Sunak promete comenzar los vuelos con inmigrantes ilegales a Ruanda en julio: "Nada ni nadie se interpondrá"

Cuando Rishi Sunak se mudó a Downing Street destacó por un enfoque más moderado y pragmático que sus predecesores. Sin embargo ahora asegura que “nada ni nadie se interpondrá” en su objetivo de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados al Reino Unido por rutas irregulares. Tras años de batallas legales y debates eternos en Westminster, la medida más polémica de la era post Brexit se convirtió ayer finalmente en ley ante la determinación de un primer ministro que ha radicalizado su política de inmigración, consciente de la importancia que tiene esta cuestión ante el electorado, en su intento de mantenerse en el poder ante los comicios previstos para este otoño, donde todos los sondeos predicen el fin de la era tory.

“Es una ley histórica y supone un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración”, destacó ayer el líder conservador, asegurando que el controvertido programa “disuadirá a los inmigrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos”, principalmente en el Canal de la Mancha, y “romperá el modelo de negocios de las bandas criminales que los explotan”.

Tras un debate que se alargó hasta la madrugada del martes por los continuos intentos -sin éxito- de la Cámara de los Lores para suavizar la medida, finalmente se consiguió completar el trámite parlamentario para mandárselo a Carlos III a fin de impregnar su rúbrica. El monarca no lo hará con especial ilusión, teniendo en cuenta las críticas que realizó en el ámbito privado hacia la normativa, según la prensa. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, también llegaron a describirlo como una práctica “que debería avergonzarnos como nación”.

¿Un país seguro?

Con la nueva ley, cualquier persona que “ingrese ilegalmente en el Reino Unido” después del 1 de enero de 2022 será enviada hasta Ruanda para que allí se procesen sus solicitudes de asilo. Si tienen éxito, se les podría conceder el estatus de refugiados y se les permitiría quedarse en el país africano. De lo contrario, podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro “tercer país seguro”. Lo que no podrán es solicitar su regreso al Reino Unido.

Los primeros irregulares viajarían, como pronto, al país africano para el mes de julio. Por lo tanto, Sunak no cumpliría con su promesa anterior de comenzar las deportaciones durante la primavera. El objetivo era conseguirlo antes de las elecciones locales del 2 de mayo, cuando está previsto que los tories cosechen una humillante derrota que podría derivar incluso en moción de confianza contra el primer ministro.

El Ejecutivo argumenta que el plan disuadirá a la gente a cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Pero las ONGs denuncian que es “inhumano” y adelantan que presentarán acciones legales.

Durante los últimos cuatro meses, el polémico proyecto de ley había estado atrapado en un proceso denominado ping-pong, saltando constantemente de los Comunes a los Lores y viceversa. Finalmente, la Cámara Alta, que no es electa, decidió tirar la toalla.

El controvertido programa migratorio fue inicialmente anunciado en abril de 2020 por el entonces premier Boris Johnson. Pero ningún avión ha conseguido despegar aún con destino a Ruanda por la intervención de la justicia. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo del Reino Unido siguió los pasos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos oponiéndose a la medida al considerarla ilegal.

El fallo advertía que los refugiados correrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían sufrir daños, asegurando que esto viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que el Reino Unido es signatario. Asimismo, también citó preocupaciones sobre el pobre historial de derechos humanos de Ruanda y su trato pasado a los refugiados. Los jueces dijeron que en 2021, el propio gobierno británico había criticado a Ruanda por “ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas”.

Dudas en el derecho internacional

Tras la sentencia, Sunak tuvo que cerrar un nuevo pacto con Kigali con modificaciones para asegurar que “las personas desplazadas al país africano no correrán el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas”. Aunque el nuevo plan también ordena a los tribunales hacer caso omiso de secciones clave de la Ley de Derechos Humanos y les obliga a ignorar otras leyes británicas o normas internacionales -como la Convención Internacional sobre Refugiados- que obstaculizan las deportaciones al país africano. Para el ala dura del Partido Conservador sigue sin ser suficiente y piden a Sunak sacar al Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Está previsto que la FDA, un sindicato que representa a altos funcionarios británicos, convoque a su comité ejecutivo el próximo lunes para una revisión judicial, denunciando que lo que se pide a los funcionarios es violar el derecho internacional.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, pidió ayer a Londres no seguir adelante con el polémico plan ya que, a su parecer, viola la independencia de la Justicia y diversos tratados internacionales firmados por Reino Unido.