Ejecuciones sumarias en Mali: una historia interminable que acorrala a la población civil

“Estoy consternado por las acusaciones creíbles de que las fuerzas armadas de Malí, acompañadas por personal militar extranjero, ejecutaron sumariamente al menos a 25 personas en la aldea de Welingara, en la región central de Nara, el 26 de enero. También me alarman los informes de que unos 30 civiles murieron en ataques perpetrados por hombres armados aún no identificados contra otras dos aldeas –Ogota y Oimbe– en la región de Bandiagara durante el pasado fin de semana”.

De esta manera expresaba este jueves Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su consternación por las supuestas ejecuciones sumarias sucedidas en Mali a manos de las Fuerzas Armadas malienses (FAMA) y los elementos integrados en el grupo Wagner/Africa Corps. Türk instaba también en su comunicado a que las autoridades de Mali garantizasen “que sus tropas, así como sus agentes o aliados, respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Añade que “el 24 de septiembre de 2023, 14 pastores fueron presuntamente ejecutados en Ndoupa, en la región de Segou; y el 5 de octubre, otros 17 civiles fueron presuntamente ejecutados en la aldea de Ersane, en la región de Gao”.

Las denuncias por los abusos cometidos por el Ejército maliense contra civiles no son novedad, ni se limita a las fuerzas de seguridad nacionales. Ya en 2018, Amnistía Internacional denunció el aumento de crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas en conflicto (incluyendo los grupos yihadistas) en las regiones de Mopti y de Segú. Entonces, se denunciaba que el marco legal que ampara a los civiles antes los casos de abuso era insuficiente para garantizar su seguridad. Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional África Occidental y Central, afirmaba que “como parte de la revisión de los principales códigos de justicia de Malí, las autoridades malienses deben armonizar su marco jurídico con el derecho internacional y conceder a los tribunales civiles jurisdicción exclusiva sobre los crímenes previstos en el derecho internacional”. Han transcurrido tres gobiernos diferentes y seis años desde que se produjo esta denuncia, pero la situación de los civiles que habitan las zonas rojas no ha hecho sino empeorar.

Tampoco es esta la primera vez que Naciones Unidas señala el asesinato de civiles a manos de las fuerzas de seguridad malienses. La organización de Estados probó en diciembre de 2020 que las FAMA habían cometido crímenes de guerra en los meses anteriores, mientras que los yihadistas cometieron crímenes contra la humanidad. En el informe publicado se explicaba que los yihadistas cometieron “asesinatos, mutilaciones y otros tratos crueles, violaciones y otras formas de violencia sexual, toma de rehenes y ataques contra personal de organizaciones humanitarias y MINUSMA ”; las FAMA fueron acusadas de cometer “crímenes de guerra, incluidos actos de violencia contra la vida y las personas de civiles y personas fuera de combate sospechosas de estar afiliadas o cooperar con grupos armados extremistas”.

Igualmente, un informe publicado por la ONU en mayo de 2023 probó que mercenarios rusos y efectivos malienses habían participado durante cinco días en la matanza de civiles en la localidad de Moura, acabando con la vida de 500 personas (la mayoría mediante ejecuciones sumarias). Estas acusaciones han sido sistemáticamente rechazadas por la junta militar que gobierna el país y provocaron un aumento en las distancias ya existentes entre Mali y Naciones Unidas, distancias que concluyeron recientemente con el término de la misión de la ONU en el país (MINUSMA) con la consiguiente retirada de todos sus efectivos.

Los relatos sobre los crímenes cometidos contra la población civil por parte de las fuerzas gubernamentales y de los yihadistas son una constante en Mali. Este periodista pudo entrevistar en 2022 a un desplazado procedente de la región de Mopti y que explicó detalladamente cómo los yihadistas (desconocía el nombre del grupo agresor) seleccionaron y asesinaron a varios de sus vecinos, entre los que se incluiría su propio hermano, como castigo por resistirse al ataque que terminó por desbordar su aldea.

Los expertos de la ONU llevan recibiendo desde 2021 múltiples denuncias “creíbles” por agresiones, asesinatos y abusos sexuales perpetrados por las FAMA y sus aliados rusos, igual que las redes sociales bullen con denuncias e imágenes que muestran a individuos decapitados o desmembrados tras su ejecución. La mayoría de los ataques estarían centrados contra miembros de la etnia peul, a los que se acusa de asociarse al yihadismo, pero más recientemente se han cometido esta clase de ejecuciones contra individuos asociados al movimiento independentista de Azawad, en el norte del país.

Los vínculos entre los efectivos rusos y los abusos contra la población civil ya fueron previamente registrados por múltiples organizaciones y periodistas en República Centroafricana, Sudán y Libia. De la misma manera que se tiene constancia de crímenes de guerra cometidos por el ejército maliense en conflictos previos contra Azawad, y se conocen los métodos violentos utilizados por el Estado Islámico para dominar a la población civil de las localidades conquistadas.

Los propios malienses se ven divididos en esta cuestión. Algunos, como Moussa, un empleado de una oficina bancaria de Bamako, consideran que “en tiempos de guerra, no es siempre posible trasladar a los culpables a los tribunales. En el trayecto pueden ocurrir emboscadas con el objetivo de liberarlos. Esa es la razón por la que confiamos en nuestras fuerzas de seguridad para que hagan justicia”. Otros, especialmente aquellos más vinculados con las comunidades afectadas (peul y tuareg), denuncian sistemáticamente los abusos y exigen las garantías legales que permitan un juicio justo para aquellos acusados de colaborar con el yihadismo o con los movimientos independentistas que combaten contra las FAMA en el norte del país. Expresan igualmente las dificultades que estos crímenes imponen a la hora de buscar una reconciliación nacional que permita el correcto avance de la sociedad maliense, una vez concluya el conflicto. Cuantas más heridas se abran en el tejido social, más habrá que coser en el futuro.

Human Rights Watch también señaló en julio de 2023 que se tenía constancia de “atrocidades” cometidas por las FAMA y “aparentes combatientes Wagner”. Su informe añadía el testimonio de un joven de la aldea de Ouenkoro, que indicó que el 23 de marzo de 2023 “estaba en el mercado cuando comenzaron los disparos [y] vi tres helicópteros militares volando bajo, uno de ellos disparando. La gente huyó en todas direcciones…. Tomé mi moto y monté lo más rápido que pude. Vi a dos personas caer al suelo detrás de mí, disparadas desde los helicópteros”.

La vulnerabilidad de los civiles a manos de los grupos armados se repite en Burkina Faso, donde se acumulan las denuncias que señalan a las fuerzas de seguridad mixtadas entre el ejército regular y los Voluntarios de Defensa de la Patria. Sólo el 25 de enero, la organización Human Rights Watch denunció que 60 civiles habían sido asesinados a lo largo de tres ataques con drones ocurridos desde el mes de agosto (dos de ellos fueron contra mercados y un tercero contra la celebración de una boda). En sendos casos se conocía la presencia de efectivos yihadistas sobre el terreno, pero no se expresó ningún interés en salvaguardar las vidas de los civiles antes de iniciarse el bombardeo. El grupo yihadista Ansaroul Islam también ha sido blanco de las acusaciones que lo señalan como uno de los grupos más violentos contra los civiles de Burkina Faso.

La expulsión de la misión de Naciones Unidas en Mali, unida a la creciente colaboración de los gobiernos del Sahel con Rusia, han facilitado un aumento en los crímenes por parte de las fuerzas de seguridad. Una probabilidad que Moussa niega desde Bamako, cuando afirma que “desde que Francia fue expulsada de Mali, han hecho lo posible para desprestigiar a los socios de [el presidente] Goita mediante falsas acusaciones contra nuestros ellos y contra nuestros soldados”. No duda que ocurran ejecuciones sumarias en las zonas rojas, pero afirma que serán ejecuciones justas; y las que sean injustas, no cree que ocurran realmente.