La jueza Juana Fuentes, directora de la asociación de jueces mexicanos que se rebeló contra la reforma de AMLO: "El narco pondrá sus jueces"

La polémica reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador avanza rápidamente en su trámite parlamentario. En las horas previas a una decisiva votación en el Senado, la jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), la organización que el pasado 21 de agosto convocó una huelga indefinida jueces, explica a LA RAZÓN los riesgos de esta reforma constitucional que permitiría que los jueces mexicanos sean elegidos en elecciones populares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su reforma judicial es necesaria porque el Poder Judicial que está “podrido de corrupción”. ¿Son todos ustedes unos corruptos?

Asumo que la Justicia requiere ser renovada. La autocrítica tiene que ir por delante. Hemos fallado en la justicia pronta y expedita o en tener un procedimiento sencillo para tener acceso a la Justicia. Sin embargo, aunque la corrupción ha sido el discurso del presidente nunca ha aportado una prueba que acredite que somos jueces corruptos. Somos jueces de carrera judicial, jueces con una trayectoria de más de 20 años en el poder judicial. A día de hoy, el juez que es corrupto se va a la calle sin ningún miramiento pero derivado de un debido proceso; el acusado puede aportar pruebas para demostrar que no lo es. Ahora, va a ser un poder el que proponga las leyes y va a ser el mismo poder el que aplique la ley. Se va a tener un control político de algo que es jurídico.

La reforma judicial que propone Morena elimina la carrera judicial. Habrá candidatos de partes interesadas que podrían acceder a puestos en la judicatura, por ejemplo, personas próximas al narco.

¡Van a poder poner a sus jueces! Los requisitos para ser juez ya son mínimos: solo una carrera en Derecho, sin experiencia profesional en la materia que van a resolver. Tenemos el riesgo que la delincuencia organizada, ¡y hay mucha en este país!, tengan jueces y magistrados de acuerdo a sus intereses. Y entonces, todas estas personas que pertenecen a la delincuencia organizada andarán libres por las calles.

Unas de las principales preocupaciones de los mexicanos son la inseguridad y la impunidad. En las elecciones del pasado mes de junio volvieron a dar su confianza a Morena. ¿Quizá por eso el Gobierno se siente legitimado y respaldado para llevar a cabo la reforma judicial?

Hay desinformación. Todas estas situaciones que podemos asumir como fallos del sistema de Justicia son atribuible a Fiscalías y poder judicial local (designados por los Ejecutivos de cada Estad) porque nosotros somos autoridad Federal, nosotros no resolvemos en primera instancia lo relativo a una detención ilegal, no resolvemos un juicio de pensión alimentaria. Nosotros resolvemos en última instancia pero esta información no la tiene la ciudadanía. Cuando el Gobierno habla de jueces corruptos yo creo que hay que voltear a ver a los (jueces) locales que son quienes reciben instrucciones para no resolver en contra del Estado. Estamos viviendo en un país de mucha incertidumbre, todo lo quieren hacer de acuerdo a un poder político y personal del presidente que se va.

Han podido participar en la elaboración de esta reforma que presentó el presidente López Obrador el pasado mes de febrero. ¿Cómo ha sido la comunicación entre el Ejecutivo y su asociación de jueces?

Totalmente nula. En 2018 -cuando gana las elecciones López Obrador- se empezó a acotar al Poder Judicial quitándole parte de su presupuesto, cuando solo ocupa el 1,2% del presupuesto de egresos que se aprueba anualmente para los tres poderes. Desde entonces, se le empieza apretar el cinturón al Poder Judicial. En 2024 vienen las reformas sin posibilidad de diálogo. No nos han escuchado. No hemos tenido la posibilidad en ningún foro de que se nos escuche. El Ejecutivo nos puso barreras y nos dijo que fuésemos a hablar con los legisladores; los legisladores nos dijeron que la reforma era una orden del Gobierno y tenían que votarla. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, donde el Gobierno que se va deja un país con total inseguridad jurídica. Es importante que la presidenta no obedezca a los intereses del presidente saliente, ella debe asumir el liderazgo que tiene como representante de los intereses del pueblo y no de quién la propuso. Es momento de que ella se desvincule de ese compromiso. No puede recibir un país en llamas. No puede recibir un país donde no hay respeto a la división de poderes. Sentémonos con la mejor disposición. Este país sí necesita una reforma judicial pero no de la forma en que la propuso su antecesor.

En el caso de que el Senado apruebe la reforma judicial, ¿qué opciones tienen para detener el desarrollo de esta reforma Constitucional?

Vamos a agotar los mecanismos jurídicos. Tenemos varias vías. Esto no se acaba aún. Tenemos la confianza de que los legisladores de oposición en el Senado asuman sin miedo el cargo; esperamos que los legisladores asuman con valentía el ejercicio de su voto contra la reforma.

¿Es usted optimista o pesimista sobre el futuro de la Justicia en México?

Soy optimista. A pesar del desprestigio que ha buscado el Gobierno, el domingo vimos una marcha a la que se sumaron los estudiantes. ¡Qué paradójico! Los estudiantes de Derecho podrían optar a un cargo por la reforma por voto popular pero ellos prefieren exámenes porque saben que eso garantiza la independencia. Los colegios de abogados, los países extranjeros se suman a la voz que dice que la justicia federal no puede quedar en manos de gente que se elija de manera popular. Soy optimista porque creo que los legisladores de oposición van a hacer cumplir la Constitución tal y como la prometieron; soy optimista porque la voz del poder Judicial no está sola y optimista porque quiero ser parte de la mejora de los poderes judicial pero no así, no avasallando al Poder Judicial Federal.