Incertidumbre política

El Congreso de Ecuador inicia el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

El mandatario considera la acusación de malversación emprendida por la oposición como "infundada"

AME2284. QUITO (ECUADOR), 29/08/2021.- Fotografía de archivo fechada el 31 de mayo de 2021, que muestra al presidente de Ecuador Guillermo Lasso durante la presentación del Plan de Vacunación 9/100, en Quito (Ecuador). Lasso cumple sus primeros cien días de gobierno con avances importantes en el plan de vacunación anticovid, aunque también arrastra el pesado lastre de una crisis económica heredada por su antecesor, Lenín Moreno. EFE/ José Jácome
AME2284. QUITO (ECUADOR), 29/08/2021.- Fotografía de archivo fechada el 31 de mayo de 2021, que muestra al presidente de Ecuador Guillermo Lasso durante la presentación del Plan de Vacunación 9/100, en Quito (Ecuador). Lasso cumple sus primeros cien días de gobierno con avances importantes en el plan de vacunación anticovid, aunque también arrastra el pesado lastre de una crisis económica heredada por su antecesor, Lenín Moreno. EFE/ José JácomeJosé JácomeAgencia EFE

Después de días de especulaciones, Lasso acudió al pleno convocado en la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones de sus rivales y tratar de salvar su imagen y su presidencia, iniciada en mayo de 2021. El juicio político se activó tras una moción presentada por la Unión por la Esperanza, el partido de izquierdas liderado por el expresidente Rafael Correa, afincado en Bélgica y reclamado por los tribunales ecuatorianos para cumplir sus tres condenas pendientes por corrupción.

También de corrupción está acusado Lasso, que afirma su inocencia. Según los promotores de la denuncia en su contra, el presidente cometió peculado, una figura similar a la malversación de fondos públicos, por tener conocimiento de que funcionarios de su Administración estaban concediendo irregularmente contratos para el transporte de petróleo con la compañía estatal. Lasso lo niega todo y asegura que todo se debe a una maniobra de sus rivales para sacarlo del poder.

El presidente de Ecuador ratificó ante el Parlamento que el juicio político de la oposición es "infundado". Al inicio de su intervención, que duró 49 minutos, el gobernante señaló que sus interpelantes "han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie".

Lasso dijo admitir qué ha sido instructivo ver cómo "se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este Gobierno ni siquiera existía".

La intervención presidencial dio el pistoletazo de salida al proceso. Es de esperar que Lasso trate de refutar las acusaciones y reivindique su inocencia. Tras eso, se da inicio a un debate parlamentario en el que cada uno de los 137 congresistas tienen derecho a una intervención de diez minutos. Será una nueva oportunidad de visibilizar la polarización en la que se ha sumido Ecuador y también permitirá una estimación de cuán probable es que finalmente haya una condena contra Lasso que derive en su destitución.

Los pronósticos apuntan a que la batalla en el Congreso va a estar muy reñida. El correísmo cuenta con mayoría en la Asamblea y el movimiento CREO de Lasso no tiene más que 13 congresistas, pero para destituirlo se requiere un mínimo de 92 votos y el Gobierno se ha movido en los últimos días frenéticamente para recabar apoyos en el Congreso.

Sea cual sea el desenlace, se da por hecho que la diferencia será mínima y que no pondrá fin a la inestabilidad política que se ha adueñado del país.

Lasso llegó al poder en 2021 con un discurso de moderación y vuelta a la racionalidad económica después de catorce años de gobiernos correístas y en un país cansado de las disputas entre Correa y su sucesor, Lenín Moreno.

Avalado por su trayectoria en el mundo de la banca privada, Lasso, de 67 años, prometía poner en orden la economía y abandonar los experimentos revolucionarios, dando prioridad a la recuperación tras la pandemia de covid. Pero en la presidencia se ha encontrado con una crisis de seguridad que ha eclipsado todos los demás temas de su agenda y una oposición hostil y agresiva que se ha fijado su caída como gran objetivo.

La acción de las bandas criminales ha llenado de violencia las principales ciudades del país, siendo especialmente alarmante en Guayaquil, donde el Gobierno tuvo que decretar el estado de emergencia. Con Lasso en la presidencia, Ecuador ha vivido una ola de motines carcelarios que han dejado docenas de muertos.

Resulta, no obstante, prematuro dar por finiquitado a Lasso. El presidente ya sobrevivió a un juicio político en la Asamblea. Fue en junio de 2022, cuando organizaciones indígenas llevaron a cabo una intensa campaña de protestas en todo el país contra el encarecimiento de la vida y la falta de respuesta del gobierno. Entonces, solo 80 congresistas votaron por destituir a Lasso, que pudo mantenerse en la presidencia.

Pero aquel triunfo de Lasso no logró estabilizar la situación política. Ahora, el presidente vuelve a jugar a la defensiva. Incluso si sobrevive y logra continuar con su mandato, que expira en 2025, tendrá que hacer frente al creciente descontento popular ante su gestión, la mayoría correísta en la Asamblea y otras instituciones claves, y el azote de la delincuencia, fuera de control y una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos según las encuestas.

Si Lasso cae, sería su vicepresidente, Alfredo Borrero, quien asumiría el mando del Ejecutivo hasta 2025. En ese escenario, cabe esperar un fortalecimiento del correísmo, que se presentaría como el gran vencedor y seguiría castigando al gobierno.

Hay una tercera posibilidad, que Lasso active el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, que le permite disolver el Congreso pero le obliga a convocar en el plazo de seis meses unas elecciones a las que no podría presentarse. Sería una solución extrema en la que tanto Lasso como los congresistas perderían todo su poder. En el caso del primero, sería además el fin de su carrera política.