Irán ahorca a dos hombres condenados por blasfemia en pleno repunte de las ejecuciones

Los nombres de Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli Zare se han añadido a la lista en la que figuran los del activista Habib Chaab y el presunto espía y burócrata Alireza Akbari. Son los últimos ciudadanos iraníes ejecutados por las autoridades de la República Islámica. En su caso, conducidos a la horca por delitos de blasfemia. Mehrad y Fazeli Zare habían sido condenados a seis años de cárcel por “dirigir grupos para actuar contra la seguridad nacional” y a pena de muerte por “insultar al Profeta del islam” y “quemar el Corán”, según la sentencia del tribunal penal de Arak emitida en 2021.

Las penas de muerte por este tipo de delitos son poco habituales en Irán, pero la judicatura persa ha endurecido su postura desde el estallido de las protestas tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que fue detenida por la Policía de la Moral por llevar mal colocado el velo. Solo en lo que va de año, las autoridades han ejecutado a al menos 209 personas, según el recuento del Iran Human Rights (IHR), un organismo con sede en Oslo. Irán es ya el segundo país en número de ejecuciones anuales después de China, recoge un informe de Amnistía Internacional.

Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli Zare han sido ahorcados en la mañana del lunes en la prisión de Arak, donde cumplían condena, informó Mizan, el portal de noticias del Poder Judicial iraní. Ambos pasaron meses sometidos a un estricto régimen de aislamiento y no se les permitió ponerse en contacto con sus familiares, denuncia la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés).

El caso contra Mehrad y Fazeli Zare comenzó hace tres años, cuando la judicatura puso en marcha una investigación para desmantelar una red de cuentas en internet que se dedicaba a difundir contenidos “obscenos” y promover el “ateísmo y la profanación de las santidades”, recoge Mizan. Los dos hombres dirigían un canal de Telegram contrario a la religión, de acuerdo con Human Rights Activists News Agency (HRANA), una asociación opositora iraní en defensa de los derechos humanos.

La Justicia persa les acusa de estar detrás de decenas de canales y cuentas en redes sociales en los que criticaban el islam. La acusación recoge, además, que en el teléfono de Mehrdad se encontró un vídeo compartido en el que se quemaba un Corán. Con esta versión en la mano, el Tribunal Supremo rechazó su apelación y ratificó la pena de muerte, aduciendo que los acusados habían “confesado claramente sus crímenes”. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que los tribunales iraníes no suelen celebrar juicios con garantías y utilizan “confesiones” obtenidas bajo tortura como pruebas falsas.

El director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, definió las ejecuciones como un “acto cruel de un régimen medieval” y apuntó que estas debían suponer “un punto de inflexión en las relaciones entre la República Islámica y los países que respetan la libertad de expresión”. “La falta de una reacción enérgica por parte de la comunidad internacional envía luz verde a la República Islámica y a sus aliados ideológicos en todo el mundo”, añadió en un comunicado el neurocientífico irano-noruego.

El número de ejecuciones en Irán aumentó un 75%, hasta alcanzar la cifra de 582, el año pasado, recoge el Iran Human Rights. El repunte responde a la estrategia del régimen de sembrar el miedo entre los manifestantes que se unieron a las movilizaciones multitudinarias tras la muerte de Amini. Al menos cuatro personas que participaron en las protestas, del total de 19.000 que fueron detenidas, han sido finalmente condenadas a muerte.