Los civiles ucranianos, las grandes víctimas de la guerra

Un año de guerra en Ucrania ha tenido un impacto en la población civil que Europa no conocía en décadas: desde los ocho millones de refugiados repartidos por el resto del continente a los más de 8.000 fallecidos por los ataques rusos, en acciones que en muchos casos han constituido crímenes de guerra.

"Cada día que continúan las violaciones a los derechos humanos se hace más difícil buscar una solución a este creciente sufrimiento y destrucción", destacó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al acercarse el aniversario del conflicto.

Según su oficina, que reconoce que las cifras reales podrían ser aún mayores porque no se tienen datos completos de localidades en el frente de batalla, al menos 8.006 civiles han muerto (487 de ellos niños) y 13.287 han resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa.

Aunque casi la mitad de estos fallecimientos se produjeron en marzo de 2022, los civiles siguen siendo víctimas de los ataques rusos desde entonces, y se cuentan por cientos cada mes (200 en enero).

Otro duro precio a pagar por Ucrania en 12 meses de guerra ha sido demográfico: unos 14 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población antes de la guerra, dejaron sus hogares, seis millones como desplazados internos y ocho millones como refugiados en el resto de Europa.

Polonia fue desde el inicio de la guerra el gran lugar de asilo para este éxodo ucraniano, y se mantiene como tal, con 1,5 millones de refugiados.

Otros países vecinos a Ucrania como Rumanía, Moldavia o Eslovaquia también acogen importantes comunidades (de unos 100.000 cada uno), pero a lo largo de 2022 buena parte de los refugiados ucranianos se asentaron más al oeste: Alemania acoge 889.000, República Checa 489.000, e Italia, España y Reino Unido 160.000 cada uno.

"Europa ha mostrado su capacidad para movilizar voluntad política y ayudar a estos refugiados", destacó a EFE la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) Louise Donovan.

La fuente oficial subrayó que pese a la generosidad en la acogida se mantienen muchos desafíos, debido al hecho de que muchos de estos refugiados son mujeres con sus hijos: "Hay barreras a su inclusión social, por ejemplo por falta de aulas para estos niños, lo que dificulta a sus madres acceder al mercado laboral", explicó.

Otra gran herida abierta en el conflicto es la de los crímenes de guerra contra civiles atribuidos al Ejército ruso, bien en forma de ejecuciones sumarias en zonas que llegó a ocupar, o bien con ataques indiscriminados a objetivos no militares, desde edificios residenciales a escuelas, hospitales y otras infraestructuras.

Unas prácticas que parecen copiadas de conflictos pasados lanzados por Moscú, pues se asemejan mucho a los crímenes que se cree cometió Rusia en las dos guerras de Chechenia (1994-2000), o incluso antes, durante la intervención de la Unión Soviética en Afganistán (1979-1989).

Las investigaciones de la ONU documentan por ahora al menos 441 asesinatos de civiles por parte del Ejército ruso en Ucrania (entre ellos 72 mujeres y 28 niños), tanto en lugares de detención improvisados como en los domicilios de las víctimas, frente a sus portales o en controles de seguridad sobre el terreno.

Un lugar, la calle Yablunska de Bucha, en las afueras de Kyiv, se ha convertido en amargo símbolo de las atrocidades rusas: allí, en marzo de 2022, según los informes de Naciones Unidas se asesinó a al menos a 54 hombres, 16 mujeres y tres niños, aunque éstos son los crímenes documentados y podrían haberse perpetrado muchos más.

Paralelamente, otro informe de la Misión Independiente de la ONU ha descrito terribles crímenes cometidos por los invasores rusos que van desde violencia sexual contra niños y ancianos a torturas a detenidos con métodos que incluyeron palizas, descargas eléctricas y desnudez forzada.

Con la guerra aún abierta y sin visos de que ésta acabe pronto, la ONU, organizaciones no gubernamentales e instituciones como el Consejo de Europa o la Corte Penal Internacional (CPI) trabajan contrarreloj para recoger testimonios de víctimas de estos crímenes de guerra, con la vista puesta en un hipotético juicio futuro.

Un juicio que por ahora no podría abrir el CPI, ya que ni Rusia ni Ucrania son firmantes del Estatuto de Roma que lo creó, mientras que la cada vez más reivindicada opción de crear un tribunal internacional especial choca con la dificultad de que el Gobierno ruso podría vetar su creación en el Consejo de Seguridad de la ONU.

"La rendición de cuentas es vital, y esperamos que nuestras conclusiones ayuden a que los perpetradores de las violaciones sean llevados ante la justicia, (...) que debe dictarse por un tribunal independiente e imparcial", subrayó a EFE la representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania, Matilda Bogner.