Abás acepta asumir el control de Gaza a cambio de un acuerdo político con Cisjordania y Jerusalén Este

Mientras Israel seguía golpeando implacablemente a Hamás por vía terrestre y aérea –las estimaciones de las Fuerzas de Defensa eran penetrar definitivamente en Ciudad de Gaza en un plazo de 48 horas–, el secretario de Estado de EE UU Antony Blinken abordaba en Cisjordania y Turquía el escenario del día después en Gaza –que es también el de toda la región– una vez Tel Aviv dé por cumplidos sus objetivos militares desarticulando a Hamás.

Tras su encuentro con Blinken en Ramala, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás –con una legitimidad más erosionada que nunca a los 87 años y desde 2005 presidiendo la institución–, aceptaba la «completa responsabilidad» de asumir las riendas políticas de la Franja a cambio de un acuerdo político global que incluya también Cisjordania y Jerusalén Este con el horizonte de la creación de un Estado palestino. En la víspera, Blinken había dado por hecho el plácet de los ministros de Exteriores de cinco Estados árabes –Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Egipto y Jordania– a un nuevo statu quo sin la organización terrorista en la Franja.

Como en jornadas precedentes, Abás volvió a pedir el fin «inmediato» de las hostilidades y el incremento de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja. Además, el veterano líder de la secular formación política Al Fatah culpó a la «ocupación israelí» de «todo lo que ocurra». «No hay palabras para describir la guerra de aniquilación y destrucción a la que la población palestina de Gaza está siendo sometida por la maquinaria bélica de Israel, sin ningún tipo de consideración por el derecho internacional (…) Las soluciones militares no traerán la seguridad a Israel», zanjó el presidente de la ANP.

Entretanto, en Gaza las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) recrudecían los bombardeos contra los centros de mando de Hamás y los túneles de la organización terrorista en la antesala de la prevista incursión terrestre definitiva en el área central de Ciudad de Gaza, la principal localidad de la Franja. Fuentes palestinas denunciaban que los bombardeos israelíes se han cebado especialmente con hospitales y campos de refugiados, como el de Yabalia o el de Al Magazi, donde en la noche del sábado murieron 45 personas, según el Ministerio de Salud gazatí. Además, las autoridades de la Franja, dominada por Hamás desde 2007, reportaban en la tarde del domingo la suspensión de todas las comunicaciones del territorio con el exterior.

Un día más, se cumplieron treinta días de guerra, Hamás volvió a lanzar cohetes hacia suelo israelí, que hicieron sonar las alarmas en comunidades fronterizas con la Franja. También una jornada más, Hizbulá volvió a atacar con proyectiles la zona norte de Israel. Uno de los cohetes lanzados por la organización apéndice de Irán en Líbano causó la muerte de un civil cerca de la frontera, según fuentes militares israelíes. Nuevamente, Israel respondía con fuego de artillería. Desde Beirut, la oficina del primer ministro libanés denunciaba la muerte de cuatro civiles, entre ellos tres niños, como consecuencia del ataque israelí con un dron contra un vehículo en una localidad del sur del país de los cedros.

Por otra parte, tres días después de que el líder de Hizbulá tratara de desvincular al régimen iraní de la violencia terrorista de Hamás, las autoridades de la República Islámica no tuvieron inconveniente en hacer público el reciente encuentro que el ayatolá Alí Jamenei mantuvo en Teherán con el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. Según los medios estatales del régimen de los mulás, Haniyeh «informó a Jamenei sobre los últimos desarrollos en la franja de Gaza y los crímenes del régimen sionista en Gaza, así como sobre la evolución de los acontecimientos en Cisjordania». Por su parte, el ayatolá «hizo hincapié en la sólida política de apoyo a las fuerzas de la resistencia palestina contra los ocupantes sionistas».

Entretanto, desde Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, modulaba su posición para condicionar una «pausa humanitaria» a la liberación de los 242 rehenes en manos de Hamás en el interior de la Franja. Además, el jefe del Gobierno israelí se veía obligado a salir al paso de las declaraciones del ministro de Patrimonio del Gobierno de coalición, Amichay Eliyahu, en las que el político ultraconservador y ultraortodoxo sugería la «opción» del lanzamiento de «una bomba nuclear» sobre Gaza. «Las declaraciones del ministro Amichay Eliyahu no se corresponden con la realidad. Israel y las FDI están operando de acuerdo con los más altos estándares del Derecho Internacional para evitar dañar a inocentes», aseguraba el Gobierno de Israel antes de anunciar la «suspensión de forma indefinida» del ministro.

[[H4:Situación humanitaria «catastrófica»]]

Las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria continúan agravando la situación de la población de la Franja. Según el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Cindy McCain, la situación para los civiles de Gaza «es catastrófica» toda vez que se agotan las reservas de comida. El balance mortal de la operación antiterrorista israelí en la franja de Gaza roza las 10.000 personas, la mayoría de ellas civiles, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno controlado por Hamás (al margen de los 144 muertos como consecuencia de los bombardeos israelíes o la violencia de los colonos judíos en Cisjordania, según datos de Naciones Unidas).

En el lado israelí, los portavoces de las FDI elevaron a 29 el número de soldados fallecidos durante el operativo terrestre en Gaza, que se suman a las 1.400 personas –la mayoría de ellas civiles– asesinadas a partir de la mañana del 7 de octubre. Desde el principio de la ofensiva antiterrorista Netanyahu y los altos mandos militares israelíes dejaron claro que sería «una guerra larga». Un medio económico israelí, Calcalist, revelaba este domingo que el Gobierno de Netanyahu asume que la guerra –en caso de circunscribirse a Gaza y prolongarse entre los 8 meses y el año– tendrá un coste «optimista» para el Estado de 50.000 millones de dólares, lo que supone en torno al 10% del PIB.