Perú se hunde en la incertidumbre política y corre el riesgo de aumentar el malestar social

La situación política en Perú luce como un callejón sin salida. Lo que hasta ahora es el camino trazado para la renovación de los poderes y la instauración de nuevo de un sistema democrático respetado por todos los actores, es considerado insuficiente. Esperar hasta abril de 2024 para contar con un presidente electo en la casa de gobierno no basta.

El Congreso de Perú abrió la puerta para volver a discutir un adelanto de elecciones, a solicitud de la presidenta Dina Boluarte, que aspira haya votaciones en diciembre de 2023. Pero el jueves en la noche el pleno del legislativo rechazó por tercera vez un proyecto de ley de adelanto de elecciones.

Esta vez, la propuesta que fracasó fue la del partido Perú Libre (el mismo que impulsó la candidatura del ahora depuesto expresidente Pedro Castillo), que pedía comicios “complementarios” para julio de este año e incluir un referéndum para una Asamblea Constituyente.

El texto planteaba que la presidenta Boluarte se quedaría hasta el 30 de abril del 2024 y su sucesor en la Casa de Pizarro asumiría las riendas el 1 de mayo y gobernaría hasta el 28 de julio del 2026. De esta manera, cumple el periodo presidencial 2021-2026 por el cual había sido elegido el expresidente Pedro Castillo bajo las filas de Perú Libre. De igual forma, los actuales congresistas de la República se quedarían hasta el 29 de abril del 2024, cuando entregarían las curules a los electos en diciembre próximo para legislar hasta el 26 de julio del 2026.

Al ser unas elecciones “complementarias” se hubiese permitido a los actuales congresistas buscar la reelección, como una manera de acercar posiciones con otras bancadas. Pero tampoco fue suficiente.

Queda por discutir y votar la propuesta del Ejecutivo de adelantar elecciones generales para diciembre de este año. Pero una propuesta similar presentada el 27 de enero por parte del titular de la Comisión de Constitución y Reglamento ante el Pleno del Parlamento ya fue rechazada una vez.

El proyecto promovido por Boluarte debe pasar todas las etapas del Parlamento, cuando la política peruana está contra reloj. El 10 de febrero vence la actual legislatura, y si para esa fecha la Comisión de Constitución no aprueba un dictamen dando luz verde al pleno para votarlo será imposible aprobar un adelanto electoral. Para hacerlo es imperativo que se apruebe en dos legislaturas consecutivas, la que termina el 10 de febrero y la que comienza justo después.

En este eventual escenario, la única vía para adelantar los comicios es la renuncia de Boluarte, pero la mandataria se aferra al cargo que heredó de Pedro Castillo cuando este fue vacado por el Congreso que intentó disolver.

“Mi renuncia no está en juego.Sé que hay un grupo minúsculo del país que pide la renuncia y que con violencia está generando chantaje con mi renuncia”, dijo la mandataria este jueves en un acto en Talara, al norte del país.

La falta de acuerdo para fijar una fecha para abrir las urnas también incluye la noción de convocar a una Asamblea Constituyente que vaya a lo que algunos sectores de izquierda, incluyendo muchos de los que se mantienen en protesta en las calles, creen es la raiz del problema.

La trampa de la Asamblea Constituyente

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez reaccionó este viernes afirmando que esa vía es “la fórmula ideal del fracaso”, recordando que en ningún país latinoamericano donde se haya asumido esa ruta se lograron consecuencias exitosas. Sostuvo que el país “no está en un momento constituyente” como, según dijo, sí lo estuvo en los años 1978 y 1992. “Yo diría que no estamos en un momento constituyente, porque si les preguntamos a los ciudadanos cuáles son sus prioridades, dirán que lo primero es la educación, la salud, el empleo”, agregó.

Pero los grupos de izquierda insisten en esa ruta, sin acuerdo posible con las demás bancadas. Como tampoco se ha logrado alrededor de un adelanto electoral que termine con la incertidumbre política que vive Perú, un país que sigue viviendo protestas en Lima y distintas regiones del territorio. Las movilizaciones y los bloqueos de vías se mantienen en 27 provincias, lo que equivale al 13,8 % del territorio nacional, según actualizó la Defensoría del Pueblo.

La prestigiosa “The Economist” calificó a Perú como un “régimen híbrido” en lugar de democrático, a raiz del fallido autogolpe de Pedro Castillo y la actual gestión de Dina Boluarte, durante la cual se han producido al menos 59 muertes desde que empezaron las manifestaciones en diciembre, incluyendo civiles en enfrentamientos y en hechos vinculados a bloqueos y un policía en el contexto del conflicto.