Grana, fue detenido en los enfrentamientos que reflejan la división de la sociedad argentina ante las acusaciones de la Fiscalía contra Kirchner.

Kirchner ha sorteado en los últimos años varias peticiones de prisión preventiva gracias al aforamiento que le protege. El juez Claudio Bonadio procesó a Kirchner en 2018 en la causa ‘Cuadernos de la corrupción’ y pidió su prisión preventiva, que no se hizo efectiva por los fueros de la entonces senadora y actual vicepresidenta. El magistrado acusó a Kirchner en la causa ‘Cuadernos de la corrupción’ de ser la jefa de una trama de sobornos a cambio de contratos públicos que presuntamente comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y continuó durante el mandato de Kirchner (2007-2015). La causa lleva ese nombre porque se inició a partir de las anotaciones en cuadernos de un chofer del Ministerio de Planificación.

Muchos involucrados se acogieron a la figura del arrepentido y han reconocido la existencia de una red de corrupción. La causa fue elevada en 2019 a juicio oral, un proceso pendiente de iniciarse. La investigación del caso ‘dólar futuro’, iniciada en octubre de 2015, acusó a Fernández de estar involucrada en una trama que pactaba un precio menor al mercado de los contratos de futuros del dólar estadounidense. Fernández fue procesada por presunta administración infiel en perjuicio del Estado. Antes del inicio del juicio oral, Fernández y otros imputados fueron sobreseídos en abril de 2021 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La decisión fue apelada y la Corte Suprema aún debe pronunciarse.

Kirchner también fue procesada por el caso ‘Pacto con Irán’. La ex mandataria de 69 años fue acusada de que el memorando firmado con Irán en 2013 para facilitar la investigación del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994, por el que están acusados varios iraníes, se trataba en realidad de una maniobra para encubrir a varios funcionarios iraníes. Tras iniciar la causa, el fiscal Nisman apareció muerto en su casa el 18 de septiembre de 2015 con un disparo en la cabeza. Las investigaciones concluyeron que Nisman se suicidó. El presidente Fernández rechazaba en la entrevista televisiva las teorías conspirativas: “Lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. La coalición de Macri Juntos por el Cambio ha anunciado que denunciará al presidente argentino por esta comparación: “Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la justicia”, aseguraba Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio.

Fernández publicó este miércoles una declaración denunciando “la injustificable persecución judicial que viene sufriendo” Kirchner firmada también por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo boliviano, Luis Arce. “Condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar rivales políticos”, sostienen los mandatarios progresistas. La catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosa María Marcuzzi, se muestra “preocupada por las tácticas que descalifican a los adversarios políticos”: “Pasó en Brasil con la candidatura de Lula o con Correa en Ecuador”. La catedrática concluye que “hay problemas con los sistemas judiciales en las democracias latinoamericanas”: “Los poderes judiciales están interviniendo en los procesos políticos”.

Mientras la oposición teme revueltas sociales por la movilización del peronismo, el catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica subraya desde Buenos Aires que “las acusaciones ponen a Kirchner en el centro del tablero político”. Laguado explica que “la petición de 12 años de cárcel y de inhabilitación contra Kirchner ha sido el pegamento del peronismo”. Laguado y Marcuzzi coinciden en que “Kirchner es la figura política con mayor capacidad de movilización del peronismo”.

El presidente argentino sostiene que está “absolutamente convencido de que es un error judicial estrepitoso involucrar a Cristina por este caso”: “Si la Argentina va a creer que el presidente es responsable de todo lo que hacen los demás funcionarios de la administración pública, nadie más en Argentina va a querer ser presiente”. Fernández concluía: “Yo no tengo la menor idea cómo se está haciendo la licitación en el norte y sur de la Argentina que se pagan con fondos nacionales”.

El presidente argentino también ha negado que sus críticas a la Fiscalía por las acusaciones contra la vicepresidenta supongan una intromisión en el sistema judicial. El mandatario ha dicho representar la opinión de “una gran parte de la ciudadanía” y ha afirmado que se ha limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión y que el poder judicial no puede estar “exento de críticas”.

Kirchner podría apelar a tribunales superiores y la sentencia firme podría alargarse varios años. Sin embargo, una sentencia este año podría afectar las opciones del gobierno de centroizquierda. Pese a mostrarse “contrario a los indultos por ser una herencia de las monarquías”, el presidente Fernández no descarta indultar a Kirchner ante una posible condena por asociación ilícita: “Es una justicia selectiva que se aplica en favor de los poderosos donde los poderes fácticos influyen y operan. Todo el mundo lo sabe”.